Tráfico
Fraude en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida
Desde ASPAYM Madrid reclaman sanciones más duras, campañas de concienciación y una revisión urgente del sistema de concesión de tarjetas PMR para acabar con el fraude y el mal uso de las plazas de movilidad reducida.
Era sábado. Mario Moñino llevó a sus hijos al parque de atracciones con toda la ilusión de compartir con ellos un plan familiar especial. Llegó temprano, confiando en poder hacer uso de una de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida para poder bajarse del asiendo del coche a su silla de ruedas, pero todas estaban ocupadas. Dio varias vueltas y, en una de ellas, localizó un coche que lucía la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, pero que no tenía ni rampa ni señal de adaptaciones. Casualmente, se encontró con el conductor, el cual no parecía presentar limitaciones para desplazarse y, al preguntarle si era el titular de la tarjeta, este le respondió sin reparos: “No, es de mi hijo, pero hoy no ha venido. Algún beneficio tendré que tener”.
Situaciones como esta se repiten con frecuencia en muchas zonas de España, donde el uso fraudulento de las tarjetas PMR por parte de familiares, conocidos o, incluso, personas que ya no tienen derecho a ellas, se ha convertido en un grave problema. Desde la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas de Madrid (Aspaym Madrid) denuncian que esta práctica, lejos de ser una anécdota, ocurre con demasiada frecuencia. “Incluso hemos detectado casos en los que se sigue utilizando la tarjeta de un familiar fallecido para seguir aparcando en plazas reservadas”, advierte Carolina López, presidenta de Aspaym Madrid.
Tanto Carolina como Mario lamentan que estos fraudes los cometa gente que, “se supone, está concienciada con nuestra problemática”. “Se trata de un comportamiento profundamente egoísta y excluyente, que mina los esfuerzos por construir una sociedad más inclusiva y equitativa, y no se pueden tolerar, especialmente cuando, provienen de quienes deben ser garantes del respeto a la normativa ”, denuncian. Y aclaran que estas tarjetas no son un privilegio personal, sino una herramienta básica para garantizar la movilidad y la dignidad de quienes realmente las necesitan.
Esta situación no ocurre exclusivamente por el uso fraudulento de estas tarjetas por parte de personas relacionadas con la movilidad reducida. Mario lleva casi dos décadas en silla de ruedas y ha visto cómo la situación ha empeorado progresivamente debido a la laxitud en los criterios de concesión estas tarjetas y a la falta de control en su utilización. “Se han ampliado tanto los baremos que ahora hay muchas personas mayores que tienen la tarjeta por una movilidad reducida leve, que les permite elegir: si hay una plaza PMR libre, la ocupan; y si no, pueden aparcar en una plaza normal sin problemas”, explica.
En cambio, él y muchas otras personas afectadas por una discapacidad física o lesión medular solo pueden usar esos espacios adaptados porque necesitan desplegar una rampa y espacio suficiente para poder bajar del coche en su silla de ruedas. “Privarnos de estos aparcamientos afecta de lleno a nuestra autonomía, a nuestro derecho de poder vivir con normalidad: poder ir a hacer la compra, llevar a tus hijos al zoo o al cine o, incluso, ir al hospital”.
Y es que, Mario asegura que encontrar plazas libres en hospitales o centros de salud es prácticamente imposible, y que acudir a una simple analítica se convierte en un calvario. “Aunque la analítica sea a primerísima hora de la mañana, ya no encuentras ni una sola plaza disponible”, denuncia. Los entornos hospitalarios concentran una gran demanda de plazas adaptadas, y no siempre se cumple con el número mínimo exigido por ley. La consecuencia directa es que muchos pacientes con movilidad reducida no pueden acceder con autonomía a sus citas médicas, viéndose obligados a depender de otras personas o incluso a cancelar sus consultas. “Ir al hospital no debería suponer quedarte dando vueltas o volver a casa sin ser atendido”, resume Mario con resignación.
