Cáritas alerta del riesgo tremendamente alto de que aumente la exclusión social

Cantabria, el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, las autonomías del norte, estarían "en mejor situación"desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.

El informe anual “Análisis y Perspectivas 2016” de la Fundación Foessa, que este año se publica bajo el título Expulsión Social y Recuperación Económica, constata una España a dos velocidades en términos de exclusión social. En una rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede de Cáritas Española en Madrid, Natalia Peiro, directora del Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas, y Guillermo Fernández, miembro del Comité Técnico de Foessa, han alertado que “el análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo muestran un país a dos velocidades, y que, como consecuencia de la crisis, se ha generado un proceso de divergencia entre las Comunidades Autónomas”.

La conclusión de este diagnóstico se basa en cuatro factores. Las diferencias en el eje norte-sur no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar: mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se encontrarían en mejor situación, desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.

En segundo lugar, los indicadores de desempleo analizados, que serían el desencadenante más claro de una buena posición de salida para la población en peor situación, muestran una recuperación muy débil y, en algunos casos, muy alejados del ritmo necesario para impulsar una reducción intensa de la pobreza y la desigualdad. De los cuatro indicadores analizados, sólo en uno de ellos hay cuatro comunidades que consiguen mejorar su situación desde el primer impacto de la crisis en el año 2009.

Las diferencias regionales de la pobreza apuntan a una salida divergente de la crisis. Esta disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias de desigualdad y bienestar.

Por último, la «situación de salida» para el conjunto de las comunidades ofrece una peor situación respecto a los datos recogidos en 2009 en el primer impacto de la crisis. Este resultado nos permite afirmar que la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social, a pesar del crecimiento económico, es muy elevada.

Para elaborar el Informe, los expertos del Comité Técnico de Foessa han utilizado los indicadores que cualifican la cohesión social y que miden la fractura social de un país: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Y se evalúan en qué medida las comunidades parten con mayores fortalezas y debilidades. Se ha comparado el año 2009, en el que se produjo el primer impacto de la crisis, con el período 2014-2016, donde los datos económicos y de desempleo comienzan a cambiar.

Renta

Los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%. Las comunidades con mayor renta media inicial experimentan las menores caídas, de manera que aunque las posiciones relativas en el ranking se mantienen casi constantes, las diferencias entre regiones aumentan en este período.

Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. En la mayor parte de las comunidades el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis. Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha son las autonomías donde el 20% más pobre ha caído más. Las dos únicas comunidades donde ha crecido la renta de los más ricos han sido Aragón y Galicia.

Las variaciones en la desigualdad indican que existen diferentes razones que las originan y que ahondan en la heterogeneidad territorial de nuestro país. Por ejemplo, mientras Navarra apenas ha crecido en las rentas medias pero sí en los extremos, Aragón ha aumentado la desigualdad tanto en las rentas medias como entre los más ricos y los más pobres.

Aumenta el riesgo de pobreza en todas las comunidades y en el conjunto nacional la variación anual media es del 9% si anclamos el umbral de pobreza en el año 2009. Las mismas regiones siguen estando en los extremos de la clasificación de las tasas de pobreza, una situación que se repite desde hace décadas.

Si se analiza la pobreza según el nivel de vida de cada región, el resultado varía en Comunidades como Aragón, La Rioja y Asturias, donde el aumento se dispara, y Navarra y País Vasco, que lo contendrían debido a sus mejores sistemas de protección social.

Durante el período 2009-2016, la evolución del paro de la persona referencia en el hogar muestra un empeoramiento en las autonomías mejor posicionadas a comienzos de la crisis y una cierta mejoría o estabilización en las que se encontraban peor.

Respecto a los hogares con todos sus miembros activos en paro, no ha habido ninguna Comunidad Autónoma que haya logrado reducir esta situación a niveles anteriores a 2009.

En 14 comunidades 4 de cada diez desempleados serían parados de muy larga duración. En cuanto al número de hogares sin ingresos, los mayores incrementos se han producido en las regiones en que el número de hogares afectados era el menor en el 2009. Asturias, Navarra y especialmente Galicia destacan en su incremento.

Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos anteriores a la crisis, ya de por sí elevadas, puede suponer hasta siete años.

Como ha señalado Natalia Peiro, las dificultades que revela el Informe “responden a una cuestión de modelo social, de cómo nos planteamos la construcción de nuestra sociedad. No es una consecuencia de la crisis. Lo que sí han empeorado como consecuencia de la crisis son las condiciones de vida para que las personas y familias puedan abrir un nuevo periodo de mejora, porque su posición ya no es la misma y tampoco sus oportunidades”.

Otro factor preocupante es que estas consecuencias se estén haciendo invisibles para una parte de la sociedad y que ese proceso vaya a más. “Se trata de algo ya experimentado también en otras crisis: en el año 2007, por ejemplo, la exclusión social de la población española era del 16,3% y afectaba a más de 7,3 millones de personas. Pero casi nadie lo percibía”, ha afirmado la directora de Comunicación de Cáritas.

El Informe desvela que estamos asistiendo a lo que se denomina proceso “contracíclico” y que, como explicó Guillermo Fernández, consiste en que “ante periodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente; sin embargo, en fases de crecimiento no desciende en la misma medida e, incluso, permanece estancada”.

Natalia Peiro ha urgido a “recuperar para la política de lo social a los ignorados, los no útiles, los expulsados, sobre todo en un momento como el actual, donde el deterioro de un sector significativo de la sociedad exige una mayor altura de miras, a la que nuestros partidos no han sabido responder todavía”.

Para ello, en la rueda de prensa se desglosó una propuesta de Foessa y que Cáritas recoge en el documento de Propuestas ante las elecciones generales presentado a todas las fuerzas políticas para incorporar a tres colectivos insuficientemente protegidos en nuestro marco de garantía de rentas: los hogares en pobreza severa, los trabajadores y trabajadoras pobres y a las familias con hijos e hijas a cargo.

Esa meta implica poner en marcha tres medidas de carácter complementario. La creación de una Renta Garantizada que cubra un mínimo equivalente en el conjunto del territorio del Estado. Se estima un coste de entre 2.700 y 3.600 millones de euros para una cobertura entre el 75% y el 100% de los posibles hogares sin ingresos beneficiarios de la prestación.

Otra medida sería realizar una Extensión de la Renta Garantizada a través de un programa de bonificación al empleo. Tendría un coste estimado de entre 2.300 y 5.200 millones de euros.

La tercera es el aumento de la protección a la familia y la infancia a través de la ampliación de la cobertura de la actual deducción fiscal reembolsable para familias numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos. El coste de una medida de estas características supondría una inversión cercana a los 7.000 millones de euros, introduciendo elementos de condicionalidad de renta. En suma, alrededor de 10.000 millones de euros sería la cifra necesaria para garantizar la adecuada protección de esos grupos sociales más vulnerables.

Como reclamó Guillermo Fernández, “si, como todo indica, España tendrá que afrontar a muy corto plazo una previsión presupuestaria cercana a esa cantidad para responder al esfuerzo reclamado por la Comisión Europea para corregir el balance estructural de la desviación del déficit, la pregunta es si, como cuarta economía de la zona euro y decimotercera del mundo en términos de Producto Interior Bruto, no debemos exigirnos llevar a cabo un esfuerzo presupuestario y fiscal similar para dotarnos de un sistema de garantía de rentas que reduzca significativamente la pobreza y permita el rescate de los derechos y la dignidad de millones de personas”.

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