El líder del sindicato de prisiones Acaip, desalojado por la Policía en Huelva

El próximo día 23 declara por malversación de fondos. Le acusan de haber organizado una trama para desviar millones de euros en su etapa como alcalde de un pueblo de Salamanca.

José Luis Pascual Criado, el todavía lider del sindicato de prisiones Acaip (está imputado por malversación de millones de euros, además de tener abierto un expediente por Instituciones Penitenciarias que le apartará del servicio dentro de poco tiempo) continúa organizando movilizaciones frente a distintas cárceles para, supuestamente, reclamar mejoras laborales para el colectivo de funcionarios de prisiones. Y es que muchos dudan de que éste sea su motivo y sospechan de otras intenciones. Aseguran que al saberse ya con un pie fuera de Prisiones, querría justificar ante los suyos su inminente salida como una especie de castigo por ser molesto para “los de arriba”. Quizás por estretegia mediática, ya ha tenido probelmas en varias de estas concentraciones. La última vez fue en Huelva, el pasado martes, donde hasta la UPR de la Policía Nacional tuvo que intervenir, como se ve en el video.

Su modus operandi suele ser el mismo. Como si de una huelga se tratase y ellos fueran los piquetes, se sientan en la carretera de acceso a los centros y cortan la carretera para que no puedan entrar a trabajar los funcionarios a la prisión de turno. Antes, solicitan la pertinente autorización a la Delegación del Gobierno correspondiente (depende de cada provincia) que suele ser concedida. Sin embargo, al margen de ese permiso, el líder de Acaip y un buen puñado de liberados sindicales suelen montar estas escenas. Es decir, tienen permiso para concentrarse pero no para cortar la carretera e impedir del acceso al trabajo de los funcionarios de cada centro penitenciario. Por este motivo, ya han sido desalojados en varias ocasiones por la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Muchos funcionarios de prisiones se quejan de tener a un imputado al frente de un sindicato tan importante. Y es que Pacual Criado tiene abiertas varias causas en los juzgados de Vitigudino (Salamanca).

El próximo día 23 tiene que declarar en calidad de investigado y también lo harán otros días su mujer y su suegro por haberse apropiado de forma presuntamente fraudulenta de subvenciones millonarias. Al parecer, el creaba sociedades y asociaciones susceptibles de recibir subvenciones de la Junta de Castilla y León, del Estado o de la Unión Europea como mero instrumento de enriquecimiento personal.

El Juzgado de Instrucción de Vitigudino (Salamanca) tiene dos causas abiertas contra él. Se trata de los procedimientos abreviados 770/2014, por «infidelidad de custodia en documentos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios» y el procedimiento 691/2014, ante el mismo órgano judicial, por malversación de caudales públicos mientras era alcalde de Trabanca, un municipio de apenas 200 habitantes de la provincia de Salamanca. Pascual fue primer edil de esta localidad desde 1999 hasta el año 2011 e investigan el posible trapicheo con subvenciones públicas y la relación entre el Consistorio y las asociaciones y empresas de las que participa, que manejan cifras millonarias, como adelantó ayer este diario. Los posibles delitos, denunciados por la Fiscalía y con soporte documental, al que ha tenido acceso este diario, sugieren un modo de proceder de Pascual Criado opaco y arbitrario sobre la gestión de los fondos del Ayuntamiento.

Nada más tomar el bastón de mando del pequeño municipio salmantino, lo primero que resuelve Pascual es eliminar al órgano fiscalizador y convoca un concurso para colocar a un nuevo interventor. Casualmente, la plaza la acaba ocupando una nueva trabajadora, Sonia Fernández, que acabaría siendo la esposa de Pascual Criado. Una vez «engrasado» el Ayuntamiento, el nuevo alcalde toma dos decisiones principales. La primera es crear organismos autónomos para la gestión de proyectos concretos del Ayuntamiento. Se trata de entes administrativos con personalidad jurídica y son el vínculo mediante el cual el primer edil podría haber dejado en mínimos los fondos del Ayuntamiento. De forma complementaria, crea asociaciones controladas por él mismo para que puedan ser beneficiarias de ayudas públicas.

