Juana Rivas, año cero

En un último intento de no entregar a sus hijos a su ex pareja el próximo miércoles, exige medidas cautelares para «proteger» a los menores de los supuestos maltratos del italiano.

Hace justo dos años que las redes sociales se inundaron con el hashtag #JuanaEstáEnMiCasa. Fue uno de los primeros casos en los que la sociedad se volcó con un caso sin conocer los detalles ni las consecuencias penales que acarrearía el hecho de no obedecer a la Justicia y esa oleada de solidaridad masiva –hasta se pronunció Rajoy– poco a poco se fue difuminando para dejar paso a otra sensación generalizada: Juana Rivas estuvo mal asesorada.

Todos se desentendían ya de esa decisión de la mujer granadina de «esconderse» con sus dos hijos en verano de 2017 para no entregar a los menores a su padre, que supuestamente les maltrataba. Ya nadie quería a Juana en casa. La mujer, efectivamente, acabó siendo condenada a cinco años de cárcel por sustracción de menores y la Audiencia Provincial de Granada ratificó la sentencia el pasado mes de marzo aunque ella, ahora de la mano del abogado Carlos Aránguez, ha recurrido al Supremo y el asunto está pendiente de una resolución final. Pero el hecho de haber sido condenada, de haber perdido la custodia de los niños y de haber salido muy mal parada de todo este asunto no ha frenado a Rivas su tendencia a la denuncia sistemática contra su ex pareja, Francesco Arcuri.

Él vive con los niños en Carloforte (una isla al suroeste de Cerdeña), donde la pareja había fijado su residencia antes de que Juana decidiera huir y emprender esta batalla. Ahora puede verlos de forma puntual en Italia y este verano tiene permiso de vacaciones con ellos desde el 7 de junio hasta el 14 de agosto. Apenas queda una semana para que tenga que entregar y, quizás en un último intento para evitar que los niños estén con su padre, ha emprendido una última batalla judicial contra Arcuri, convencida de que sus hijos sufren malos tratos físicos y psicológicos por parte del italiano.

Pero, una vez más, la Justicia parece que le da la espalda. Según explica su abogado, «preocupada por la sintomatología que presentaban sus hijos (pesadillas, insomnio y cefaleas por parte del mayor y episodios de ira y agresividad por parte del pequeño) Rivas acude el 19 de junio al Centro de Salud de Maracena, donde son atendidos por la pediatra». La profesional decide derivarlos a la Unidad de Salud Mental de Atarfe (Granada), donde emiten un informe en el que, según el abogado, recoge la posible situación de maltrato parental.

Por este motivo, interponen una nueva denuncia (y van 9) contra Franceso Arcuri por un posible delito de maltrato, lesiones, amenazas de muerte contra los menores y solicitan al Juzgado de Instrucción número 3 de Granada la adopción de medidas cautelares para «protegerles».

«Corren mucho peligro»

El juzgado ya se ha pronunciado y en un auto del pasado 2 de agosto responde de forma negativa a la petición de Rivas y acuerda declarar la «incompetencia de la jurisdicción española» en el asunto. Ella, no obstante, decidió ayer recurrir el auto.

Pero además de la vía legal, Juana Rivas ha intentado volver a involucrar a la sociedad española y el pasado viernes publicó una carta abierta donde pedía «ayuda urgente para mis dos hijos menores de 5 y 13 años». «Corren mucho peligro. Su padre les golpea físicamente, les escupe en la cara, les amenaza de muerte, les insulta... No podemos esperar que ocurra una desgracia irreparable», dice Rivas.

Ella asegura que «mi hijo mayor, Gabriel, tiene miedo de dejar de respirar y que le corte los dedos su padre, como ya le amenazó». «El más pequeño, Daniel, quiere jugar a cachorro abandonado que va a morir». La mujer recuerda que el informe del último ingreso hospitalario de sus hijos en Cagliari había «claramente de sospecha de maltrato. ¿Y las lesiones y los morados en el cuerpo de mi pequeño?

Alguna institución, alguien nos tiene que ayudar. Mis niños son preciosos y han sufrido demasiado», concluye Rivas. En su denuncia, su abogado relata otros episodio de maltrato sufridos en un ferry y en casa por parte de Arcuri hacia los niños y que éstos habrían contado a su madre. Así, ayer recurrieron la decisión judicial porque «aunque no discute la competencia de la Jurisdicción italiana para enjuiciar los hechos de esta causa», no está de acuerdo con la «no adopción de medidas cautelares en protección de los menores cuando España es parte del Convenio de Estambul de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres».

En este texto se establece «la competencia de los órganos jurisdiccionales que sean estados miembros para adoptar medidas provisionales, incluidas las cautelares cuando se trate de un menor presente en uno de los estados miembros».

Así, en el recurso presentado ayer, Rivas pide que se tenga en cuenta el informe elaborado por el coordinador de Salud Mental, que activó una alerta del Sistema de Información Sobre Maltrato Infantil de Andalucía (Simia) y que se escuche a los menores para la «urgente» adopción de medidas de protección antes del 14 de agosto. El problemas según explicó ayer Aránguez a LA RAZÓN es que el informe médico fue remitido a la Fiscalía de Menores y, desde aquí, al Juzgado. Aquí habría llegado después de que se dictara el auto y por eso no lo han tenido en cuenta.

Por su parte, el abogado en España de Arcuri, Enrique Zambrano, dijo que este recurso es una «reiteración» de la denuncia que ya interpuso en Italia y que el juez resolvió el pasado 23 de mayo de forma favorable para su cliente. Zambrano recuerda que son los servicios sociales de Carloforte los que han solicitado a la Fiscalía que las visitas de Rivas a sus hijos en Italia se realicen de forma «tutelada» (con personal delante) ya que consideran que ella es «perjudicial» para los niños y les influye en su comportamiento con el padre.