Objetivo: 1,5 millones de pobres menos en 2020

El plan presentado por Sanidad pretende dar respuesta al compromiso europeo de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de exclusión social. El Gobierno destinará 17 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil.

¿Han presentado un plan nuevo? ¿Y qué van a hacer?», pregunta al otro lado del teléfono Ramiro Castrillo, director del albergue que gestiona la Fundación de San Martín de Porres. Ellos, mejor que nadie, saben lo que hoy se denomina «sinhogarismo» (traducción directa, y no sé si muy acertada del término inglés «homelessness») y que el Gobierno, con el apoyo de la Unión Europea quiere atajar en la estrategia que están preparando para reducir el número de personas que viven sin el cobijo de un techo. «La estrategia 2020 que impulsa la Unión Europea establece que para esta fecha tendremos que reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de exclusión social», afirma la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Salomé Adroher. Dentro del Plan Nacional de Inclusión Social que presentó ayer la ministra Ana Mato tras su aprobación en el Consejo de Ministros, también se incluye una estrategia específica para luchar contra una cifra que no deja de crecer y que Ramiro conoce bien: «Desde que arrancó la crisis no ha dejado de aumentar el número de personas que se acercan a la Fundación. Tenemos una lista de cien personas y nos vemos obligados a enviarles a otras instituciones», comenta resignado. La organización que gestiona tiene un «leitmotiv» claro: «No ofrecemos una acogida simple, sino que les ayudamos a reinsertarse y a buscar un empleo».

La Fundación ha creado una agencia de empleo que «funciona muy bien», pero que no da a basto porque, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo 3,6 por ciento de las personas sin hogar asegura tener un trabajo. También el INE cifra en cerca de 23.000 personas las que duermen cada día a la intemperie en nuestro país, pero el dato está lejos de la realidad: «Sólo incluye a los que son atendidos en centros de acogida y hay muchos que no están en estas listas», sostiene la directora de Familia. Éstas personas que viven con un estilo más nómada son las que más preocupan al responsable del albergue de San Martín de Porres: «Si no fuera por las campañas de frío que se ponen en marcha ahora, no se qué pasaría con muchas de estas personas, en su mayoría hombres». Y es que, aunque desde su Fundación sigan inventando nuevas fórmulas de ayuda – «tenemos diez pisos de acogida en los que entran tanto mujeres como hombres»– la lucha contra el «sinhogarismo» no es sólo cosa de ONG, la Administración también debe implicarse y entre las iniciativas que plantea el Ministerio y que plantean determinar para el próximo mes de marzo, incluyendo una partida específica para paliar este problema, se incluye crear programas de alojamiento de media y larga estancia, así como crear equipos multidisciplinares ambulantes de atención sociosanitara en la calle. Y es que la persona indigente, como sostiene Adroher «ya no es el señor que ves todo el día tumbado en la calle, sino que, como determina la tipología europea existen cuatro tipos de situaciones y lo que está ocurriendo con los desahucios ha hecho que se incrementen». De acuerdo con la clasificación Ethos, a la que alude la directora, vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja o vivir en una chabola también se considera «sinhogarismo».

Pero además de los 136.600 millones que están destinados a inclusión de 2013 a 2016, Sanidad también ha creado una partida extraordinaria para luchar contra la pobreza infantil, una lacra que en España, según los últimos datos de 2011, afecta a más del 27 por ciento de los niños españoles. Y es que los menores son uno de los grupos vulnerables en los que quiere poner el acento Sanidad. Por eso ha creado un fondo extraordinario de 17 millones de euros para evitar que los niños vivan bajo el umbral de la pobreza: «Queremos reforzar la atención a los hogares con hijos en situación de privación material severa», insiste Adroher. De ahí que además de prestar especial atención, desde la Dirección de Infancia intenten proteger a la familia y crear medidas que ayuden a detener el avance de la pobreza. Así, por ejemplo, una de las medidas que introduce a propuesta de algunas comunidades, es la de incluir dentro de los baremos que se establecen para dar becas en los colegios, la situación de exclusión en la que se podría encontrar el menor. Pero además de los 17 millones, también hay que incluir otros 20 de un Plan de Urgencia Social que está orientado a atender situaciones de extrema necesidad, en especial las que tienen hijos menores.

La lucha contra la pobreza también es cosa de todos los europeos y aunque desde Bruselas hayan puesto fin a la donación de alimentos para los más pobres, la UE ya está trabajando en un nuevo plan, no se llamará Fondo de Alimentos, pero sí luchará contra la pobreza. Se aprobará a lo largo del primer trimestre del próximo año, pero mientras llega el dinero, «para mantener la continuidad del reparto de alimentos», el Gobierno destinará 40 millones de euros sólo para los primeros meses de 2014, ya que Sanidad espera que lleguen unos 85 millones de los fondos europeos.

Las otras dos normas que ya anunció ayer la ministra Mato en las que está trabajando su equipo son la nueva ley del tercer sector y una renovación de la normativa que regula el voluntariado y que se ha quedado anticuada. «Es demasiado rígida y no incluye realidades nuevas que han aparecido en nuestro país», subraya la directora de Familia e Infancia, que está muy implicada en esta última regulación. Del mismo modo en la futura ley de mecenazgo no sólo se incluirán los mecenas de la cultura o de la ciencia, sino que desde Sanidad están impulsando que se incluya el mecenazgo social.

Entre las novedades que quieren incluir dentro de la nueva norma de los voluntarios se recogerán las acciones sin ánimo de lucro que realizan empresas a través de su RSC (Responsabilidad Social Corporativa), el voluntariado digital o el que se realiza en eventos deportivos o de carácter cultural que, «hasta ahora no estaban regulados y cada comunidad autónoma hacía lo que quería».