¿Estudias para trabajar?

Los expertos creen que el Estado no puede seguir pagando el 80% de las carreras universitarias toman como ejemplo el caso anglosajón.

¿Quién debe pagar la Educación superior, el Estado o el beneficiario de la formación? Es el debate que ha abierto la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio y que conduce a un cambio de modelo inevitable a la luz de lo que opinan los expertos. Una cuestión que no sólo se plantea España sino que está sobre la mesa de otros países europeos. «Existe una convicción desde hace tiempo de que el Estado no puede seguir siendo el plato fuerte de financiación de las universidades, porque no llega a más capítulos. En España tenemos una situación en que la FP no tiene prestigio y la universidad se ha convertido en una “recogepersonas” sin discriminación alguna y así ocurre que el Estado financia a alumnos sin aptitudes. Esta situación requiere una reforma», dice José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada de la UNED.

Desde hace algún tiempo, existe una corriente de necesidad de financiación privada de los estudios universitarios que también está empezando a calar en los países nórdicos, donde el acceso a la Educación superior es casi gratuito, aunque en países como Dinamarca las universidades han pasado a convertirse en entidades de privadas o independientes en su gestión. Según García Garrido, el cambio de legislación más radical en lo que afecta a financiación se produjo en Inglaterra en 2011. Un curso puede suponer 9.000 libras para un estudiante y el mismo organismo que antes se encargaba de gestionar la financiación de la educación superior, ahora es el que se ocupa de financiar a los estudiantes con créditos que devuelven una vez que se incorporan al mercado de trabajo. Aún así, un 30% acaba por eludir el pago al Estado.

Para el catedrático de Educación Comparada de la UNED, un modelo a tomar en cuenta es el americano, en el que la financiación corre a cargo no sólo de los estudiantes que asisten a las clases, sino también de entidades privadas. Muchas son privadas, pero en el caso de las públicas, los estudiantes llegan a pagar al menos un 20% del coste total de la formación que reciben.

Para Javier Laspalas, profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, «en España hemos llegado a una situación de desproporción porque tenemos prácticamente los mismos centros que Alemania y que Inglaterra con una población mucho menor. La universidad no puede recibir el mismo trato que otras etapas educativas, como la Primaria o la Secundaria, porque no es obligatoria. El Estado financia la formación de muchos que no trabajan en España, que se marchan fuera y éste es el gran problema del sistema, que está hipertrofiado con relación al sistema económico. El mercado de trabajo no puede absorber la cantidad de titulados universitarios, es lo que se llama en otros países “credencialismo”».

Laspalas opina que «acude a la universidad mucha gente, cuando se trata de una inversión privada con cargo al presupuesto público pero el sistema, tal y como está concebido, no da trabajo en muchas carreras». ¿Cuál sería entonces el modelo a aplicar? ¿El continental? ¿El británico? «Es una cuestión difícil de resolver porque no puede haber una discordancia entre el sistema económico y el universitario porque ¿de qué van a trabajar los que se titulan? Cada país tiene sus propias particularidades pero para resolver esta situación hacer falta tener una economía saneada. Esto mismo se ha tratado de hacer con la FP, pero no está nada claro».

Antonio Cabrales, profesor del University College London, cree que seguir un modelo como el anglosajón «no es bueno si no instrumentalizas un sistema de préstamos serio como el británico. Si se suben las tasas y no garantizas los préstamos, se atenta contra la igualdad de oportunidades. Este híbrido es el peor, pero lo cierto es que no hay ningún estudio que demuestre que uno sea mejor que el otro».

En España, el porcentaje de personas con estudios superiores se encuentra por encima de la media europea –42,3%, por un 36,9% en el caso europeo–. Sin embargo, estas buenas cifras no se reflejan en el mercado laboral, que presenta una alta sobrecualificación de los trabajadores jóvenes que no encuentra un puesto de trabajo acorde a su preparación –36% de la población con Educación Superior–.

Cabrales piensa que el hecho de que tengamos tantos estudiantes sobrecualificados para el puesto que desempeñan «sugiere que los títulos no están orientados para las necesidades que ofrece el mercado laboral o que hay demasiados títulos». Pese a todo, los universitarios se colocan antes que aquellos que se quedan en la educación obligatoria y no siguen estudiando y sus ingresos son más altos. Aunque el «premio» al título es menor que en otros países. Otra solución es la que aportaba el comité de expertos de la universidad a los que el Ministerio de Educación encargó un informe a partir del cual iniciar reformas. El modelo de financiación pública de los servicios universitarios debería poder formularse periódicamente de acuerdo con los resultados de cada centro.