Ordenan reabrir la investigación por agresión a menores en CIE de Valencia

La Audiencia de Valencia ha acordado la reapertura de la investigación por los malos tratos denunciados por unos menores argelinos en el Centro de Internamiento de Extranjeros del cuartel de Zapadores de Valencia en 2012. Según ha informado la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y consta en la resolución judicial aportada, el tribunal considera que los hechos pueden constituir un delito de torturas -artículo 174 del Código Penal-. En este sentido ordena que "al menos"se investigue si alguno de los policías identificados por los jóvenes fue el autor de la agresión ya que en el juzgado en el que se archivó el caso inicialmente "nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor", según consta en el auto de la sección tercera de la Audiencia en el que se admite el recurso de apelación de las víctimas.

Según la citada asociación, los hechos se produjeron el 8 de abril de 2012, cuando cinco inmigrantes que habían llegado a Níjar (Almería) fueron retenidos en el citado CIE "a pesar de que al menos tres aseguraron ser menores de edad". Las mismas fuentes han informado de que, según la declaración de los agredidos, en la madrugada del 28 al 29 de abril, dos agentes de la policía entraron a registrar la celda que compartían con el pretexto de que olía a humo porque estaban fumando. Salieron sin encontrar nada, pero a los pocos minutos uno de los agentes volvió y arremetió contra ellos, les golpeó repetidamente con las manos y con la porra, infligiéndoles contusiones en la cara, cuello, torso y brazos, según denunciaron.

A instancia de las víctimas, el equipo médico y jurídico de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros elaboró un informe sobre las lesiones y presentó una solicitud de habeas corpus en el juzgado para que fueran puestos en libertad porque se produjo una detención ilegal de menores y se vulneró el derecho a la integridad física de estas personas protegido por la Constitución. El 30 de abril de 2012, todos ratificaron ante el juez los hechos, identificaron a los policías que estaban de guardia esa noche y describieron al agresor como un policía con color de pelo "rojo"o "rubio", "grande", de "complexión fuerte"y "con patillas".

Estos inmigrantes fueron expulsados a Argelia días después y la única diligencia judicial practicada desde entonces fue citarles a declarar. Aunque se facilitaron datos para que las víctimas pudieran declarar a través del consulado español en Argelia, el Juzgado de Instrucción número 4 decidió archivar el caso el 19 de septiembre de 2013 sin tomar declaración a las víctimas ni a los policías que estaban de servicio, han indicado las mismas fuentes. La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros valora la decisión de la Audiencia y reclama que en las nuevas diligencias que se practiquen se esclarezcan los hechos "teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias de las víctimas".