¿Es posible una Selectividad unificada en España?

En los últimos años se viene debatiendo sobre la necesidad de dar una idea de uniformidad a la Prueba de Acceso a la Universidad (con sus múltiples denominaciones). Antes de adentrarnos en su necesidad, resulta necesario ver los principales efectos o justificaciones de la misma, así como las dificultades que conlleva. España se rige por un marco unificado de Educación Superior (universitaria) con una característica muy positiva para los estudiantes y es que pueden seguir sus estudios universitarios en una comunidad autónoma diferente de aquella en la que cursa su Educación Secundaria. Obviamente, esto amplía sus oportunidades laborales, su visión de mundo y, en no pocas ocasiones, les da la ocasión de aprender otras lenguas y conocer otras personas. Esta movilidad geográfica se basa en la nota de acceso a la universidad, que consta de una media de los estudios realizados en Bachillerato, ponderada con la Prueba Final de Bachillerato o la Prueba de Acceso a la Universidad, según se haga en una comunidad u otra. Sin embargo, esto que inicialmente debe ser positivo implica que se den unas pruebas análogas en todas las comunidades para evitar sesgos discriminatorios. En un reciente estudio de tres investigadoras de la UCM (Judit Ruiz, Lázaro Coral González Barbera y José Luis Gaviria Soto) publicado en Educación XX1, una de las revistas punteras españolas de investigación educativa, se mostraba la diferencia entre comunidades en el examen de inglés de la Selectividad. Naturalmente, si hay distintas preguntas, unas van a ser más fáciles que otras y si todos los estudiantes van a supeditar su acceso a la universidad a la nota se están creando de manera directa o indirecta desigualdades no intencionadas, pero sí significativas. Esto nos lleva a una pregunta muy sencilla: ¿todos los estudiantes españoles tienen la garantía, seguridad y posibilidad de acceder a unos determinados estudios en esta o aquella comunidad autónoma en igualdad de condiciones?

Un segundo aspecto a considerar es que, a pesar de la escasez de estudios sobre la llamada Selectividad, puesto que España es prácticamente el país europeo con menos investigación en su proceso de acceso a la universidad, los resultados globales sirven para realizar políticas de mejora educativa. Si los datos no están unificados, ¿se pueden realizar esas mejoras o estamos sujetos a tomas de decisiones educativas aleatorias o subjetivas que decidan los políticos encargados de la gestión educativa? Es evidente que la gobernabilidad en nuestro país raramente pasa por tomas de decisiones basadas en datos y que en esta sociedad en la que quien más grita, insulta o miente parece tener razón no interesa una mejora global de nuestra educación. ¿Por qué? Porque la cultura del esfuerzo y el conocimiento hace a la ciudadanía más crítica con las decisiones que toman los que deberían favorecer a la persona y no a sus fines personalistas incluso cediendo, en no pocas ocasiones, a presiones personalistas en detrimento de la población global. Una mejora educativa siempre redunda en una mejora social, mientras que un empobrecimiento o subjetivismo educativo irremediablemente nos lleva a la división y la distancia social que hace que algunos partidos o políticos individuales obtengan réditos a costa del pueblo al que han prometido servir y favorecer. En una palabra, al descontento social y a la pobreza.

Respecto a la implementación de la prueba, hay ejemplos como la Universidad de Alcalá, donde se realiza una prueba común en Castilla-La Mancha y Madrid, con pequeñas diferencias en asignaturas como Historia de España, pero que, por lo demás, comparten examen. Por tanto, basándose fundamentalmente en un currículo común del 65% que, a pesar de lo que nos tratan de hacer creer, es similar con muy pocas diferencias, muy especialmente en las asignaturas de ciencias, tecnológicas y lengua española. Por tanto, se trata de priorizar la mejora educativa para la ciudadanía y olvidarse de las diferencias y sesgos no pedagógicos. Garantizar la igualdad de oportunidades a la ciudadanía ayuda a mejorar el rendimiento de la universidad, que debe ser el objetivo principal en una sociedad libre y democrática.