Cuando un político o una «celebrity» tienen que hacer acto de presencia en un juzgado, tratan de pasar desapercibidos para evitar el foco mediático. Incluso buscándose las maneras para contar con un acceso que evite las cámaras y los flashes. No se encuentran en esta tesitura las exmonjas del convento burgalés de Belorado, que este martes 29 de julio se enfrentan al juicio por la demanda de desahucio del Monasterio de Belorado, presentada por el Arzobispado. Las mujeres que decidieron separarse de la Iglesia católica el 13 de mayo de 2024 buscan llegar al juzgado de Briviesca como si se tratara de una alfombra roja de unos galardones, con «photocall» incluido. Al menos así se desprende de la convocatoria distribuida por su portavoz, Francisco Canals, que invita a los periodistas a cubrir lo que califica de «juicio histórico» y anuncia que las «ocho monjas de clausura comparecerán presencialmente en una jornada que ya se considera histórica para el mundo judicial».

Es más, comparte que cuarenta y cinco minutos después de terminar el juicio, las exreligiosas celebrarán una rueda de prensa presencial en la hospedería de Belorado.

De esta manera se busca crear la máxima expectación en cuanto a las clarisas cismáticas, cuando el interés por su caso y por su causa había caído prácticamente en el olvido por méritos propios desde que en marzo inauguraran un restaurante en la localidad asturiana de Arriondas. A partir de ahí, el único interés que han suscitado ha estado vinculado a sus idas y venidas a Briviesca para dar explicaciones antes los jueces y por las diferentes resoluciones que no les han sido especialmente favorables. Atrás quedan el falso cura coctelero, el obispo «fake» brasileño, el capellán argentino campeón de mate, el criadero ilegal de perros, el apadrinamiento de gallinas, la frustrada reaparición de Madrid Fusión con sus bombones, la venta de casullas en Wallapop, la desmentida presencia demoníaca en el convento de Derio o el carrito de golf adquirido para recoger los frutos del huerto.

A comienzos de abril la exabadesa, sor Isabel de la Trinidad, trató de explicar ante el Juzgado de Primera Instancia que no había «delito» en la venta de cerca de 1,7 kilos de oro en enero por un total de 130.000 euros. «No existe engaño para nadie, ni ánimo de lucro», aseguró sobre esta operación. El Arzobispado de Burgos plantea que la lideresa no podría vender el metal precioso como si fuera la propietario en tanto que pertenecen a la comunidad y, ella, como tal, ya no es administradora de esos bienes, sino el comisario pontificio y arzobispo Mario Iceta.

Lo cierto es que las ex religiosas no afrontan la vista oral con avales a su favor. Al menos, a juzgar por el dictamen de la jueza del caso, Ana María Matute, que se dio a conocer el pasado mes de mayo, en el que se notificaba que no se había apreciado «situación de vulnerabilidad» en las ocho inquilinas del convento. Este informe supuso un revés para ellas, en tanto que allanaría el camino para que sean expulsadas del cenobio. Sobre todo, porque la magistrada cuestionaba así el expediente no vinculante realizado por la trabajadora social que sí veía vulnerables a las exmonjas.

Tampoco juega a su favor el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya inadmitido la demanda que las clarisas cismáticas interpusieron contra el Estado por impedir que las exreligiosas convirtieran los monasterios en asociaciones civiles para escaparse de la tutela eclesial, considerando que ellas eran las propietarias de los inmuebles. De esta manera, se respaldaría la autoridad del arzobispo de Burgos como gestor de los inmuebles tras el cisma y que la Iglesia, y no ellas, es la dueña de los conventos de Belorado, Orduña y Derio vinculados a la comunidad. Otro obstáculo llegó a principios de este mes cuando la Audiencia Provincial de Burgos rechazó la recusación presentada por las exmonjas contra la jueza encargada de resolver su desahucio porque consideraban incompatible que llevara además las causas de los lingotes y de la denuncia por los supuestos delitos de coacciones, administración desleal y revelación de secretos contra el arzobispo Iceta por ejercer de comisario pontificio.

Aún así, el equipo de abogados de la religiosas excomulgadas veía esta misma semana algo de luz al desvelar dos autos de la Audiencia Provincial de Burgos en los que se respaldaría la «validez» de las asociaciones creadas por la exabadesa y que abren la puerta a un nuevo proceso sobre la propiedad de los monasterios y a cuestionar el cargo de Iceta como comisario «a efectos civiles». Solo en estos últimos días previos a la vista oral por el desahucio parece haber «resucitado» la enrevesada trama de Belorado con sus histriónicos flecos. Prueba de ello es la retransmisión en directo de un comunicado por parte de las clarisas cismáticas desde su cuenta de Instagram el pasado jueves. Sor Berit y sor Paloma se situaban frente a la cámara para dar por sentado que, aunque la jueza decida echarlas de Belorado, no se irán el 12 de septiembre, fecha fijada para su salida, sabedoras de que «la sentencia no sería firme».

Anunciando así de manera implícita el recurso a la decisión de la magistrada, abren la puerta a buscar posible alternativas vitales, anunciando que están realizando «adecuaciones en el monasterio de Orduña en previsión de las posibles necesidades que se planteen». Además, en su comparecencia virtual desvelan que el arzobispo de Burgos les habría prohibido a través de un burofax conducir su flota de cinco vehículos vinculados a priori a la comunidad.

Ellas niegan tener dos de ellos, pero explican que sí que seguirán usando su particular «concesionario», que incluye una furgoneta Fiat Doblo, un Opel Vivaro y un Nissan Qashqai. Para las residentes en Belorado los tres coches son «de absoluta necesidad para la vida de nuestra comunidad que precisa de desplazamientos».