La segunda decisión importante y posiblemente fraudulenta es la de solicitar desde el Ayuntamiento numerosas subvenciones para la financiación de estos organismos autónomos y asociaciones. Por ejemplo, la Asociación Juvenil Arribes del Duero, la Asociación Deportiva Arribes Natura o la asociación Vinduero-Vindouro, que tienen objetos sociales y tareas financiables a través de subvenciones dado la naturaleza de su objeto social o fin para el que han sido creados.

Una vez creados esos organismos, el alcalde solicitaba cualquier tipo de subvención a la que pudiera optar, ya viniera de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Central o de Europa, como los fondos Feder. Según la documentación que ya obra en manos de la Justicia, era muy habitual que se la concediesen precisamente porque las asociaciones creadas por él –probablemente ad hoc de estas suculentas ayudas– reunían todos los requisitos para ello. Así, una vez que contaba con el «ok» de la entidad pública que fuera a suministrar el dinero, el consistorio dirigido por él, solicitaba un anticipo del 75 por ciento de la subvención. Después, Pascual solía proceder de dos formas: renunciaba a la subvención una vez cobrada (y no llegaba nunca a devolverla) o, finalmente, resolvían que no reunía los requisitos y se la retiraban. Ya le habían dado el anticipo, no obstante, pero éste nunca lo retornaba. Así, el Ayuntamiento seguiría debiendo todo el dinero de estas subvenciones concedidas porque, básicamente, no pueden acreditar los proyectos. El importe total de los ingresos recibidos por los organismos autónomos y asociaciones que él controlaba entre los años 2005 y 2010 asciende a la cantidad de 2.376.619,20 euros.

Una de las subvenciones supuestamente fraudulentas y que la Junta de Castilla y León reclamó al posterior equipo de Gobierno fue una ayuda pública de en torno a los 100.000 euros que recibió para una «primera fase» de un hipotético Museo del Vino que, a día de hoy, no existe.

También llama la atención que justo en el que fuera su último Pleno como alcalde, en 2011, se adjudica para la asociación de la que es director general, AECT Duero-Douro, uno de los edificios de propiedad municipal durante 30 años y a coste cero. Parece que esta agrupación es la «joya de la corona», ya que recibe de fondos europeos un presupuesto de 4,9 millones de euros. Del consistorio se va dejando cerca del millón y medio de deuda, posiblemente por esta forma de «vaciar» las arcas públicas.

Pascual podría haber tratado de dificultar la investigación de todo este presunto desfalco borrando documentación de los ordenadores municipales, una forma de actuar cuanto menos sospechosa ya que se tratan de cuentas oficiales de un ayuntamiento. Esta presunta destrucción de pruebas (el siguiente equipo de Gobierno denunció no hallar «documentación contable anterior a la anualidad de 2006 en las dependencias municipales») es la que habría motivado la apertura de una investigación en el Juzgado de Instrucción de Vitigudino por «infidelidad de custodia en documentos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios». También ha sido denunciado porque, a pesar de estar siendo investigado por este motivo, habría entrado en dependencias municipales y podría haber destruido alguna prueba.

