El "capo"de los ataúdes

Ignacio Morchón, en prisión desde ayer, creó un emporio de crematorios en Valladolid donde daba el «cambiazo» de féretros antes de quemarlos. La Policía estudia cómo hacer frente a las denuncias en masa: hay miles de afectados desde 1995.

«Desde los años 60 en Valladolid sólo operaban los crematorios de La Soledad o del Grupo Castellana y mucho más este último, por lo que es muy probable que todos los fallecidos que se me ocurran desde hace 20 años hayan sido incinerados allí». La reflexión es de un vallisoletano y ayuda a hacernos una idea de la cantidad de afectados («varios miles») que se estima pueden haber sido víctimas de la estafa masiva y continuada capitaneada por los propietarios de la empresa familiar creada en 1985 por Ignacio Morchón Alonso y María Rosario Vaquero. Él ocupa los cargos de director general, comercial y financiero. Ella, administradora única. Ambos fueron detenidos junto a su hijo, Ignacio Morchón Vaquero y otras 12 personas, todos trabajadores del tanatorio El Salvador. La Policía tiene pruebas para afirmar que llevaban 20 años estafando a sus clientes. Cambiaban los ataúdes elegidos por la familia por otros de menor valor antes de incinerarlos. Así, un mismo féretro podía ser reutilizado por varios fallecidos aunque seguían cobrándolo como uno nuevo. El negocio parece redondo. También revendían coronas de flores que no pasaban por el fuego. Ahora les imputan estafa continuada y pertenencia a organización criminal porque creen que las tareas de cada uno estaban bien definidas. También pueden atribuirles mala praxis en la manipulación de cadáveres. El Juzgado de Instrucción nº6 de Valladolid decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el dueño, Ignacio Morchón Alonso, y prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros para su hijo, Ignacio Morchón Vaquero. Los otros 13 detenidos quedan en libertad provisional.

La investigación comenzó por la denuncia de un ex empleado. En 2017 extorsionó a la empresa con no revelar ciertas prácticas a cambio de una cuantía económica tras su jubilación. Según explicó en un comunicado la funeraria El Salvador, fue la propia empresa quien denunció al empleado, por lo que se incoaron unas diligencias previas que terminaron en juicio. El trabajador acabó siendo condenado a un año de prisión por extorsión. En esa sentencia, según la funeraria, «no determina que exista actuación irregular alguna por parte de la empresa». Además, destacan que «todos los crematorios del Grupo cuentan con salas desde las que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en al zona de cremación». Sin embargo, una pieza separada de este caso ha dado lugar, bajo la tutela de la titular del Juzgado número 6, a unas pesquisas policiales que han determinado otra cosa.

La operación, desarrollada por varios grupos de la Jefatura Superior de Policía de Valladolid y la Agencia Tributaria, ha permitido, de momento, la incautación de casi un millón de euros en efectivo (961.785 euros) en una de las viviendas familiares –se practicaron siete registros, cuatro de ellos en domicilios– y «8 metros cúbicos de documentación», según fuentes de la investigación. Toda ésta, junto a la información procedente de los ocho ordenadores incautados a la empresa, tendrá que ser ahora analizada con lupa por parte de los agentes. «Lo tenían todo perfectamente clasificado e inventariado», aseguran fuentes de la investigación, lo cual facilitará la ingente tarea que tienen por delante. En Valladolid se habla ahora del alto tren de vida de esta familia. «Se veía que manejaban mucho dinero pero es normal: en relativamente poco tiempo abrieron muchísimos tanatorios por una ley que les favoreció. No todas las empresas tuvieron esa fuerza», explica una fuente cercana a la familia. «Era muy habitual que les hicieran publirreportajes en periódicos locales, la publicidad era muy grande y ahora mira, casi se ha vuelto en su contra».

Aunque los investigadores deben tener alguna prueba para afirmar que esta práctica se llevó a cabo desde 1995, no se descarta que empezara a practicarse con anterioridad, por lo que la estafa ascendería a millones de euros. En la rueda de prensa ofrecida el viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, destacó que esta estafa «toca la fibra sensible de los ciudadanos porque se produce cuando las personas están dando el último adiós a sus seres queridos». Ahora estudian, junto con la jueza que instruye el caso, un mecanismo para poder dar abasto a la oleada de denuncias que se esperan. Barajan la creación de una «hoja prototipo» en la que sólo tengan que rellenar nombres y fechas para facilitar la gestión al afectado o que directamente lo tramiten en el juzgado. En la fase de explotación de la operación Itnis participaron 76 funcionarios, entre ellos los agentes de la Unidad de Delitos Económicos pero también de Homicidios de Policía Nacional y de la Agencia Tributaria. Los hechos se circunscriben en Valladolid capital y Santovenia de Pisuerga.