El Gobierno recuperará la gestión de la vigilancia aérea de fronteras

El servicio fue externalizado hace tres años, pero no se han solucionado los problemas. Los aviones siguen sin volar de noche y tienen problemas que afectan a la seguridad del servicio

El servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Tributaria), cuyo principal objetivo es luchar contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando, sigue siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidió externalizar la gestión a una UTE (Unión Temporal de Empresas), formada por Airbus Military e Inaer, que durante dos años se encargarían del mantenimiento de las aeronaves, de la operatividad del vuelo y de la instalación de cámaras de visión nocturna para que se pudieran realizar labores de noche, franja horaria utilizada por las mafias para no ser detectadas. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de polémica. Durante meses, las labores de vigilancia sólo se pudieron realizar con uno de los seis aviones del servicio de Vigilancia Aduanera. El motivo de la externalización fue económico, según declaró el director general de aduanas, Nicolás Bonilla, en una entrevista concedida a este diario. Pero tres años después siguen sin cumplirse los puntos más importantes del acuerdo. El contrato se ha prorrogado porque a pesar de haber expirado, ninguna empresa se ha presentado a ninguno de los dos concursos convocados este año.

Según un informe del servicio remitido al Gobierno de la Región de Murcia (donde está la base de los aviones), al Ministerio de Hacienda y al Gobierno, los cuatro aviones que permanecen operativos siguen teniendo problemas para operar. Por un lado, la falta de repuestos está «causando una dilatación importante de los tiempos requeridos para el mantenimiento y reparación de los mismos», lo que afecta a la disponibilidad de los aviones que, en ocasiones, «es nula». Otro de las aspectos que preocupa es la operatividad nocturna. La UTE ha instalado cámaras térmicas, cuyo coste puede rondar el medio millón de euros, pero no se pueden utilizar porque los aparatos no disponen de equipos de navegación digitales. Esto ha provocado que de las 3.000 de hora de vuelo contratadas, apenas se hayan realizado 50 en estos tres años.

El documento concluye que, debido a los problemas que sufren las aeronaves, con más de 30 años, es necesario relevarlos «de forma perentoria e inaplazable por otras de nueva generación» y que mientras esto se produce, es necesaria «una mejora sustancial de la gestión técnica y de mantenimiento» porque «la seguridad de las aeronaves y sus tripulaciones se encuentra seriamente comprometida». El resultado de la externalización, añade, ha provocado que, «por abandono», la Agencia Tributaria «ha perdido dos de los seis aviones de los que disponía, ha pasado de tener tres bases y tres aviones operativos permanentemente a dos bases y un avión disponible».

Ante esta situación, el Ejecutivo ha decidido recuperar la gestión del servicio y devolversela al Ejército del Aire, responsable de los aviones y de la operatividad hasta 2010. Así lo recoge en su informe la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), que recomienda que «la situación más eficiente que cabría promover a nivel nacional sería aquella en la que los medios aéreos y de vigilancia marítima del Estado tuvieran en su mayoría como operadores al Ejército del Aire y la Armada, quienes realizarían cada misión bajo control operativo del organismo estatal que dirija la operación». Esta decisión, «redundaría en beneficio para el Ejército del Aire y para la Armada, pues permitiría mantener un alto nivel de adiestramiento de las tripulaciones mediante la ejecución de misiones variadas en apoyo a otros organismos». Para ello, «deberá diferenciarse entre aquellos supuestos en los que la operación y el mantenimiento de los medios aéreos y marítimos esté completamente externalizada de aquellos otros en los que los departamentos correspondientes dispongan de medios personales propios que ya hayan sido formados para este objetivo (como ocurre en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el Servicio de Vigilancia Aduanera)».

La CORA aboga por fomentar las sinergias y el ahorro, por lo que «deberá avanzarse hacia una estandarización y homogeneización de los medios aéreos marítimos que deban adquirirse en el futuro en sustitución de los actualmente operativos». Estas adquisiciones tendrán que «beneficiar simultaneamente a múltiples órganos estatales», como los aviones tripulados de forma remota.

La polémica privatización del servicio

La externalización del servicio se acordó en agosto de 2010 y la UTE debería comenzar a operar el 1 de octubre, fecha que tuvo que dilatarse debido a la mala situación en la que se encontraban los aviones y que provocó un retraso de seis meses. El Ministerio de Hacienda adjudicó el servicio por tres millones de euros, con un coste de 2.120 euros por hora de vuelo. Esta cantidad duplicaba los 1.095,25 euros del coste del Ejército del Aire. Esta externalización había sido rechazada por la abogacía del Estado, que argumentaba que la confidencialidad y seguridad hacían necesarias que la vigilancia estuviera controlada por la Administración de Estado.