La calumnia como estrategia contra la sanidad privada

«Calumnia audazmente, algo siempre quedará», decía el filósofo Francis Bacon1. Adaptada esta sentencia a los tiempos actuales, se podría traducir también como «fabrica fake news, no importa lo descabelladas que sean». Esta máxima es la que parece haber adoptado Mónica García para atacar a la sanidad privada desde el Ministerio de Sanidad. Dado que no ostenta ninguna competencia en gestión sanitaria, todo apunta a que su estrategia contra las empresas que legítimamente prestan servicios sanitarios bajo titularidad privada será la difamación, para crear un clima propicio a sus intenciones.

Los que dirigimos entidades de asistencia y hospitalización privada no somos ingenuos. No pensábamos encontrar una aliada en García, tras haber hecho de la confrontación con la gestión sanitaria privada un caballo de batalla en su etapa en la oposición de la Comunidad de Madrid. Pero no esperábamos que sólo dos meses después de su llegada al Ministerio nos sorprendiera con afirmaciones dañinas y falsas, como las que profirió el pasado 26 de enero, en su comparecencia de líneas generales en la Comisión de Sanidad del Congreso de los diputados.

«Sabemos por numerosa evidencia científica que la privatización sanitaria está vinculada con un aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria», llegó a asegurar la ministra. Por supuesto, lo afirmó sin citar ni uno solo de esos supuestos estudios científicos. Si hubiera ido a las fuentes, quizá habría quedado en evidencia que no se refería a estudios realizados en España y que expertos en economía de la salud han advertido de que no son extrapolables a nuestro país.

En su lugar, García prefirió usar una vieja táctica para generar alarma: confundir «privatización», entendida como gestión privada de servicios que son universales y públicos, con recorte de derechos. Ella sabe que la sanidad, universal y gratuita, está garantizada en España. Y que, desde la Asociación que presido y desde la sanidad privada en general, se apoya y comparte este modelo. Pese a ello, la ministra hace entender que «privatizar» quiere decir que los ciudadanos no tengan acceso a ciertos servicios sanitarios, que se introduzcan fórmulas de pago por asistencia o se escatimen prestaciones.

La realidad es que ninguna comunidad autónoma –las administraciones que ejercen las competencias sanitarias– ha recortado derechos de este modo y, sin embargo, todas ellas, con gobiernos de todos los colores políticos, mantienen diversos tipos de acuerdo con la sanidad privada. Acuerdos que, por cierto, también se han dado en Ceuta y Melilla, los únicos territorios cuya gestión depende aún directamente del Ministerio de Sanidad. Porque los ciudadanos en España tienen acceso una asistencia sanitaria universal y de calidad que, en muchas ocasiones, es prestada en un centro de gestión privada.

Por tanto, la ministra confundió de manera intencionada para, a renglón seguido, adelantar una modificación legal con la que, todo indica, pretende cometer una intromisión en las legítimas competencias autonómicas.

Parece que la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud que ha anunciado no será más que otro intento de continuar lo empezado en 2022, con el intento de modificación del artículo 47 de la Ley General de Sanidad 14/1986 para establecer que únicamente entidades del sector público puedan llevar a cabo la gestión de los recursos asistenciales del SNS. Como dijimos entonces desde la ACHPM, la aplicación de una modificación legal de este tipo llevaría primero al caos y después, al colapso de la asistencia sanitaria.

En el caso de la Comunidad de Madrid, nuestro ámbito de actuación, con casi siete millones de ciudadanos, extirpar los recursos de la sanidad privada supondría restar al total 70.000 profesionales, 49 centros con 6.800 camas, 250 quirófanos y una parte sustancial y puntera de la tecnología sanitaria. Unos recursos de la sanidad privada madrileña que asumen el 31% de los ingresos y de las altas realizadas, el 27% de las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas del conjunto de las realizadas en la Comunidad de Madrid. Más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos.

La sra. García muestra un sectarismo tal que parece ignorar esta situación. Y, no contenta con sembrar confusión, también aseguró en su intervención en el Congreso que «la sanidad pública es una de las principales preocupaciones de la sociedad española», obviando que, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no es la «sanidad pública», sino la «sanidad», sin apellidos, la que preocupa mes a mes a los españoles.

A los ciudadanos, en definitiva, les inquieta conseguir cita con su médico de Atención Primaria, su profesional de enfermería o en la consulta de un especialista, por poder acceder a tratamientos innovadores cuando los necesitan, o a una cirugía con una lista de espera razonable. La preocupación por determinar si la persona al otro lado del mostrador es o no funcionario está bastante más atrás para la mayoría.

La privada ha sido siempre leal al Sistema Nacional de Salud. Lo demostramos durante la pandemia de Covid-19, cuando pusimos nuestros recursos a disposición de la emergencia sanitaria. Podríamos incidir en problemas sistémicos de la sanidad pública, o en algunas de las situaciones recientes que más han alarmado a la población, y que se han dado en entornos de gestión pública, como lo ocurrido en la UCI pediátrica del Hospital La Paz.

Pero, a diferencia de la sra. García, no pensamos seguir esa estrategia de confrontación y difamación. Sabemos que la sanidad pública, como la privada, cuenta con magníficos profesionales y con una vocación de servicio a la población que compartimos plenamente. Sabemos que nuestros profesionales están abiertos a la colaboración, como lo están los pacientes.

Por tanto, sólo nos queda reiterar, una vez más, que la colaboración público-privada es fundamental en todos los ámbitos de actividad de una sociedad desarrollada. En el caso de la sanidad, en el que, a menudo, la ayuda de la privada sirve para llegar donde la pública no puede y garantizar así el derecho de todos, esta colaboración ha sido y es indispensable. Tendemos la mano, una vez más, para continuar por este camino en beneficio de todos.

Isidro Díaz de Bustamante es presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid