Autoescuelas: El 50% en la ruina y al borde del cierre

La huelga de examinadores, que se prolonga desde el 2 de junio, provoca esperas de hasta tres meses para el examen práctico de conducir. Más de 120.000 alumnos se han quedado sin examinar y sólo en junio y julio la DGT dio 34.000 permisos menos.

Claudio Barba, el dueño de la autoescuela Iberia, en Alcorcón (Madrid), recibió hace unos días un mensaje por WhatsApp de un amigo que también es propietario de una autoescuela. No podía ser más desesperanzador: «Después de lo que me ha pasado hoy, he decidido cerrar. No soporto más esta presión y, sobre todo, las deudas». El amigo de Claudio había ido esa mañana a las pistas de examen que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene en Móstoles (Madrid). Había huelga de examinadores y, cuando esto ocurre, todos los profesores que acuden con sus alumnos a las
08:00 de la mañana saben que puede que se vuelvan a casa igual sin hacer la prueba de circulación. Sólo se examina un número muy reducido de aspirantes a conductores. ¿Quiénes? Se decide por sorteo. El amigo de Claudio había entrado en esta ruleta de la suerte en varias ocasiones y no había encontrado la fortuna en los tres últimos intentos de aligerar la lista de alumnos que aguardaban fecha de exámenes y que acudían con la esperanza de obtener el «apto» para circular.

Tiene el rictus serio y baja la cabeza cuando comenta el caso de su amigo y piensa en la situación que viven las cerca de 60.000 personas que, directa o indirectamente, tienen ingresos del sector de la formación de las autoescuelas, él entre ellos. Su padre abrió la autoescuela en la calle Mayor del municipio madrileño hace ahora cincuenta años y «nunca antes habíamos vivido una situación tan crítica como ésta a cuenta de la huelga de examinadores, que lleva ya desde el 2 de junio pasado y que nos ha puesto a todos al borde del precipicio. Tan límite es la situación que, ahora mismo, el 50 por ciento de las autoescuelas corre el peligro de cierre o de despidos de profesores, secretarias...», dice como si fuera ya un hecho inevitable. La situación se ve clara con los datos sobre la mesa: «En 2013, acudía una vez cada ocho días con mis alumnos a las pistas de examen; ahora, una vez al mes y, como mucho, dos. Tengo un tapón de cien personas aguardando a hacer la prueba y, claro, si no hay exámenes, la gente no contrata clases prácticas, los profesores están parados, no fluye la economía y... la empresa muere. De hecho, la matrícula en mi autoescuela ha bajado un 40 por ciento». Claudio admite abiertamente que es el peor momento que ha vivido desde que está al frente de su empresa: «He tenido que aplazar recibos de IVA, ha habido meses de angustia porque no sabía cómo hacer frente a las letras del préstamo que había pedido al banco y hay profesores a los que no he podido abonar la nómina mensual porque no había dinero. La situación es preocupante porque nosotros apoyamos a los examinadores, pero no pueden dilapidarnos como empresas. Su pelea se está llevando a mucha gente por delante», dice con preocupación.

El atasco de aspirantes a conductores que ha generado la huelga ha provocado una «fuga» de alumnos de las grandes capitales a otras ciudades con el mismo problema, aunque algo más descongestionadas. Así, las autoescuelas madrileñas han constatado que hay personas que acuden a Guadalajara, Toledo o Segovia a examinarse con la esperanza de poder conseguir el carné antes de los tres meses de espera en Madrid.

