Los inspectores de educación exigen un pacto educativo y autonomía profesional para ejercer su función

Piden a la nueva ministra que no se siga “ parcheando” el sistema.

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) han pedido a la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, “un acuerdo sensato, realista y viable sobre la educación en España” porque entiende que los esfuerzos realizados hasta ahora “no han sido suficientes para acordar aspectos nucleares que forjen una Ley que dé estabilidad al sistema y solucione los problemas endémicos que arrastra nuestra maltrecha educación”. Es por esto por los que los inspectores le piden a la nueva titular de Educación y FP que “no caiga en la tentación de seguir parcheando el sistema y haga los deberes. Esta debe ser la prioridad en su gestión”.

Los inspectores han recordado que convivimos con “agujeros negros educativos”, como son: el 18,3% de abandono escolar temprano; así, España es el segundo país de la Unión Europea con jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado prematuramente el sistema educativo habiendo completado como mucho la ESO, a los 15 años el 36% del alumnado

06/06/2018 ha repetido al menos una vez en su vida escolar, un 22,4% de alumnos fracasan y por lo tanto ni siquiera logran titular en Secundaria; la inversión en educación se aleja del 5% deseable y necesario, la escolarización de cero a tres años sigue pendiente del impulso que precisa; la falta de competencia en el dominio de una lengua extranjera es palpable y evidente en todos los estudios internacionales a los que nos hemos sometido; la Formación Profesional sigue esperando una reforma que logre situarla como una alternativa efectiva ante el desempleo (un ejemplo de ello: existe en España una gran diferencia entre la tasa de graduados en Bachillerato, 55,0%, y la de graduados en Ciclos Formativos de Grado Medio, 24,7%).

Los inspectores recuerdan que “la reforma de la formación inicial de los docentes sigue sin abordarse, al igual que el urgente cambio que se requiere en el sistema de acceso a la función pública docente, los desequilibrios entre comunidades autónomas son un lastre que demuestra la falta de equidad interna del sistema y la desigualdad de oportunidades entre españoles”. Así ponen como ejemplo de la brecha de financiación el. Caso del País Vasco, donde se invierte 9.000 euros por alumnos mientras que en Andalucía solo 4.510 euros. A su juicio, esto constata que “nuestro país carece de una verdadera homologación del sistema educativo que garantice un servicio público de calidad a toda la ciudadanía en condiciones de equidad”.

Por último exigen una inspección educativa que, mediante el desarrollo de normativa de carácter básico, “tenga autonomía técnica e independencia profesional para garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los miembros de la comunidad educativa y de las propias administraciones vertebrando el Estado. Algo de lo que ahora se adolece ya que, si los órganos de control se politizan, estos pierden su sentido y razón de ser, relegando a los ciudadanos a mera indefensión”.