«No quiero ir con mi padre»

MADRID- La presión popular evitó lo inevitable. Unas 500 personas se dieron cita en la mañana de ayer en la puerta de la vivienda de Isabel Monrós en Alboraya (Valencia), para evitar que sus tres hijos, uno de 13 y dos gemelos de 10, fueran entregados a su padre, un empresario hispano-mexicano que reside en el país azteca. Era la última oportunidad de Monrós, una madre desesperada que lucha por que no le arrebaten a sus vástagos. Poco puede hacer. Dos tribunales le han dado la razón al padre, Joaquín Escolano, que ayer acudió a Alboraya a recogerlos.

La situación sobrepasó a todos. Los vecinos intentaron agredir a Escolano, que tuvo que ser protegido por varios agentes en el interior de la vivienda, custodiada por siete guardias civiles y con cuatro Policías en la azotea. La situación era de máxima tensión. Isabel no pudo más y se derrumbó. Tuvo que ser atendida por el médico en varias ocasiones. Los chicos, que no supieron hasta poco antes que ayer venía su padre a por ellos, también sufrieron crisis nerviosas. El mayor, habló por teléfono con uno de los vecinos, que utilizó un megáfono para ampliar sus palabras: «No quiero ir con mi padre». La situación de los menores no es fácil, son los más perjudicados. Llegaron a Valencia hace tres años y llevan tres años escolarizados, han rehecho su vida.

Graves acusaciones

Los abuelos maternos son conscientes de ello y ayer hacían un llamamiento desesperado. Luis Armando Monrós, con lágrimas en los ojos explicó que han sido unos días «muy malos», sobre todo «por los niños», que «tienen terror» y «no quieren ir con su padre», quien les «duchaba con agua fría» y les «limpiaba la boca con estropajo y jabón cuando decían alguna palabra que no le gustara». Los abogados de Monrós han insistido en estas situaciones y vertieron acusaciones muy graves sobre el padre.

Un portavoz del equipo de letrados dijo ayer a LA RAZÓN que «el padre no quiere a sus hijos, los maltrataba y no los quiere. Ha tenido tres años para venir a verlos y sólo lo ha hecho una vez». En este sentido, denuncian que el comportamiento de Escolano ha sido siempre muy malo: «Puso la demanda de separación y no se lo comunicó a ella, que no se pudo presentar a ninguna de las dos vistas. Como él pidió que le dieran la custodia a ella, el juez accedió, pero no se fijó ninguna cantidad de pensión alimenticia. Después la despidió de una de sus empresas y la dejó en la calle». Como cada año «viajó de vacaciones a ver a sus padres en junio de 2010 y se lo comunicó al juez. Una vez en España, decidió quedarse porque en México no tenía de qué vivir».

Esta versión de los hechos contrasta con la decisión de dos instancias judiciales, que actuando en virtud del Convenio de la Haya representaron a la Justicia mexicana, y han sentenciado en favor del padre, por lo que los niños deben de volver a México.

Según argumentan las dos sentencias, nadie puede abandonar un país sin el consentimiento de la Justicia y por ello, el padre de los niños presentó una denuncia de secuestro.

«Respeto a las decisiones»

Aunque Escolano se negó a hablar con los medios, su abogado, Javier Cuesta, ha asegurado que estaba pasando «las peores horas de su vida» y ha pedido «respeto a las resoluciones judiciales» y que no se monte «un circo mediático» por el bien de los menores.

La vía judicial ha llegado a su final y la Audiencia de Valencia tendrá que determinar una nueva fecha para la entrega de los niños. Sin embargo, los abogados de Monrós no pierden la esperanza y preparan su artillería.

«Cuando la audiencia dictó el auto, el 28 de febrero, decidimos acudir a los medios. Ahora estudiamos la posibilidad de hacer público un vídeo de 45 minutos que el padre grabó mientras maltrataba psicológicamente a su mujer», anunció. Asimismo, denunciaron acoso del padre por la presencia de cuatro vehículos de detectives durante los últimos días cerca de la casa de su cliente.

Dos sentencias avalan la decisión

A pesar de que Monrós insiste en que si los niños vuelven a México podía suponer para ellos un «peligro físico, emocional y psicológico» por su «conducta depravada», las estancias judiciales dicen otra cosa. La Audiencia de Valencia argumenta que tras una entrevista con los menores no resulta «un rechazo de plano, ni a la posibilidad de residir en México ni hacia la figura del padre». Así, señala que manifiestan un «comprensible apego» al entorno actual, «sin que comporte un rechazo radical hacia los tiempos vividos». Por ello, La Audiencia consideró que estaba vigente el derecho del progenitor a esas visitas, y el traslado a España de la mujer «frustra toda expectativa de llevarlo a cabo de forma racional», por lo que el caso entra dentro de la aplicación del Convenio de La Haya y los menores deben ser entregados.