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El maquinista admite que no hubo fallo técnico, sino un error humano
Francisco José Garzón Amo, maquinista del Alvia accidentado, creyó que no estaba en este punto del recorrido y aseguró ante el juez que cuando quiso frenar, «que llegó a hacerlo», ya era demasiado tarde. Además, presionó todo el tiempo el pedal conocido como 'hombre muerto', dispositivo de seguridad que para automáticamente el tren si el conductor se desvanece o se ausenta de la cabina más de 27,5 segundos.
Los nuevos datos siguen apuntando a Francisco José Garzón Amo, maquinista del Alvia accidentado en las inmediaciones de la estación de la capital gallega el pasado miércoles, como responsable del accidente. Él mismo reconoció ante el juez Aláez que antes del accidente, que ha costado la vida a 79 personas, llegó a despistarse hasta el punto de no saber ni siquiera dónde estaba. Que creyó que no estaba en ese punto del recorrido y cuando quiso frenar, ya era demasiado tarde, aunque «llegó a hacerlo», según informó Efe. En su declaración también reconoció que superaba el doble de la velocidad permitida en la curva de A Grandeira, limitada a 80 km/h.
Según el atestado policial, Garzón presionó todo el rato el pedal del «hombre muerto», un dispositivo de seguridad que detiene automáticamente el convoy si el conductor deja de presionarlo durante 27,5 segundos (si por cualquier circunstancia se ausentase de la cabina o sufriese un desvanecimiento, por ejemplo), informa Ep. Garzón asumió el pasado domingo en su testimonio que lo ocurrido no es achacable a un fallo técnico, y tampoco a las condiciones del vehículo que pilotaba ni del trazado, sino a un «error humano», una distracción.
Al conductor se le imputan 79 delitos de homicidio y una pluralidad de delitos de lesiones, todos ellos cometidos por imprudencia profesional. Además, está obligado a comparecer con una periodicidad semanal ante el juzgado que se designe y tiene prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial durante seis meses. Igualmente se le ha intervenido de forma cautelar la licencia profesional para la conducción de ferrocarriles por ese mismo plazo. Fuentes próximas informaron que la Policía ha estado analizando el tráfico de llamadas de sus terminales, tanto del móvil privado como del corporativo, para determinar en qué momentos del pasado 24 de julio los había utilizado, y si pudo hacer uso de ellos instantes antes del trágico suceso, por cualquier vía, tanto llamadas como mensajes de texto o Whatsapp.
Ya han comprobado que en las llamadas al servicio de incidencias 24 horas de Adif, aún sin conocer la dimensión del descarrilamiento del convoy, dijo: «Soy humano, somos humanos; espero que no haya muertos porque caerán sobre mi conciencia».
Ni el fiscal, Antonio Roma, ni el resto de las partes –Renfe, Adif y dos compañías aseguradoras– han pedido prisión preventiva para el conductor, al entender que no hay riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, y tampoco de reiteración delictiva.
La decisión judicial de su puesta en libertad con cargos y con medidas cautelares fue ayer avalada por las principales asociaciones judiciales. A su juicio, la prisión provisional no debe emplearse como «escarmiento» ni para adelantar la posible pena.
Según la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), las medidas adoptadas por el juez de instrucción número 3 de Santiago son proporcionadas al caso y se ajustan a las directrices del Tribunal Constitucional sobre la prisión preventiva.
Las asociaciones judiciales coinciden en resaltar que el Tribunal de garantías constitucionales tiene establecido como requisitos para la prisión provisional que haya riesgo de fuga, peligro de destrucción de pruebas y posibilidad de que se reitere el delito, lo que, en su opinión, no se da en el caso del conductor del Alvia.
Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, la decisión del juez de Santiago es «bastante correcta y proporcionada». Opinión que también suscribe desde la APM el magistrado Antonio Piña, que es decano de los juzgados de Orense.
«La medida del juez de Santiago es proporcionada; no sería ajustada al caso concreto la prisión provisional, incluso aunque la hubiera pedido la Fiscalía, pues hay unos requisitos que en este caso no concurrían porque la prisión provisional tienen carácter excepcional», manifestó a Efe el portavoz de Jueces para la Democracia. Esta prisión preventiva, en opinión de Bosch, «no puede suponer un anticipación de la pena, porque hay que presumir la inocencia hasta que exista una condena».
Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el magistrado Antonio Piña recordó que el juez de Santiago no podría haber acordado en ningún caso la prisión del conductor tras prestar declaración, porque ninguna parte solicitó dicha medida. «Para que se ingrese en prisión, la Ley exige que alguna de las partes reclame la medida», puntualizó.
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