El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge tomará declaración en calidad de investigado este lunes al comisario del Cuerpo Nacional de Policía y consejero de Interior en la Embajada española en la India, Emilio de la Calle, por presuntamente haber acosado laboral y sexualmente a la subinspectora de la que era superior jerárquico en Nueva Delhi.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 explica que la querella presentada y admitida a trámite indica que los hechos investigados son constitutivos presuntamente de los delitos de acoso ('stalking'), acoso laboral ('mobbing'), delito continuado de lesiones, amenazas, agresión sexual, delito contra la intimidad y un delito de acoso sexual. La defensa del comisario solicitó la suspensión de su declaración alegando a su "precaria situación psicológica" y pidiendo tiempo para "realizar un análisis exhaustivo" de todas las grabaciones que constan en la causa.

El juez, sin embargo, ha descartado su pretensión "toda vez que se estima que la defensa ha contado con tiempo suficiente para instruirse de la querella". La misma, en concreto, relata que De la Calle y la presunta víctima compartían desde el 30 de julio de 2024 oficina en la capital de la India en el seno de la Embajada española: "Estaban solos dentro de la oficina; allí no había más personal, ni ayudantes, ni secretarios". Apunta que desde ese día, tras la incorporación de la subinspectora a ese puesto de apoyo, el comisario "prevaliéndose de ese ambiente íntimo que le generaba una sensación de impunidad y de su posición jerárquica (...) realizó conscientemente numerosas conductas delictivas" sobre ella.

La representación legal de la subinspectora, ejercida por los letrados Verónica Suárez, Napoleón Cánovas y Juan Antonio Frago del despacho Frago & Suárez Abogados, detalla que el comisario "ejerció consciente y deliberadamente un control sistemático sobre la vida privada" de su subalterna frecuentando por ejemplo la calle donde tenía su domicilio, controlando sus rutinas y su vida íntima, y consiguiendo aislarla socialmente dado que fiscalizaba "con quién podía verse" y le prohibía tener contacto con numerosas personas a las que, sin base alguna, consideraba "peligrosas".

Este control de su rutina hizo, señala la querella, que no se relacionara con personal de la Embajada, y que en un encuentro a escondidas con otro empleado de Seguridad confesara que cuando veía edificios altos tenía ideaciones suicidas. El documento añade que el comisario también ejerció un control sistemático sobre la subinspectora a través de terceras personas, como la empleada de la limpieza que compartían y que le confesó a la víctima que el comisario le preguntaba por su vida y por lo que hacía. De hecho, en un momento dado, el comisario llegó a decirle a la víctima que "sabía que tenía un 'Satisfyer' (un juguete sexual femenino) y le instó a usarlo".

La querella recoge que De la Calle sometió a la subinspectora en el ámbito laboral a actos "denigrantes y hostigadores" como llamadas y mensajes realizados de forma permanente "fuera del horario laboral y sin ninguna relación con el trabajo". "Imponía estar pendiente del teléfono móvil las 24 horas del día de los siete días de la semana, incluso fuera del horario estrictamente laboral, y en el caso de que no respondiera de inmediato a estas llamadas, le reprendía de forma desproporcionada", recoge, y apunta que incluso le conminó a que fuera al baño con el teléfono: "Que cagues con el teléfono". Además, señala la querella que los insultos y descalificaciones gratuitas se daban con "una frecuencia altísima", que se burlaba de ella poniendo voces, llamándola "cutre", "jeta", "mentirosa" y llegándola a amenazar con darle "una hostia". "Te dejo, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. O sea, no quiero. Te he cuidado, pero no me vuelvas a tocar más los cojones. Porque no creo que seas imbécil. Y a veces me da la impresión de que lo eres. Porque si haces estas cosas después de las veces que te lo digo, es que eres retrasada mental. Si no, no lo entiendo. O sea, si yo te lo digo y tú sigues haciéndolo, sufres un retraso mental", recoge la querella a modo de ejemplo.

Además de estas amenazas, relata, el comisario llegó a propinar collejas a su subalterna, y en una ocasión, en una fiesta en la Embajada de Hungría la cogió del brazo violentamente, la empujó y la arrastró en público hacia un apartado para abroncarla, hecho que soliviantó incluso al cónsul húngaro Zsolt M. Wittmann. En otras ocasiones sumó amenazas de que le iba a hundir la carrera, "advirtiéndole de que tenía el poder para hacerlo", algo que suponía "un claro exceso para amedrentar" a la subinspectora.

El escrito relata que en febrero de 2025 la víctima sufrió un desmayo fruto del estrés acumulado y fue llevada a su casa, acompañada por el comisario. Allí, cuando ella estaba tumbada en el sofá con náuseas "rebasando todo límite y mientras le acariciaba la mejilla, le dio un beso en la comisura de los labios que ella no consintió". "En otras ocasiones, también realizó comportamientos con connotaciones sexuales sin que ella lo consintiera: por ejemplo, darle abrazos o cogerle de la cintura, conductas del todo inapropiadas entre un superior y su subordinado", dice la querella. Y añade que también se dieron "sistemáticos y numerosos comentarios con connotaciones sexuales que le generaban una sensación de malestar y de humillación patentes".

A todo esto, la querella añade que el comisario accedió a conversaciones de 'whatsapp' privadas de su móvil personal y que no guardaban relación con su empleo sin consentimiento. Tras relatar todos los hechos, la representación legal de la subinspectora señala que esto ha provocado secuelas psicológicas en la presunta víctima como un trastorno por estrés postraumático, de intensidad grave, reactivo a problemática laboral. E interesa medidas cautelares que pasan por que se prohíba al comisario comunicarse con ella a través de cualquier medio, y que se le prohíba aproximarse a menos de 500 metros respecto de ella, y a su lugar de residencia y de trabajo, tanto en la India como en España.

El asunto recayó en la Audiencia Nacional dado que es la competente para el conocimiento de los delitos cometidos por españoles fuera del territorio nacional cuando se hayan perpetrado por funcionarios públicos españoles en el ejercicio de sus funciones. En el auto de incoación de diligencias, el juez De Jorge acordó preguntar al secretario general de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la Policía a fin de que certifique si se ha acordado la suspensión de funciones del querellado. También acordó tomar declaración tanto a la subinspectora como al comisario, y pidió a los letrados de ella que aporten toda la documentación médica de que disponga, acordando igualmente que los forenses de la Audiencia Nacional emitan también el correspondiente informe.