Accidente de tren en Santiago
El interventor del Estado también se acoge al derecho a no declarar en el «caso Alvia»
El interventor general del Estado José Carlos Alcalde se ha acogido a su derecho a no declarar ante el instructor de la causa judicial abierta tras el accidente de tren del 24 de julio de 2013, al igual que hicieron once miembros de la cúpula de Adif en 2011 que, como él, fueron imputados en el caso.
Alcalde llegó a las 09:19 horas de hoy, junto a sus abogados, al edificio judicial de Fontiñas, en Compostela, tras ser convocado para las diez de esta mañana. No ha querido hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida.
El magistrado Luis Aláez había citado para este lunes a Alcalde, que formaba parte del consejo de administración de Adif en 2011, cuando entró en funcionamiento la línea entre Santiago y Ourense, donde se produjo el descarrilamiento del Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol.
La pretensión de Aláez era tomar declaración a Alcalde antes de ocupar su nueva plaza como titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, algo que ocurrirá el próximo viernes día 20, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
En un auto reciente, el magistrado explicó que debido a un error no figuraba el nombre de Alcalde junto al de otros once excargos de la compañía pública Adif en esa época, que ya han sido citados y se han acogido igualmente a su derecho a no declarar.
Los motivos: la falta de tiempo para leer el voluminoso sumario y estar a la espera de la resolución de los recursos contra estas imputaciones formulados por el fiscal y la Abogacía del Estado.
Todos ellos están imputados por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva y por ser hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.
El accidente se registró a la altura del barrio compostelano de Angrois, en la víspera del Día de Galicia.
El juzgado de instrucción número tres de Santiago, que quedará en manos del juez Andrés Lago Louro, citó antes que a Alcalde al presidente de Adif en 2011, Antonio González Marín, y a Andrés Cortabitarte, responsable de la seguridad en la circulación, y ninguno de los dos prestó testimonio.
Tampoco los nueve vocales del consejo de administración de Adif que formaban parte de la dirección ese año y que fueron anteriormente convocados, Juan Ángel Mairal, Mercedes Caballero, Juan Carlos Cáceres, Félix Díaz, Carlos María Juárez, Gerardo Luis Gavilanes, Mercedes Rodríguez, Carlos Bartolomé y Javier Hurtado.
El magistrado Luis Aláez, que ha apurado esta investigación contando con que en breve ocuparía su nueva plaza, ha seguido desde el primer momento una línea de investigación que apunta a una causa múltiple y no únicamente al despiste del maquinista imputado, Francisco José Garzón Amo, que no redujo la velocidad.
Luis Aláez pidió su otro destino antes de ocurrir el accidente ferroviario.
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