Legalizar la prostitución: ni rentable, ni seguro

Los beneficios tributarios no superarían los 900 millones y podría suponer un «sello de garantía» para los proxenetas.

La propuesta está sobre la mesa... Una vez más: ¿conviene regularizar la prostitución? Con todo, la idea planteada en esta ocasión por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuenta con un enfoque casi inédito: teniendo en cuenta que la prostitución mueve 18.000 millones de euros al año, según el Ministerio de Hacienda, ¿por qué no legalizarla para engrosar las maltrechas arcas del Estado vía impuestos? Lo cierto es que el planteamiento de Rivera ha contado con muchas voces críticas y muy pocas adhesiones.

En primer lugar, están las repercusiones éticas de una decisión de este calibre: la prostitución, legal o ilegal, se considera una forma de esclavitud. PP y PSOE se posicionaron el pasado martes con contundencia al respecto. Por los populares, Rafael Hernando, portavoz en el Congreso, afirmó que «la explotación sexual de la mujer es un delito execrable que hay penalizar». En cuanto a los socialistas, Carmen Montón, portavoz de Igualdad, acusó a Rivera de «mercadear con el cuerpo de las mujeres». «Es un gran mal para las mujeres. Y al ser legal, me parecería peor», afirmó ayer la defensora del pueblo, Soledad Becerril, mientras que la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se mostró contraria, pues «no se puede legallizar una actividad absolutamente degradante». Por su parte, la candidata a la alcaldía Esperanza Aguirre dijo que, en este caso, lo importante es que «quien desee cobrar por el sexo debe hacerlo libremente». Una subcomisión del Congreso de los Diputados lleva tiempo debatiendo las consecuencias de una hipotética regularización y, como confirmó Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión de Igualdad, en dos o tres semanas podrían ofrecerse conclusiones. Sin embargo, Hernando adelantó que sus miembros no eran «partidarios» de estas iniciativas. «La prostitución no es un trabajo, vulnera los derechos de las mujeres y menoscaba su dignidad», afirmó Quintanilla a este diario.

En segundo lugar, están las consideraciones crematísticas. La propuesta de Ciudadanos se cimenta en perseguir la «prostitución forzosa» y, por tanto, ilegal, que, según afirmó el propio Rivera, supone el 85% del total, diferenciándola de aquella que es voluntaria, que supondría el 15% restante. Según Rivera, de los 18.000 millones anuales que «mueve» esta industria, 6.000 irían a parar al Estado vía impuestos. Sin embargo, en ese cálculo habría que descontar el dinero perteneciente a la trata y quedarse sólo con el generado por la prostitución realizada de forma voluntaria: 900 millones, un 15% de lo previsto por Ciudadanos.

Además, el problema, como señala la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), es que no es tan fácil de discernir. «¿Cómo sabes que una prostituta ejerce libremente? Desgraciadamente, no pueden dar la cara por miedo a las represalias», explica a LA RAZÓN Rocío Nieto, presidenta de Apramp. «La mayoría de mujeres que vienen a España están explotadas sexualmente. Llegan engañadas con un falso contrato de trabajo, adquieren una deuda que tienen que pagar, las meten en un piso y no salen», añade. En su opinión, regular la prostitución «es un sello de garantía para el proxeneta: en el momento en que pague impuestos, la mujer estará sometida a aquel que le manda». De ahí que la prioridad para Apramp deba ser «acabar con el proxenetismo», que, recuerda, cada vez «recluta» a más menores de edad, respondiendo a la «demanda» de los clientes. Y en cuanto al dinero recaudado por los proxenetas, considera que «debe ir destinado a las mujeres, porque no todo vale».

Tampoco ha convencido la propuesta a las supuestas beneficiarias de la medida. El colectivo Hetaira, que representa a las meretrices, es partidario de la regularización de las trabajadoras del sexo, tal como se constató en una reciente sentencia de un juzgado de Barcelona que les otorgaba derechos laborales.

¿Autónomas?

Ahora bien, también creen que hay un tipo de legalización que «puede ir en contra» de las prostitutas, como afirma a este diario Cristina Garaizabal, portavoz de Hetaira. Así, sospecha que la propuesta de Rivera puede responder a «intereses empresariales», similares a los defendidos por la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela): que las profesionales del sexo se hagan autónomas. «Esto implicaría una serie de imposición de condiciones: los horarios que tienen que tener, las prácticas sexuales que deben realizar, los servicios que han de hacer al día... Todos conocemos la tendencia de los empresarios a dar de alta a falsos autónomos para ahorrarse dinero en la Seguridad Social. Lo correcto es contar con los derechos y deberes laborales y sociales de cualquier trabajador y establecer un convenio laboral». Del mismo modo, se muestra contraria a la pretensión de Rivera de prohibir la «prostitución de calle», cuando, en su opinión, «hay que negociar una serie de espacios».

¿Cuál ha sido la experiencia en los países de nuestro entorno que han optado por legalizar la prostitución? Alemania la regularizó en 2002, creando así una industria que genera unos 20.000 millones de euros anuales, y, consecuentemente, duplicando el número de prostitutas en el país. En Países Bajos, la prostitución y las drogas representan en torno al 0,4% del PIB: unos 2.500 millones de euros. Por contra, en un país como Suecia se ha reducido drásticamente la prostitución en los últimos años al establecer multas sobre los clientes.