En busca del epicentro

Agentes de la Guardia Civil, ayer en la plataforma, a la que llegaron a bordo de un helicóptero

Una vez confirmada la relación entre la ubicación del almacén de gas Castor y los seísmos, el Instituto Geólogico y Minero (IGM) tiene ahora mismo una prioridad: hallar el epicentro de los terremotos que, desde el último mes, se llevan produciendo en la zona del Golfo de Valencia –el último, en la mañana de ayer, con una intensidad de 3,7– y que ascienden ya a 400 en el último mes. Ésta será la única forma de determinar el proceso por el cual se desataron los temblores. Ahora bien, en sismología son impensables las predicciones exactas: los científicos no pueden confirmar que no vayan a producirse más seísmos «significativos», ni que puedan ser de magnitud superior a 4,2 grados –el «pico» hasta la fecha–.

Así lo aseguraron ayer fuentes gubernamentales, que, pese a la alerta que han despertado los temblores en los vecinos de Vinaroz (Castellón), llaman a la calma: las fallas de la zona son de las consideradas «normales», muy comunes en la corteza terrestre, y cuyo movimiento está provocando los temblores. Serían fallas «secundarias, muy pequeñas y sin consecuencias en la superficie». ¿Cuántas y cuáles son? Se desconoce, aunque los geólogos no descartan que se trate de la falla de Amposta que, en opinión de algunos expertos, alberga riesgo de producir seísmos de hasta 7,1 grados.

Con este fin, este mismo fin de semana se colocarán dos nuevos detectores en las islas Columbretes. Es cierto que ya había dos sismógrafos funcionando en la zona; sin embargo, se encuentran demasiado lejos de la plataforma como para situar el epicentro de los seísmos. Por otro lado, el IGM ha solicitado a Escal UGS, la empresa responsable del almacén, que detalle la presión a la que se realizaron las primeras inyecciones de gas. Las mismas fuentes afirmaron que Escal está enviando de forma «diaria» informes sobre la situación. También se está solicitando a la empresa «información detallada» sobre la seguridad de la plataforma y las personas que trabajan en ella.

El Gobierno defiende su gestión en este asunto, pues «se tomaron medidas desde el primer momento». Los hechos fueron así: el día 10 de septiembre, la empresa comunicó al Ministerio de Industria que se estaban produciendo microseísmos; el 11, se requiere a la empresa más información al respecto; el 16, se realiza la última inyección de gas; y el 26, se pide a Escal que suspenda su actividad, pues estaba previsto que las inyecciones continuaran durante el mes de octubre. Con todo, los sismógrafos ya habían detectado microseísmos antes del día 10, aunque por su magnitud –1,5– consideraron que no eran relevantes.

Sobre la declaración de impacto ambiental favorable de 2009, concedida durante el mandato del Gobierno socialista, el actual Ejecutivo estima que no se cumplió ninguna irregularidad: en dicho texto sólo figuraba la solicitud del Observatorio del Ebro, que recomendó monitorizar los movimientos. Algo que se cumplió con la colocación de dos sismógrafos.

La actitud del Ejecutivo es tajante: no se pueden reanudar las actividades en el almacén hasta que su seguridad no se confirme al 100%. Se contempló la posibilidad de extraer el gas previamente inyectado; sin embargo, los técnicos de Industria desecharon la opción, pues podría desestabilizarse más el terreno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quiso subrayar que «el procedimiento administrativo» para autorizar este tipo de instalaciones es reglado y, en el caso concreto del almacén Castor, «se ha seguido en todos sus pasos». Por ello, explicó que la autorización se otorgó «correctamente». Con todo, UPyD registró durante la tarde la solicitud de comparecencia de Soria en comisión para que explique la situación y soluciones al proyecto gasístico. Esta petición se suma a la realizada el jueves por el PSOE, que pidió la comparecencia del ministro en el Congreso para informar de la situación.

¿Cuál es la postura de la empresa? En declaraciones a Antena 3, Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, fue claro: «Fuimos nosotros los que alertamos y advertimos. No tratamos de escurrir el bulto». Además, afirmó que «el volumen de gas que metimos al suelo y la energía que aportamos al subsuelo son minúsculos comparados con la reacción sísmica». Por ello, aseguró que «todos los temblores son naturales; otra cosa es si los desencadenamos nosotros o no». Del Potro también quiso aclarar que «no se ha escapado ni una molécula de gas por las fallas» tras los temblores.

La incertidumbre entre los vecinos sigue en aumento. El pasado jueves, alrededor de 2.000 personas se congregaron en Vinaroz para exigir el cierre definitivo del almacén. Mientras, en Benicarló, centenares de vecinos se congregaron en la tarde de ayer en el Ayuntamiento y clamaron en consignas como «no a Castor» y «Stop a la inyección de gas».

Una auditoría del proyecto, para finales de octubre

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que la retribución del anterior Gobierno para Castor fue «excesiva», motivo por el que se encargó una auditoría el pasado mes de junio. Fuentes gubernamentales afirmaron que podía estar lista para finales de octubre. Hay que apuntar que, si bien el coste inicial era de 700 millones de euros, «al final parece que va a estar por encima de esa cuantía». Hay que apuntar que el proyecto amplió su presupuesto finalmente a unos 1.300 millones. De las conclusiones de la auditoría dependerá la retribución que reciba la instalación en caso de que consiga la autorización administrativa.