30 años del «caso Alcàsser»: un crimen con flecos sin resolver

Es, probablemente, el suceso más conocido de la historia negra de nuestro país por muchos motivos. Su errática investigación, las dudas sobre las autopsias de las chicas y el hecho de que hace cuatro años todavía encontraran en el terreno donde aparecieron restos de falange de una de las niñas alimenta aún más las teorías de la conspiración que surgieron en torno al mediático suceso y a Antonio Anglés, su presunto responsable junto a Miguel Ricart, único condenado.

Fue el 27 de enero de 1993 cuando un apicultor se dio cuenta de que una mano sobresalía del suelo y corrió alarmado a avisar a la Guardia Civil. Allí, en un remoto paraje cerca de una casa abandonada, estaban enterradas las tres niñas que llevaban buscando desde que desaparecieron en el mes de noviembre cuando hicieron autostop para ir a una discoteca.

Todavía hoy, 30 años después del hallazgo, un juzgado de Valencia sigue con la investigación continúa y mantiene abiertas varias vías de análisis que buscan constatar que Antonio Anglés participó en los hechos pero que podrían dar lugar a nuevas revelaciones.

Según explica Efe, los jueces de la Audiencia Provincial de Valencia (en una sentencia que fue ratificada luego por el Tribunal Supremo) consideraron probado que las tres niñas de entre 14 y 15 años fueron raptadas el 13 de noviembre de 1992 por Miguel Ricart –único condenado–, otro varón identificado que no fue detenido (Anglés) y «posiblemente alguna otra persona más».

La instrucción judicial de este crimen, de la que es responsable el Juzgado número 6 de Alzira, está completamente agotada, aunque queda abierta una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés, uno de los prófugos más perseguidos de toda Europa.

En el marco de esa pieza, en los últimos meses la Asociación Laxshmi (personada en la causa desde principios de 2021), que ejerce la acusación popular, ha solicitado al instructor varias pruebas periciales que fundamentalmente persiguen apuntalar la acusación contra Anglés mediante la búsqueda de restos suyos en los escenarios del crimen o en las prendas de las víctimas.

Según recuerda el criminólogo Félix Ríos, fundador de Laxhsmi, en abril de 2021 se solicitó el examen de los vehículos de Ricart y Anglés, una petición a la que el juzgado accedió seis meses después y que resultó infructuosa porque la continuada exposición al sol de los posibles restos de ADN hacían inviable su análisis.

Sin embargo, de esta pericial queda pendiente el análisis de unos fragmentos de pelo y de unos recortes de tapicería –en los que podría haber restos de sangre– que fueron extraídos de una zona en la que, según el testimonio de Ricart, sangró una de las chicas al ser golpeada por Anglés.

En junio de 2021 esta misma asociación solicitó nuevos análisis de ADN de varias prendas de vestir de las niñas, a las que el juzgado accedió en octubre, junto con las anteriores (los coches de los procesados), que están pendientes. En noviembre de ese año se presentó un detallado informe sobre cómo pudo desarrollarse la huida de Anglés y se solicitó al juzgado que reclamase la ayuda del Reino Unido e Irlanda para que permitiesen el acceso de determinadas bases de datos de restos humanos por identificar.

En este sentido, Ríos explica que «hay algunas de estas bases de datos que no están compartidas, como sucedió con los cráneos hallados en las costas irlandesas, cuyo análisis se pidió ex profeso» pues los restos no pertenecían a Anglés.

Comisión rogatoria a Irlanda

En el marco de este nuevo informe, se pidió que se remitiese una comisión rogatoria a las autoridades irlandesas para que localizasen la documentación incautada por la tripulación del carguero City of Plymouth –supuestamente Antonio Anglés embarcó en él el 18 de marzo de 1993 desde Lisboa con destino de Dublín- y que posiblemente sea la de un toxicómano que pudo acoger en la capital de Portugal.

En marzo de 2022 la asociación Laxshmi solicitó que se identificase con técnicas modernas de ADN los cráneos de las tres víctimas, que fueron analizados en su momento con técnicas antropométricas y por efectos personales. Los cráneos se conservan en el Instituto Nacional de Toxicología y para su correcto análisis se deberían comparar las muestras con los perfiles genéticos de sus padres.

Además, en mayo de 2022 –el juzgado lo acordó en julio– se solicitó el análisis de la moqueta con la que se envolvieron los cuerpos de las niñas, entre otros efectos como un colchón y fibras de ropa, así como un papel mojado que fue hallado en la fosa.