Representantes de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) acudieron hoy al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para hacer sus propuestas en el periodo de audiencia e información públicas. La CCS reúne a miembros de la sociedad en el gobierno de la Universidad para su supervisión y control de las actividades de carácter económico y académico, así como del rendimiento de sus servicios. Creada en 2005, agrupa a los Consejos Sociales de 41 universidades públicas españolas e integra también a un número creciente de universidades privadas, en la actualidad 10.

La CCS defiende el derecho constitucional de creación de centros docentes y considera que los requisitos de calidad sean exigentes pero proporcionados, sin convertirse en barreras a la innovación o a la diversidad institucional. Considera que toda universidad debe asumir de forma efectiva sus tres funciones: formación, investigación y transferencia: reducir su papel solo a la docencia compromete su esencia.

La exigencia de ofrecer titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento «puede dificultar la creación de universidades especializadas, que son clave en el nuevo contexto formativo y profesional», indica en un comunicado.

La CCS rechaza que el número de estudiantes matriculados (mínimo de 4.500 alumnos) sea un criterio para mantener el estatus de universidad. Ve que debe primar la calidad educativa, medida por evaluaciones objetivas, periódicas y globales realizadas por agencias independientes.

Asimismo, se opone a que las universidades virtuales deban pasar por un procedimiento distinto a las presenciales que implique la aprobación de las Cortes Generales. Todos los centros deben evaluarse con criterios de calidad, con independencia de la modalidad de impartición.

Respecto a la financiación, celebra la creación de una comisión para avanzar hacia el 1% del PIB, condición indispensable para que las universidades puedan asumir las nuevas exigencias del decreto.

La CCS subraya la importancia de que las universidades publiquen de forma clara sus resultados en docencia, investigación y transferencia, y cuenten con sistemas internos que prevengan posibles irregularidades, especialmente en la expedición de títulos. Esto aumentaría la confianza ciudadana en el sistema universitario y mejoraría su rendición de cuentas.

Las compatibilidades del profesorado son clave por la necesidad de desarrollo normativo y aplicación efectiva. La CCS respalda la limitación de la docencia en universidades privadas por parte del profesorado público a tiempo completo, pero reclama una regulación más clara y mecanismos efectivos de control.

El decreto propone que cada universidad solo pueda presentar cinco nuevas titulaciones por curso y cinco modificaciones. La CCS considera que este límite es poco realista ya que no tiene en cuenta el tamaño, estrategia o madurez institucional de cada universidad. Como alternativas, propone una planificación plurianual coordinada, mayor autonomía para las universidades acreditadas o una redefinición clara de qué se considera una modificación sustancial.

Por su parte, el Foro Emilia Pardo Bazán, que también acudió a la reunión en el Ministerio y que representa a 35 universidades privadas, manifestó a la salida su posición crítica respecto al real decreto. Tras reafirmar su compromiso con la calidad y excelencia del sistema universitario, ve un proyecto que, a su juicio, «no responde adecuadamente a la realidad ni a las necesidades del

sistema universitario en su conjunto».

El Foro considera «inaceptable» la exposición de motivos al considerar que parte de un planteamiento «erróneo» y ofrece una «visión distorsionada de las universidades privadas. Éstas, al igual que las de titularidad pública, contribuyen a la diversidad del sistema educativo ya que garantizan el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior. Además, garantizan el cumplimiento de la misión de la Universidad: docencia de calidad, investigación rigurosa y transmisión del conocimiento», aseguran desde el Foro.

Por otro lado, estas universidades privadas afirman que el proyecto «genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente».