Las distintas instituciones, cada una a su manera, siguen buscando una solución contra la ocupación ilegal de viviendas, es decir, contra los okupas. La última medida ha llegado desde Extremadura, donde la Junta y los colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz han firmado este lunes "un convenio de colaboración para orientación y asistencia profesional a particulares afectados por la ocupación ilegal de inmuebles destinados a vivienda". Las víctimas podrán solicitar atención de manera gratuita a los abogados ya sea de manera telemática o presencial.

Esta medida puede ayudar especialmente a aquellos propietarios con pocos recursos económicos. Muchos de ellos no pueden recuperar la vivienda por no tener el dinero suficiente para recurrir a un buen asesoramiento. Esto le ha ocurrido a Ana Flor Landa, que se encuentra con su vivienda okupada y está viviendo una pesadilla como revela 'Deia'. Lo que comenzó con un acto de buena fe se ha terminado convirtiendo en un túnel sin salida.

De un acto de buena fe a la okupación

Esta mujer dejó su piso durante dos días a un conocido para que un amigo suyo pudiera alojarse durante dos días porque tenía una oferta de trabajo en Bermeo, el lugar donde ocurrió todo. Ana Flor, que ya les había dejado el coche en una ocasión. La llamaron diciendo que se habían quedado sin gasolina. La okupación se desató días después, la propietaria tenía un viaje y se encontró con la siguiente pregunta: "Si su amigo se podía quedar en el piso dos o tres días en lo que yo me iba de viaje”.

En un acto de solidaridad, Ana Flor les dejó las llaves para hacer una copia. Sin embargo, nunca volvió a recuperar su juego. En ese preciso momento fue consciente de la okupación, que la habían conseguido a base de ganarse su confianza: “Al no traerme la llave les hablé por WhatsApp, yo ya me estaba oliendo algo raro”. La okupación se había realizado ante su sorpresa: “No me imaginaba que se iban a meter en mi casa”.

La estrategia de los okupas para evitar el desalojo

Normalmente cuando alguien comete un delito intenta evitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, en este caso fue todo lo contrario. Los okupas fueron a la Ertzaintza para comunicar que habían alcanzado un acuerdo de alquiler con la propietaria del piso, que como solución cambio la cerradura. En ese momento volvieron a contactar con el cuerpo: “Llamaron a la Ertzaintza para decirles que yo había cambiado la cerradura de casa”.

Su exmarido se implicó para intentar el desalojo e incluso acudió con varios agentes al lugar: “Cuando están dentro ya tenían metidas sus pertenencias, quitadas las mías, a saber dónde estarán, y entonces mi exmarido les dijo que yo no había hecho ningún contrato porque no estaba en condiciones de hacer ningún contrato a nadie”. Conscientes de la situación, la Ertzaintza fue clara: “Ya lo habéis oído, en siete días, fuera”.

Un desalojo que nunca llegó

Esos siete días pasaron y no se produjo el lanzamiento, lo que le obligó a poner una denuncia y afrontar el proceso judicial: “Se han aprovechado de que estoy enferma para dejarme viviendo en la calle”. La situación es crítica porque durante todo este proceso ella ha seguido pagando los suministros: “Me llegan facturas de la luz de 200 euros que no puedo seguir pagando, me estoy endeudando”. Esa primera denuncia fue archivada porque, según ella, los okupas se habían empadronado en el lugar.

Entonces puso una segunda por usurpación, pero tampoco se pudo celebrar el juicio ante la imposibilidad de localizarles. Ana Flor está muy molesta: “Llevan dos años viviendo sin presión de ningún tipo”. Mientras tanto, los okupas aparentaban una normalidad pasmosa, bajando incluso a las juntas de propietarios: "Han tenido hasta esa sangre fría de bajar como propietario”. Según cuenta al mencionado medio, los propios vecinos se pensaban que había vendido el piso. Sin embargo, la situación es bien diferente y solo le queda seguir luchando para recuperar lo que es suyo.