El padre del niño de la maleta podría quedar en libertad el fin de semana

Poco a poco se va despejando el horizonte de la familia Ouattara. Si el pasado lunes el pequeño Adou pudo reunirse con su madre en el centro de menores de Ceuta donde permanece ingresado, ayer se produjeron dos novedadades que parecen allanar el camino hacia un final feliz. Como aseguró a este diario el abogado de la familia, Juan Isidro Fernández, la directora del Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Antonia Palomo, le confirmó «con bastante seguridad» que a Adou, de 8 años, «le será concedida la residencia legal en España», por lo que podría volver con su familia a Fuerteventura en un plazo de 20 a 30 días. Además, Fernández aseguró que, posiblemente, en menos de una semana, se conozca si se le concede a Ali, el padre del niño, la libertad provisional. Un hecho que, como tarde, se produciría el próximo lunes. «Tenemos esperanzas de que salga pronto», añadió el letrado.

Durante estos días se celebran en los juzgados de Ceuta las diligencias previas contra Ali, el padre del niño, por un presunto delito de tráfico de personas. Adou fue hallado el pasado 7 de mayo dentro de una maleta por la Guardia Civil en el control fronterizo de Ceuta. El pequeño fue introducido en el equipaje presuntamente por una joven, de nombre Fátima, que también está siendo juzgada. Según la versión de Ali, éste se desplazó a Casablanca para recoger a su hijo, procedente de Costa de Marfil. Con el sueldo que tiene que declarar, el padre, residente en Fuerteventura, no podía garantizar la reagrupación de cuatro familiares –actualmente vive con su mujer y otra hija–. Por eso, pagó a una organización 5.000 euros para que consiguieran un visado para el niño e introducirlo así en España. A Ali le dijeron que podía recoger al pequeño en el aeropuerto de Barajas. Y, de hecho, se encontraba allí cuando le comunicaron el cambio de planes: entraría en el país por Ceuta dentro de una maleta. Así, se desplazó a la ciudad autónoma y, durante el control, las autoridades lo detuvieron al ver que su apellido coincidía con el del niño. Ahora, Ali podría ser acusado por el artículo 318 bis del Código Penal, que condena el tráfico ilegal de personas, y que se castiga con una pena de 4 a 8 años de cárcel. Como recuerda el abogado, a partir del 1 de julio se modifica el artículo, y la pena queda fijada entre tres meses y un año. Con todo, Fernández espera «que todo se quede en una multa», pues Ali fue víctima de un engaño.

Mientras, el Gobierno, en palabras de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Susana Camarero, se ha mostrado partidario de que el niño se reúna con Lucie, su madre, «si se dan las condiciones óptimas». «Los niños tienen que estar con sus padres», señaló. Hay que recordar que, durante estos días, la defensa de la familia ha aportado toda la documentación referente a la filiación del niño –certificado de nacimiento, prueba de ADN, etc– y se ha centrado en probar que el pequeño no quedaría en situación de desamparo.