Juana Rivas irá a Estrasburgo tras darle la espalda el Constitucional

Sus letradas, ante la decisión del TC de rechazar su segunda demanda de amparo: «Sus hijos están desprotegidos porque la jueza no se ha reciclado». Sólo el fiscal podría evitar que acudan al Tribunal de Derechos Humanos.

Juana Rivas se le terminan las vías jurídicas. Ayer, la Sección de vacaciones del Tribunal Constitucional rechazó la segunda demanda de amparo de Juana Rivas por considerarla «extemporánea», ya que considera que «el recurso se ha presentado fuera del plazo de 30 días fijado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) desde la notificación de la resolución impugnada», según dicta la providencia a la que ha tenido acceso este diario. De acuerdo con lo que marca el dictamen, «es de carácter manifiestamente improcedente el modo en el que se formuló el recurso extraordinario por infracción procesal».

Con este nuevo varapalo a la madre de Maracena (Granada) le quedan pocas opciones. «La vía en los tribunales españoles está agotada. Sólo queda que acuda al Tribunal de Estrasburgo si considera que el Estado ha vulnerado alguno de sus derechos», explica la abogada de familia Paloma Zavalgo. Pero, hasta que el tribunal europeo decida pueden transcurrir «meses y hasta años», añade. Ella insiste en que la mejor opción que siempre ha tenido Juana Rivas es cumplir la resolución judicial que, el pasado 26 de julio, incumplió. Desde ese día permanece en paradero desconocido. «Debería cumplir la orden de restitución de los menores. Es en Italia donde debería resolverse. Es más, si lo hubiera tramitado todo desde allí, podría haber solicitado al tribunal italiano su traslado a España», añade la experta.

Y como explicó esta experta a LA RAZÓN, Paqui Granados, la asesora jurídica del Instituto de la Mujer de Maracena confirmó su determinación de acudir a la Justicia europea como siguiente paso: «Algo en nuestro sistema está fallando, pero será Juana Rivas la que decida qué hacer y cómo seguir procediendo, pero nosotras (en referencia al equipo jurídico de Juana) seguiremos con las actuaciones siempre dentro del marco de la legalidad y buscaremos en otras instancias. Iremos a Estrasburgo a pedir protección». También aseveró que «me siento muy triste por la decisión del Constitucional no sólo por Juana Rivas, sino por todas las juanas de este país, pero no damos la batalla por perdida».

La letrada de Juana, María Castillo, también explicó durante la rueda de prensa que existe una vía judicial, pero de la que ellas no son responsables: «La única parte procesal que podría poner un recurso de inadmisión en el fiscal, teniendo en cuenta que se ha desatendido la protección de los dos hijos de Juana». Sólo tiene tres días para plantear esta vía. «Su papel es clave. Hemos echado muy en falta al Ministerio Fiscal. Su papel ha brillado por su ausencia en la protección de los intereses de los menores. Únicamente él puede plantear un recurso de súplica», añadió Granados.

De acuerdo con el equipo que defiende a la mujer huida, «los argumentos jurídicos que se han dado a lo largo de estas semanas siempre han sido de tipo formal. La posición del fiscal ha sido muy descafeinada en lo que respecta a la protección de los dos niños que son mi principal preocupación». Castillo remarcó que «Juana ha vivido violencia desde el minuto uno, por mucho que algunos medios aseguren que se esté utilizando esta circunstancia como medida instrumental».

Pero sin duda la crítica más dura de las dos mujeres ha ido dirigida a los jueces que han llevado el caso: «Los hijos de Juana Rivas están desprotegidos porque la jueza que ha llevado su caso no se ha reciclado». Granados sostiene este argumento sobre la idea de que «la señora jueza desconoce el ordenamiento vigente. No sabe que los hijos de víctimas de violencia de género también se consideran víctimas». Y es que, de acuerdo con la asesora jurídica, «la jueza en sus escritos manifiesta el conocimiento de que hay un padre que ha maltratado a una madre, pero los mecanismos formales aún están por encima del interés de los menores».

La letrada que ha gestionado el caso de Rivas desde que llegó con sus hijos a Granada en julio de 2016 insiste en que «la denuncia de Juana no se ha tramitado por inacción y por un grave funcionamiento de los plazos en nuestro sistema judicial». Así, a pesar de que la denuncia por violencia de género se interpuso ante la Guardia Civil días después de la llegada de Juana a su ciudad natal, «hasta que en marzo del año siguiente no interpongo una queja ante la Fiscalía, la denuncia no llega al juzgado de Violencia contra la Mujer y no se traduce el escrito para enviarlo a Italia». Durante esos meses, como indicó horas antes a la decisión del Constitucional María Castillo a este diario, «lo primero que hicimos en julio fue solicitar medidas civiles para que Juana se quedara con la custodia de su hijo. Lo hicimos en julio de 2016 y, aunque la notificación para que el padre declarara, le llegó a su casa de Italia, nunca contestó y se le consideró en rebeldía. Eso sí, en el momento en el que su abogado interpuso la denuncia por sustracción internacional, al prevalecer el Convenio de La Haya, mi solicitud quedó apartada» y asegura que «el hijo mayor siempre ha manifestado que quiere quedarse aquí con su madre».

Por su parte, el abogado de Francesco Arcuri, ex pareja de Rivas, aseguró ayer tras la decisión del TC que su cliente está pasando por un sufrimiento «innecesario» y el «ataque» al Estado de Derecho que supuso el recurso de amparo que ha desestimad. Asimismo, confía en que este nuevo pronunciamiento haga aparecer a Juana, según declaró a Efe. El letrado criticó que el recurso de amparo ahora denegado se haya presentado desde una «mal entendida óptica de violencia de género» e insistió en el daño que la madre ha generado a sus hijos. Un argumento que contrasta con los que aportaron las letradas de Rivas.

En lo que respecta a la posibilidad de que, tras la decisión del Alto Tribunal, Juana Rivas aparezca, su equipo jurídico deja claro que «Juana tendrá que hablar y decidir, cuando ella lo considere nos buscará porque no damos la batalla por perdida. Y Castillo insiste: «Nunca se la ha aconsejado ningún comportamiento. Eso sí, como su letrada, yo la he aconsejado en todo momento de las consecuencias que tendrían cualquiera de sus decisiones».

No obstante, desde las diferentes asociaciones de mujeres insisten en que debería entregarse. La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, le pidió ayer que «luche» por lo que quiere conseguir pero «a través de la ley». «No puedo aconsejarle que incumpla la ley, pero a todas las mujeres les aconsejo que luchen contra una ley si se ha producido indebidamente».

Con la decisión del TC en contra de Juana, la pregunta de una de sus cartas sigue sin respuesta: «¿Cómo puede ser que a mis hijos, en España, cuya ley entiende que son víctimas del maltrato y que por eso hay que protegerlos especialmente, se les condene a ser enviados sin demora con el maltratador a otro país?».