Mato plantea un «gran acuerdo social» para erradicar la violencia machista

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha expresado hoy la voluntad de llegar a un "gran acuerdo"con fuerzas políticas y agentes sociales para erradicar la violencia machista. Mato se ha reunido con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, para estudiar los casos de mujeres asesinadas este año y para reforzar el sistema de protección con medidas nuevas.

Para ello, el Ministerio convocará a partir de la semana próxima a los grupos parlamentarios, organizaciones sociales, empresariales y sindicales, así como a responsables de grupos de comunicación. El Gobierno y el Poder Judicial han planteado propuestas para impulsar las denuncias contra los malos tratos y reforzar la protección a las víctimas, según ha explicado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, que también ha asistido a esta reunión, junto con la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero.

"Es necesario mejorar la valoración del riesgo"que sufren las víctimas y que su "entorno sea consciente de que es necesaria mayor implicación en la denuncia", ha asegurado Hernández. En el análisis de qué falló en los casos de las once mujeres asesinadas este año que habían denunciado, la delegada del Gobierno ha explicado que en algunos de ellos las órdenes de protección habían finalizado, la valoración del riesgo por parte de la Policía no fue ajustado y en otros el agresor quebrantó la orden de alejamiento.

Blanca Hernández ha destacado la importancia de la nueva tipificación de delitos prevista en reformas que tramita el Gobierno, como manipular los brazaletes y el acecho y hostigamiento a la víctima, además de la medida de libertad vigilada. "Se debe seguir trabajando para facilitar a la víctima el proceso judicial"y para que esté asesorada en la redacción de las denuncias, ha dicho. En el ámbito judicial, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género ha señalado la necesidad de seguir formando a los jueces y magistrados para que dicten más órdenes de protección a las víctimas.