Aislamiento y pérdida de libertad
“Hace 18 años te podías mover con relativa libertad. Vivía en Fuenlabrada y solía llegar al centro de Madrid sin problema. Siempre encontraba una plaza”, recuerda. Hoy, sin embargo, asegura que encontrar aparcamiento como conductor con movilidad reducida es una odisea, especialmente en determinadas épocas del año y en zonas con alta afluencia, como centros comerciales o instalaciones deportivas. “Hay compañeros que directamente han dejado de usar el coche porque, si sales, no puedes volver a aparcar cerca de casa”, denuncia.Las consecuencias no son menores: perder la plaza significa, muchas veces, no poder salir o no poder regresar con autonomía, lo que se traduce en aislamiento y pérdida de libertad.
Ante esta situación insostenible, los afectados hacen un llamamiento a aquellas personas que dispongan de la tarjeta y cuya situación de movilidad no necesite las dimensiones de esa plaza, para “que valoren que estos espacios para muchos conductores con discapacidad no son un privilegio sino una necesidad”. “El uso indebido de las tarjetas PMR no es un asunto menor: supone una agresión directa a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad de miles de personas que dependen de estas plazas para llevar una vida autónoma. Este tipo de prácticas fraudulentes alimentan la desconfianza social y obstaculizan los avances en materia de inclusión”, subraya Carolina López.Medidas contundentes
Las personas con movilidad reducida y las entidades que las representan reclaman medidas contundentes y urgentes. Desde ASPAYM Madrid, su presidenta, Carolina López, pide endurecer las sanciones por uso fraudulento de las tarjetas PMR, incluyendo la pérdida de puntos del carné de conducir, y la creación de un sistema de control efectivo que vincule vehículo y titular de la tarjeta, para evitar que esta se utilice sin la persona autorizada presente. También reclaman que se desactive automáticamente la tarjeta cuando fallece su titular, y se refuercen las campañas de sensibilización, tanto entre la ciudadanía como en los propios entornos familiares de personas con discapacidad. “Igual que se hacen campañas para mantener limpio el barrio, hay que concienciar sobre la necesidad de garantizar que quienes realmente lo necesitan puedan ejercer su derecho a moverse con libertad. Por lo que, tendemos la mano a ayuntamientos e instituciones públicas para articular campañas de concienciación y sensibilización o lograr mejores resultados a la hora de prevenir estos fraudes”, subrayan desde la entidad.Mario, que además de vivirlo en primera persona trabaja en la comisión de accesibilidad de CERMI Madrid, lamenta que la única solución a esta tendencia es estructural: ampliar el tamaño de todas las plazas de aparcamiento en la vía pública. “Si todas las plazas fueran lo suficientemente amplias, como las reservadas para PMR, no necesitaríamos depender exclusivamente de unas pocas plazas señalizadas”, defiende. Esta medida permitiría que cualquier persona con movilidad reducida que necesite espacio para bajar con silla de ruedas, desplegar una rampa o usar ayudas técnicas, pudiera hacerlo sin obstáculos. “Así no habría que pelear por dos plazas contadas en cada calle. Se acabaría el conflicto y se favorecería de verdad la inclusión”, asegura. Para él, no se trata de privilegios, sino de diseñar una ciudad que tenga en cuenta a todas las personas.
Sin embargo, ante la dificultad para llevar a cabo esta medida estructural, propone revisar los criterios de concesión. “Al menos, debe garantizarse que las plazas reservadas estén disponibles para quienes realmente las necesitamos”, sostiene. Mario plantea que se establezca un sistema que vincule cada tarjeta a un vehículo específico y que permita verificar si el titular está presente en el momento del uso. Además, sugiere que se retiren automáticamente las tarjetas cuando fallece la persona beneficiaria y que se realicen campañas de sensibilización para combatir la falta de empatía social. “No puede ser que una herramienta pensada para garantizar derechos se haya convertido en un privilegio mal gestionado”, denuncia. Y subraya: “No queremos más privilegios, solo igualdad de oportunidades para poder salir de casa, trabajar, ir al médico o llevar a nuestros hijos al colegio como cualquier otra persona. Solo así podremos recuperar algo tan básico como nuestra autonomía diaria”, concluye.