Los padres llaman hoy a la huelga contra las reválidas

Seis autonomías presentan recursos contra las pruebas previstas al final de la ESO y de Bachillerato, que este año no tienen efectos académicos.

Un  grupo de estudiantes durante la presentación de las movilizaciones contra las reválidas
Un grupo de estudiantes durante la presentación de las movilizaciones contra las reválidas

Seis autonomías presentan recursos contra las pruebas previstas al final de la ESO y de Bachillerato, que este año no tienen efectos académicos.

La izquierda se moviliza hoy contra las «reválidas», el término que ha acuñado para referirse a las evaluaciones previstas por la Lomce al final de la ESO y del Bachillerato y que, este año, no tendrán efectos académicos, aunque la de Bachillerato sí contará para entrar en la universidad. La protesta viene orquestada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa)– próxima al PSOE–, el sindicato de Estudiantes, y la Federación de Estudiantes Progresistas (Faest), aunque están apoyadas por el PSOE, Podemos e IU. Los convocantes han hecho un llamamiento para vaciar las aulas de todos los centros educativos del país «con la intención de demostrar que el rechazo a la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, y específicamente a las reválidas, es mayoritario», dice la Ceapa. La organización de padres ha facilitado incluso justificantes tipo para aquellos que se ausenten del centro educativo y de petición al director para que no se pongan exámenes un día como hoy. En Madrid, el sindicato de Estudiantes ha organizado una marcha a mediodía por el centro de la capital desde Atocha hasta la Puerta del Sol. A las 18:00 horas, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (de la que también forman parte sindicatos docentes), han convocado una manifestación desde Neptuno a Sevilla. La protesta coincidirá con el discurso de investidura de Mariano Rajoy.

Ayer, también se inició una recogida masiva de firmas a través de las redes sociales contra las pruebas de final de la ESO y del Bachillerato. El frente común contra estas evaluaciones se completa con la cascada de recursos ante los tribunales que han presentado distintas autonomías contra el decreto que regula estas pruebas. Ya lo han hecho Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que tienen previsto hacerlo Cataluña y Baleares, de momento. Fuera del ámbito autonómico, se han sumado sindicatos como CC OO, FSIE, y ahora también la organización de padres Ceapa.

Para rematar la ofensiva, hoy el PSOE tenía previsto defender en la comisión de Educación del Congreso –que finalmente se anuló por la coincidencia con el debate de investidura– una proposición de ley para establecer una moratoria para que la actual PAU se mantenga mientras se tramita una nueva ley orgánica de educación que sea consensuada por todos los grupos políticos.

Mientras sucede todo esto en la escena política, el Ministerio de Educación tiene ya lista una orden ministerial, que debe estar aprobada antes del 30 de noviembre, en la que se detalla cómo debe ser exactamente la prueba final de ESO y Bachillerato. La prueba será muy parecida a la selectividad actual, solo que adaptada a los contenidos que ahora exige a los estudiantes la nueva ley de educación, tal y como habían pedido los rectores de las universidades españolas.

Técnicamente no es viable suspender las reválidas por una cuestión de tiempo. Al menos este curso en el que se hacen con carácter experimental y no puntúan –salvo la de Bachillerato para acceder a la universidad–, con lo que el sistema sería el mismo prácticamente que el que teníamos hasta ahora. La dificultad para efectuar cambios de manera rápida radica en que su realización está incluida en la redacción de la ley y, al tratarse de una norma básica, precisaría de una tramitación parlamentaria de al menos nueve meses para incorporar modificaciones.

Pero no estamos lejos de que el panorama pueda cambiar en el futuro en lo que concierne a estas pruebas que tienen como objetivo medir la calidad del sistema educativo español. El pacto de investidura en materia de educación entre el PP y Ciudadanos abre la vía, cuando se forme gobierno, a una renegociación acerca de cómo deben ser estas pruebas.