El dueño de Vitaldent ocultó a Hacienda más de 17 millones de euros al año

Cobraba importes en B de entre 10.000 y 12.000 euros al mes por cada centro propio. Cuando quiso entrar en bolsa «asfixió» a las clínicas con cánones abusivos para quedarse con ellas. El juez envía a prisión sin fianza a los seis jefes de la cúpula de la compañía

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda decretó prisión incondicional sin fianza a seis de los implicados en la presunta red de fraude de Vitaldent. Entre ellos, el propio Ernesto Román Colman, dueño de la compañía; su vicepresidente y responsable de la publicidad, Bartolo Conte; el abogado Nicolás Sesinni y el directivo Javier Arteaga. Así, el auto judicial del «caso Vitaldent» muestra que las investigaciones han confirmado la existencia de cobros mensuales en B por importes que oscilan entre los 10.000 y los 12.000 euros mensuales por cada una de las clínicas en propiedad de Colman, tal como revelaron las intervenciones telefónicas. Partiendo de la base de que el dueño de Vitaldent posee 146 centros propios, el montante que ocultó a la Hacienda Pública asciende a 17.250.000 euros al año, según el auto. Los responsables «estarían participando en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, y la propia Hacienda estatal», basado «en la existencia de una contabilidad B» cimentada sobre un canon del 10%. «En un primer momento, cada clínica podía generar en B la cantidad mensual elegida, debiendo entregar el 10% de los ennegrecido a la organización», para «pasar en un momento posterior a exigir el pago de 10.000 euros mensuales en efectivo» sólo a «clínicas propias» y a «algunos franquiciados de confianza». El texto añade que los franquiciados se «desplazaban a Madrid con la finalidad de abonar el canon en B». Además, se realizaba «habitualmente facturación sin IVA».

Según los abogados de los franquiciados, se trató de «asfixiar» financieramente tanto a los afectados como a sus familias, que se veían incapaces de asumir los sobrecostes abusivos a los que sometía a los dueños de las clínicas. Así lo relata José María Rodríguez, uno de los letrados de Sanguino Abogados, firma que representa a seis franquiciados de Vitaldent, y que cuentan con clínicas en Sevilla, Cádiz, Huelva y Badajoz. Este despacho compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda como denunciante contra la empresa de Ernesto Colman, que ejerció su derecho a no declarar.

Rodríguez relata que, a raíz de la intención de Colman de entrar en bolsa, el empresario comenzó a «presionar» más a los franquiciados. ¿El objetivo? Acaparar más empresas en propiedad y aumentar su peso específico, pues de las 400 clínicas, sólo unas cien son propias. Así, comenzaron a multiplicarse los «cánones superabusivos». Por ejemplo, aumentar las facturas de la luz, que pasaban de 90 euros a los 200. Como señala el abogado Ernesto Sanguino, uno de los representados se vio obligado a «resolver su contrato» al no poder hacer frente a los sobrecostes. Con todo, éste es sólo un detalle. Debían pagar material médico hasta cinco veces por encima del precio de mercado; la empresa matriz les reclamaba un canon de 5% por publicidad, lo que podía suponer hasta 100.000 euros al año; obras por valor de 80.000 euros alcanzaban la cifra de 280.000; estaban obligados a anticipar un 10% de tratamientos que no habían prestado... Y lo cierto es que estaban obligados. Todos lo franquiciados tienen acceso al sistema informático Ulises, en el que están presentes los datos de contabilidad, de los pacientes, de las citas... «Les amenazaban con cortarles ese sistema, de forma que los franquiciados perdían toda la información: no sabes quiénes son tus pacientes, no puedes contactar con ellos, no tienes acceso a compras...», afirma Rodríguez. ¿Y si los clientes reclamaban? «Entonces el problema era del franquiciado, que tenían que dar la cara. Les dejaban bloqueados», añade.

Por este motivo, en el procedimiento penal abierto, los franquiciados reclaman daños económicos. Las cifras pasan por 300.000, 500.000 o un millón de euros. No en vano, «ninguno de los afectados ha recuperado su inversión. El contrato era una estafa en sí».

Desde el despacho de abogados niegan que los franquiciados llevaran a cabo «pagos en B», pues, como señala Sanguino, «todo franquiciado cuenta con sus registros contables de manera nítida». Otra cosa, añade, «es lo que maquinaban» con esas cantidades los ahora acusados.

En este sentido, y según ha podido saber LA RAZÓN, se está investigando si los dueños de Vitaldent contaban con una sociedad interpuesta a través de la cual desviaban el dinero acumulado. Incluso podrían haber transferido sumas importantes de dinero también a Uruguay, país natal de Colman, además de a Suiza, Luxemburgo y Holanda, como se anunció el pasado martes en el marco de la «operación Topolino». El despacho de abogados ya ha recibido llamadas de otros franquiciados que podrían sumarse a esta acusación particular. No en vano, la primera denuncia partió de uno de sus representados en la localidad sevillana de Lebrija.