En 2024 hubo en España un total de 26.345 denuncias de personas desaparecidas, tras registrarse un nuevo incremento anual en el número de casos, según informó ayer la asociación SOS Desaparecidos. Aunque la mayoría se resolvieron durante las primeras horas, las fuerzas y cuerpos de seguridad abrieron diligencias sobre 16.147 casos, y 325 de ellos terminaron con el resultado de fallecimiento, informa Efe. Además, en lo que llevamos de 2025 se investiga la desaparición de 6.638 personas.

Para afrontar esta problemática, la asociación SOS Desaparecidos ha propuesto al Gobierno la creación de una fiscalía especializada, encargada de mejorar la resolución de estos casos y que a la vez proporcione un mejor apoyo a las víctimas y sus familias. El presidente de la asociación, Joaquín Amills, ha enviado tres cartas explicando su propuesta a los ministerios de Justicia e Interior y a la Fiscalía General, según ha explicado en rueda de prensa.

«Es algo necesario, algo que hemos comentado muchísimas veces, pero desgraciadamente lo que tendría que ser el cauce, que es el Centro Nacional de Desaparecidos, es un cajón sin fondo. De todas las propuestas que estamos haciendo, ninguna se desarrolla», lamentó Amills en declaraciones a la agencia Ep.

Los representantes de esta asociación explicaron que una fiscalía especializada contribuiría a evitar los errores que se dan en los casos de desapariciones, que no solo comete la ciudadanía por desinformación, sino que también siguen ocurriendo en comisarías, fiscalías y juzgados. Así, no es necesario esperar 48 horas para denunciar una desaparición ni pueden hacerlo únicamente los familiares directos, como algunos ejemplos de errores habituales.

«A nivel de la praxis operativa policial y judicial se anda bastante perdido en el tratamiento de las desapariciones», señaló el coordinador jurídico de SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina.

Los expertos explicaron que este problema es transversal e interdisciplinar, ya que cada caso es diferente y abarca multitud de situaciones, como huidas voluntarias, por deudas o pagos de pensiones alimentarias, hasta fugas de menores acompañados, crímenes o accidentes, entre otros. Todo ello requiere que se coordinen distintos departamentos de diferentes instituciones, hecho que consideran que mejoraría con una fiscalía especializada.

SOS Desaparecidos opina que es urgente abordar este problema, que juzga tan complejo como otros asuntos sociales que ya disponen de fiscalías especiales, como ocurre con las de violencia de género, medio ambiente, seguridad vial o anticorrupción.

La fiscalía especializada sería asimismo útil para proporcionar a las familias un punto de contacto constante y especializado, y permitiría que recibieran apoyo y orientación durante la investigación y el proceso judicial. «Esto no sólo ayudaría a mejorar la comunicación con las familias, sino que también garantizaría que sus derechos sean respetados y que reciban la asistencia adecuada», aseveró Amills.