Los archivos borrados del «caso Nadia»

El juez sospecha que los padres de la menor pudieron deshacerse de fotografías de contenido sexual. Según su auto, las imágenes muestran a la niña «presenciando relaciones íntimas» entre sus progenitores.

Los Mossos d’Escuadra trabajan a toda velocidad en las últimas horas analizando los terminales informáticos de Fernando y Marga, los padres de Nadia, por orden del juez que instruye su caso. Después del hallazgo «casual» de imágenes de contenido sexual que involucran a una menor, su señoría quiere que especialistas en informática forense trillen todos estos dispositivos hasta el final con la idea de averiguar si contiene más imágenes o incluso vídeos donde aparezca algún menor desnudo en posiciones comprometidas, enfrentarles a sus hallazgos y escuchar con atención qué excusas dan para justificar la presencia de imágenes tan comprometedoras.

Se trata de rastrear 13 «pendrives», siete tarjetas de memoria, tres discos duros, tres ordenadores, dos iPhone y un iPad de los que se incautaron los agentes durante los primeros registros. El tiempo límite que tienen para ofrecer resultados es el próximo viernes por la mañana, cuando Fernando y Marga se enfrenten, cada uno por su lado, a las preguntas del juez. «Para el supuesto de que los investigadores no dispusieran de alguna contraseña para el acceso a terminales, y ésta fuera necesaria a tal fin, ofíciese a los mismos para que los aporten a este juzgado este viernes a las 10:00 de la mañana». Es decir, que el propio magistrado se plantea poner delante de los investigados cualquiera de los aparatos bloqueados y pedirles que introduzcan la clave en ese mismo instante. De momento, el juez sospecha que pueden existir ficheros fotográficos que hayan sido borrados y sólo «un minucioso estudio de los dispositivos informativos» permitiría confirmar lo que de momento es una sospecha.

Estas frases se extraen del último auto del juez, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y en el que se afirma que tanto Fernando como Margarita prestaron voluntariamente su consentimiento para que la totalidad de los dispositivos informáticos se incautaran y fueran inspeccionados por los investigadores. Pues bien, tal y como se desprende del informe procedente del la Unidad Territorial de Investigación del Pirineo Oriental del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, en diferentes terminales (USB) hallados en el vehículo de Fernando se habrían encontrado ficheros que contendrían imágenes «de carácter sexual» relativas a algún menor de edad. Según el juez, las imágenes se pueden diferenciar en dos grupos. «Por un lado, aquellas en las que ambos investigados, Fernando y Marga, aparecen manteniendo relaciones sexuales de forma explicita en la cama y en las que en el margen inferior izquierdo de algunas fotografías se pueden apreciar unos pies que podrían ser de un menor de edad (...)». Ese menor, al que no se le ve el rostro y del que no se puede asegurar con rotundidad si es un niño o una niña, «necesariamente debía entender la significación de los actos que los adultos realizaban no sólo en su presencia, sino en la misma cama (...). Estos hechos podrían constituir un delito de exhibicionismo o provocación sexual». El segundo grupo de fotografías se refiere a su hija Nadia y «y no son explicables desde ningún punto de vista». Tanto que «no pueden encuadrarse en las inocentes fotografías que cualquier padre podría tener de su hijo a edades muy tempranas». Dichas imágenes, según el instructor, podrían suponer «un delito de explotación sexual del que sería autor el padre».

El juez ha podido contemplar ya algunas de estas fotografías y su valoración es que «no nos encontramos ante una mera sospecha, sino en la evidencia de claros indicios objetivados de la participación de Fernando en la comisión de delitos de carácter sexual».

Paralelamente, la Audiencia de Lérida avaló la decisión del juez de La Seu d’Urgell de enviar al padre a prisión, el pasado 9 de diciembre. En su escrito, fechado el pasado lunes, antes del hallazgo de las fotos con contenido sexual, la Sección Primera de la Audiencia de Lérida apunta que existen «suficientes indicios» para sustentar que los investigados «convirtieron la beneficencia como su medio de vida», sirviéndose para ello de su hija menor de edad, para engañar a los donantes, que les daban dinero pensando que iría destinado al tratamiento de su supuesta enfermedad rara.

La Audiencia considera que concurren todos los supuestos para justificar la prisión provisional del padre, especialmente el riesgo de fuga, pero también la destrucción de pruebas y la reiteración delictiva. La sala advierte especialmente del riesgo de fuga, ya que considera que el padre no tiene un arraigo «fuerte» que garantice que no huiría, porque no sólo planeó supuestamente su huida cuando se supo perseguido por la Justicia, sino que el riesgo puede «incrementarse» con la «gravedad» de las penas con que se sanciona el delito de estafa grave.

Con respecto a la madre, y según informaron a Efe fuentes judiciales, con las pruebas de que dispone hasta el momento, la Fiscalía no aprecia que sea necesario cambiar su situación personal después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Seu d’Urgell la dejara en libertad.