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, cree que este problema, además, puede afectar seriamente a la seguridad vial. «Lo primero que la gente pregunta cuando viene a apuntarse a las clases prácticas es: ‘‘¿Cuándo podré examinarme?’’ Nosotros no podemos asegurarles nada, así que toman unas cuantas clases, dejan de venir durante dos o tres meses a la espera de fecha concreta para la prueba y, sólo unos días antes, dan dos o tres. Pero esto no es suficiente, así que... suspenden. Se obtienen peores resultados y al alumno le cuesta más dinero. De hecho, calculamos que en torno a 120.000 personas en toda España han abandonado la formación». Según sus cálculos, «desde que empezó el conflicto, se han quedado sin examinar 125.000 alumnos, que se convertirán en 145.000 al término de septiembre y, si la huelga dura todo octubre, habría que añadir a la lista de espera otros 70.000 aspirantes a conductores».

Para estas empresas la temporada alta abarca de junio a septiembre. Coincide con el fin de las clases para los estudiantes y cuando arranca el nuevo curso, pero «una huelga de examinadores justo coincidiendo con ese momento nos ha machacado porque las autoescuelas son microempresas que tampoco pueden afrontar la falta de ingresos durante un largo periodo de tiempo». Para Báez, «la pasividad de la Administración está condenando a decenas de miles de ciudadanos a no sacarse el permiso de conducir cuando lo tenían previsto».

La huelga dura ya tres meses (sin contar agosto, que es inhábil). Empezó el pasado 2 de junio con un paro que tuvo un seguimiento de más del 90 por ciento en toda España. A partir del 19 de ese mes los paros se han repetido todos los lunes, martes y miércoles. Hasta ahora ha habido 29 jornadas de huelga con seguimientos de alrededor del 75 por ciento, según los cálculos de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra). La protesta ha sido la «puntilla» a una situación por la que atraviesa una sector, compuesto por 9.000 centros en toda España, duramente castigado por la crisis económica y que también se resiente de la bajada de la natalidad. Los permisos expedidos han bajado a la mitad desde 2008. Si entonces se concedían algo más de un millón al año, ahora la cifra ha experimentado un bajón del 48 por ciento y no llegan a los 500.000 anuales.

Los datos provisionales de la DGT, recogidos en un estudio sobre autoescuelas de Pons Seguridad Vial, constatan cómo en los meses de más actividad de las autoescuelas (junio y julio) se han dejado de expedir más de 34.000 permisos, respecto a 2016 «con unas caídas desorbitadas si comparamos con los mismos meses del pasado año, que rompen la tendencia que llevábamos de enero a mayo», expone el informe.

La huelga «feroz» de los examinadores se debe «a los incumplimientos y engaños del acuerdo de desconvocatoria de octubre de 2015 y, fundamentalmente, a la subida del complemento específico pactada en aquel momento, que ya venía de un incumplimiento anterior de 2007. Se trata de un complemento que retribuye las especiales condiciones del puesto de examinador: alta responsabilidad dentro del marco de la seguridad vial, riesgo de accidentes, de agresiones, especial dificultad técnica y penosidad», explica el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez. En su opinión, la negociación está atascada con la Administracion porque «la DGT no asume el compromiso de 2015, a pesar de que el director general de Tráfico en sede parlamentaria el pasado 10 de mayo expresó su conformidad con el citado acuerdo, dijo que era justa y necesaria esa subida y que no había problema presupuestario». Jiménez culpa a la DGT de que «miles de ciudadanos estén sin exámenes, de que haya empresas que cierran y de que un organismo de tráfico que no dé servicio a los ciudadanos que han pagado las tasas por adelantado».

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, cree que la reivindicación de los examinadores «es justa», pero tacha de «desproporcionada» la forma de plantearla. En su última intervención en el Congreso, en julio pasado, rebajó a 65.000 las pruebas que se habían dejado de hacer por la protesta que parece no tener fin. Y explicó que la subida directa que reclaman «no es posible» porque el Gobierno es partidario de aumentar el número de funcionarios antes que subir el sueldo a un solo colectivo. De hecho, anunció que en septiembre de 2018 habrá 998 examinadores frente a los 774 actuales. En ese grupo entrarán militares de más de 45 años reciclados como examinadores. La convocatoria ya ha salido publicada en el BOE... pero la huelga sigue.