Negociación «in extremis» para desbloquear la Ley de la Naturaleza

La polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que ha puesto de uñas a los agricultores europeos, permanece bloqueada. Aunque el acuerdo definitivo parecía inminente tras la luz verde del Parlamento Europeo en el mes de febrero, el giro repentino dado por Hungría pronunciándose en contra de esta normativa, que inicialmente había apoyado, pone en peligro que pueda salir adelante antes de los comicios europeos del 9 de junio tal y como han constatado los ministros de Medio Ambiente reunidos hoy en la capital comunitaria.

"No sabemos si habrá un acuerdo antes de las elecciones, pero no estamos lejos de la mayoría cualificada", aseguró Alain Maron, ministro belga de cambio climático, al término del encuentro entre los ministros de Medioambiente de la UE. "Estoy profundamente preocupado, no solo por las consecuencias políticas de una no conclusión de este expediente clave, sino por la señal desastrosa que esto va a mandar sobre la credibilidad de nuestras instituciones", apuntó el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius,

Las tres principales instituciones europeas –Comisión, Consejo y Parlamento– llegaron a un acuerdo en el mes de noviembre para recuperar el 20% de las ecosistemas terrestres y marinos dañados para 2030 y todos ellos en 2050. La firme oposición de los agricultores y ganaderos, que consideran que se está poniendo en peligro su modo de vida y la seguridad alimentaria europea, y también del Partido Popular Europeo en la Eurocámara (que finalmente votó en contra) han complicado la tramitación durante estos meses. Sin embargo, después de que la propuesta inicial de la Comisión Europea fuera rebajada en algunos puntos, se esperaba que este pasado viernes los embajadores europeos dieran luz verde como mero formalismo.

Los países que tradicionalmente se habían mostrado en contra de la normativa eran Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia. El cambio de posición de Hungría in extremis ha conseguido lo que en la jerga comunitaria se conoce como «minoría de bloqueo». «Para la Unión Europea sería un enorme fracaso no tener un compromiso de restauración de la naturaleza. La naturaleza no admite pausas recreo, como el cambio climático no admite pausas recreo», aseguró la vicepresidente y ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera antes de la reunión con sus homólogos europeos. En víspera de una nueva manifestación de agricultores mañana en la capital comunitaria, Ribera también aseguró que «sería una enorme irresponsabilidad» que la UE «haga caso a esos que reclaman que la agenda verde se frene o vaya hacía atrás».

Para calmar la ira de los agricultores, el texto final contempla la posibilidad de poner en marcha un freno de emergencia que permite suspender esta nueva legislación durante un año en el caso de los ecosistemas agrícolas, si se producen situaciones de excepcionalidad que escapan al control europeo que supongan consecuencias severas para la seguridad alimentaria. Además, en 2033 la Comisión Europea se comprometió a preparar un informe sobre la aplicación de esta legislación y sus consecuencias para la agricultura, pesca y los bosques europeos así como el impacto económico, lo que puede abrir la puerta a destinar más fondos para el sector.

Actualmente ya existe una legislación denominada Natura 2000 que establece los espacios protegidos y, como modo de que la transición sea más fácil, el acuerdo final permite que hasta 2030 los países europeos prioricen la restauración de los hábitats que ya están incluidos en esta red ya establecida. En la misma línea, los Veintisiete también podrán aminorar el paso para la restauración de las turberas vaciadas utilizadas para la agricultura, de forma que el objetivo sea un 30% en 2030, un 40% en 2040 y un 50% en 2050, aunque aquellos países más afectados podrán rebajar estas cifras. Las turberas son aquellas áreas terrestres con acumulación de material orgánico en el suelo en estado de descomposición. Contribuyen a la lucha contra el cambio climático ya que suponen un sumidero de carbono natural. Su conservación y restauración reduce las emisiones al absorber el carbono de la atmósfera.

Además, este paquete también incluye la obligación de que los Estados miembros pongan en marcha como muy tarde para 2030 medidas para revertir el declive de las especies polinizadoras. A partir de esta fecha, los países europeos deberán analizar los progresos al menos cada seis años. Además, el preacuerdo alcanzado también pide a los países europeos que contribuyan a plantar 3.000 millones de árboles más de aquí a 2030 en todo el territorio comunitario; no reducir espacios verdes en las ciudades y eliminar barreras artificiales de los ríos para que al menos 25.000 kilómetros fluviales estén libres para 2030.