Dos de los aviones de Aduanas, a subasta por 600.000 euros

La Agencia Tributaria va a vender dos de los seis aviones de la flota de Vigilancia Aduanera, que llevaban cuatro años sin operar ningún vuelo. Según publicó el BOE el pasado 15 de abril, los dos aviones Casa C-212 (fabricados en 1981 y 1983) saldran a subasta por 626.000 y 659.000 euros, respectivamente, en primera convocatoria. Precio que en segunda convocatoria caerán a 532.000 y 560.000 euros, respectivamente. El plazo para la presentación de las ofertas finalizará el 15 de junio.

Estos dos aviones forman parte del servicio de Vigilancia Aduanera externalizado por el Gobierno socialista a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Airbus Military e Inaer, y que tal y como adelantó LA RAZÓN volverán a ser gestionados por la Administración pública, en principio, a partir del próximo 12 de julio. Esta decisión forma parte del plan de reforma de las Administraciones públicas aprobado por el Gobierno para reducir gastos innecesarios de gestión y para eliminar entidades, en muchos casos duplicadas.

La flota tendrá base en Alcantarilla (Murcia) y en Málaga y dispondrá de cuatro aviones, de los que sólo tres están operativos porque el cuarto está siendo utilizado para recambios. De esta manera, el Servicio de Vigilancia aduanera ha visto reducida su flota a la mitad en los últimos años y deberán operar de noche sin cámaras térmicas, debido a que al finalizar el contrato con la UTE, Airbus Military las retirará de los aviones. El Ejército del Aire y Aduanas ya trabajan en el nuevo traspaso de competencias.

El Ejército será el encargado de operar los vuelos e Inaer será el responsable del mantenimiento de las aeronaves. Una delegación de oficiales visitó el pasado miércoles una visita de evaluación e inspección a los aviones de Aduanas en la base de Airbus-Inaer en Alicante, y posteriormente, junto a personal de Aduanas se desplazaron a la base de Alcantarilla (Murcia).

Para buscar explicaciones a la situación de los aviones de la Agencia Tributaria hay que remontarse al verano de 2010, en el que el ejecutivo de Rodríguez Zapatero externalizó la gestión del servicio por falta de medios, lo que generó numerosas críticas contra la decisión. El acuerdo incluía la obligatoriedad de instalar una cámara térmica fija y otra móvil para poder operar de noche. Esta era la principal motivación. El director general de Aduanas de la Agencia Tributaria, Nicolás Bonilla, indicó en una entrevista a LA RAZÓN que el servicio de vigilancia era deficiente porque «los aviones no disponían de cámaras de vigilancia nocturna, lo que dificulta la persecución de las bandas organizadas». Según Bonilla, el espíritu del acuerdo firmado con Inaer y Airbus para privatizar el servicio «era conseguir una mayor operatividad.

El Ejército del Aire tenía un problema para volar de noche y nosotros lo necesitábamos». Antes, las labores de vigilancia quedaban limitadas a las horas de salida del sol porque «no teníamos cámaras térmicas». El traspaso fue tan atropellado, que Aduanas se vio obligada a suspender el servicio durante días por la falta de previsión y el consumo de horas de vuelo.

Sin embargo, cuatro años después, las camáras térmicas no han podido ser utilizadas debido a que los aviones no estaban equipados con la tecnología necesaria. Además, debido al mal estado de los aviones, los 5,5 millones del contrato tuvieron que utilizarse casi en su totalidad en reparaciones, por lo que se tuvo que reducir la operatividad, que nunca llegó a los límites establecidos en el contrado. Durante este periodo, las tareas de estos aviones han sido suplidas por la flota de helicópteros, diseñados para operaciones más cercanas a la costa y que se han visto obligados a realizar un gran número de intervenciones más allá de los límites establecidos para estas aeronaves, con un coste de hora de vuelo bastante superior y con un desgaste de las máquinas también superior al de los aviones.