Su mujer, también implicada

Pero los problemas judiciales para Pascual Criado, que lleva quince años como liberado sindical, no se circunscriben sólo a su persona. Su mujer, Sonia Fernández, también está siendo investigada por malversación de caudales públicos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitigudino, con diligencias previas 691/2014. Cuando Pascual llega al ayuntamiento de Trabanca, un municipio de poco más de 200 habitantes de la provincia de Salamanca, decide prescindir del secretario-interventor del consistorio y pasa a ocupar el puesto fiscalizador (imprescindible para controlar los movimientos económicos) la que a la postre fuera su mujer, Sonia Fernández. Ahí, comienza a funcionar el tándem Pascual-Fernández que ahora está siendo analizado con lupa por la Justicia. La casualidad de que fuera ella quien ocupara la importante plaza está en entredicho. Uno de los aspectos que investiga el juzgado salmantino es si Fernández estuvo durante un tiempo ejerciendo de secretaria-interventora del Ayuntamiento sin haber sacado la oposición, algo que logró en 2011. Sin embargo, ella y su marido, operaban de forma conjunta desde poco después de tomar éste la alcaldía. De hecho, la jueza que investiga el caso ya ha solicitado el certificado de los periodos en los que Fernández fue secretaria del consistorio. Lo que parece que está claro es que no fue nombrada por un procedimiento ordinario; es decir, mediante una resolución como funcionaria interina por la Dirección de ordenación del territorio y Administración Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León o a través del artículo previsto en el decreto 3/2005 de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la Bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo. En cualquier caso, Fernández ocupaba ese puesto y, según denunció el equipo de Gobierno que les sucedió en el Ayuntamiento, llamaba la atención la «regularidad de la contratación administrativa», en particular, con dos empresas, sobre las que se circunscribió un importante volumen de contratación de 2006 a 2011. Eran Mafer y Reg S. L. e Ifercop-Arribes, S. L. La primera, ha recibido contratos municipales por valor de más de medio millón de euros: 540.222,46 euros. Los contratos públicos con la segunda de ellas, por su parte, ascienden a los 152.117,87 euros. Entre las dos, ambas con domicilio social en Fermoselle (Zamora), sumaban contratos de 692.340,33 euros.

Ahora se investigan varias posibles irregularidades con estas sociedades. La primera es que ambas tenían deudas con la Seguridad Social y no podrían, por tanto, concurrir a ningún concurso convocado por una administración pública. Pero esto no impidió que recibieran contratos que rondan los 700.000 euros. La segunda irregularidad en la que podría haber incurrido Fernández es en dar el «ok» como interventora del Ayuntamiento de Trabanca a contratos municipales con empresas en las que ella participa. Y es que Sonia Fernández era propietaria de la mitad (tenía 60 de las 120 participaciones sociales a las que ascendería el capital social) de Ifercop-Arribes S. L. en aquella época. Esta sociedad, constituida en 2003 y que tiene por objeto social el «alquiler de herramientas y maquinaria de construcción», está a nombre de José Fernandez, su padre y, por tanto, suegro del primer edil de Trabanca. También este señor es el administrador único de Mafer y Reg, S. L. y su hija era propietaria de 280 participaciones de las 720 que formaban en capital social de esta sociedad. Es decir, que el tándem Pascual-Fernández habría adjudicado contratos municipales a empresas familiares en las que ella misma participa.

Además, no se habría cumplido una orden de embargo contra una de estas empresas. El 16 de abril de 2012 el Ayuntamiento de Trabanca (cuando el tándem presuntamente corrupto ya había dejado el Ayuntamiento) recibió un requerimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zamora (provincia donde tienen sede estas dos sociedades) relativo al estado de cumplimiento de una diligencia de embargo contra la empresa Mafer y Reg S. L. de 2008, cuando el matrimonio ocupaba el consistorio. Se comprobó que la entonces interventora Sonia Fernández, tenía conocimiento «fehaciente» de dicha diligencia de embargo sobre al totalidad de los créditos y derechos de Mafer puesto que fue ella personalmente quien firmó el acuse de recibo con fecha 14 de agosto de 2008. Es más, ella misma se firma un cheque para esta empresa y se paga con fondos municipales, ignorando el embargo de la Seguridad Social. Pero Fernández no sólo sería la «facilitadora» en Trabanca sino que también ocupaba un puesto de relevancia en la famosa AECT Duero-Douro, la «gallina de los huevos de oro» de todas las asociaciones ideadas por Pascual por recibir millonarias subvenciones europeas. En esta entidad, Sonia consta como responsable económico financiero, por lo que también controlaba ayudas de millones de euros, que también están siendo investigadas. La Justicia investiga si, desde su creación en 2009, el tándem Pascual-Fernández ocultó los ingresos y gastos de la AECT al Tribunal de Cuentas. Además, al igual que su pareja con Instituciones Penitenciarias, Fernández también habría podido incurrir en incompatibilidades, dado la naturaleza pública de la AECT, vulnerando así la Ley 53/1984 de incompatibilidades para funcionarios, al desarrollar una segunda actividad en el sector público sin autorización.