Polémica por la elección «machista» de un juez al frente del TSJ de Murcia

La designación del juez decano de Murcia, Miguel Alfonso Pascual de Riquelme, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma, ha originado una notable polémica al entender un grupo de vocales del grupo «progresista» del Consejo General del Poder Judicial –del que forman parte 20 vocales y el presidente– que se había discriminado por el mero hecho de ser mujer a la magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia María Pilar Alonso Saura, quien ocupa en el escalafón más de 1.100 puestos por delante que el elegido. Así, al menos, se recoge en un voto particular, que no fue admitido por presentarse fuera de plazo, encabezado por la vocal que preside la Comisión de Igualdad del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, al que se unieron otros seis vocales.

«De los 17 presidentes de tribunales superiores de Justicia, solo una es mujer, y cuando una magistrada con antigüedad y prestigio sobrados para ocupar una de esas presidencias lo solicita, se ve relegada por un candidato varón» que ocupa un lugar más de mil puestos por debajo en el escalafón de la carrera judicial y carece de la más mínima experiencia en órganos colegiados, lo que constituye, a mi entender, una injustificada e inconstitucional discriminación por razón de sexo» afirma al respecto Martínez de Careaga.

Pero las críticas de la presidenta de la Comisión de Igualdad no viene sólo del nombramiento, sino del hecho de que no se admitiera por extemporáneo el voto particular, en una interpretación «rigorista», y que, en el fondo, constituye un acto de «censura». «Además de una desconsideración a más del cincuenta por ciento de la carrera judicial, integrada por mujeres, a las que no sólo se discrimina en los nombramientos, sino que se deja sin voz, sofocando con razones burocráticas y reglamentistas la legítima expresión de protesta de la Comisión de Igualdad, cuyos integrantes, en su totalidad, suscribieron el voto particular».

Sin embargo, estas críticas de «discriminación por razón de sexo» no son compartidas lo más mínimo por la mayoría del Consejo, quien entiende que primaron los méritos y capacidad y el hecho de que presentara un proyecto de presidencia más «dinámico». En esta línea, Pascual de Riquelme defendió el desarrollo de la implantación de la Oficina Judicial en Murcia, algo que no era muy compartido por la otra candidata. Esta circunstancia fue valorada especialmente por la mayoría de los vocales.

Así, fuentes del Consejo recuerdan que la antigüedad no es el único criterio que debe regir a la hora de un nombramiento y que el actual CGPJ ha elegido para cargos gubernativos a varias mujeres que contaban con menor antigüedad que algunos de sus competidores varones. Éste es el caso de la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, Garbiñe Biurrun, que ingresó en la Carrera Judicial en 1987, cuando uno de los dos aspirantes varones al mismo cargo lo hizo en 1983. La misma situación se dio con la presidenta de la Audiencia de Cáceres, María Félix Tena, que ingresó en la carrera en 1988 y que fue elegida para el cargo frente a candidatos varones que lo habían hecho en 1979 y 1987.