Estatuto Marco

Sindicatos médicos, sobre el Estatuto Marco: "Sanidad se aferra a una regulación coactiva que vulnera los derechos laborales"

CESM y SMA manifiestan su profunda decepción ante el hecho de que el ministerio parezca empeñado en destruir la medicina pública

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La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han expresado su "profunda decepción" ante el borrador presentado por el Ministerio de Sanidad el pasado 21 de mayo para reformar el Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud. Las organizaciones consideran que el documento constituye un ataque directo a los derechos laborales de los facultativos, y lo califican como un intento de "destruir la medicina pública".

Según denuncian, el texto plantea que la distribución del horario del personal facultativo quede supeditada a las “necesidades asistenciales” del centro y a criterios de "flexibilidad", eliminando así cualquier referencia a un horario concreto, sustituyéndolo por una jornada "irregular" que podrían extenderse entre las 7.00 y las 22.00 horas. Advierten que durante ese horario, la dirección del centro podría establecer la jornada ordinaria del colectivo médico y facultativo de forma unilateral, amparándose en su "capacidad de organización y dirección" sin restricciones ni compensación alguna.

La propuesta del ministerio también diferencia la jornada ordinaria de las guardias médicas, pero los sindicatos inciden en que "los términos tan imprecisos que las guardias seguirán siendo una prolongación obligatoria de la jornada ordinaria a bajo coste, unas horas extraordinarias obligatorias y mal retribuidas".

Otro de los cambios destacados del borrador es que la jornada semanal máxima obligatoria se reduce en sólo tres horas, pasando de 48 a 45 horas calculadas en promedio cuatrimestral, lo que, en la práctica, según el sindicato, "seguirá permitiendo jornadas semanales de 60-70 horas efectivas".

Por otro lado, y en lo relativo a la regulación de la jornada de guardia, las organizaciones advierten que la propuesta resulta "abierta y ambigua" . Según denuncian, este modelo permitiría a la dirección del centro fijar cualquier duración y tramo horario para la guardia.

Pese a que el documento contemplan descansos anteriores y posteriores a esta, los sindicatos alertan que bastaría con modificar estos parámetros para anular en la práctica cualquier garantía de descanso. De hecho, consideran que la vaguedad de la norma podrá incentivar la implantación de formas manifiestamente abusivas de la jornada laboral.

Además, los sindicatos subrayan que tampoco aparece regulación alguna en el documento para las guardias localizadas, una modalidad, que según afirman, contraviene a la jurisprudencia europea. Consideran que estas guardias no se reconocen como tiempo de trabajo efectivo y pueden ser impuestas de "manera obligatoria" sin límite en su número ni en su carga de trabajo.

Respecto al periodo de descanso mínimo de 12 horas entre una jornada y la siguiente, CESM y SMA lamentan que quede sujeto a consideraciones organizativas, pudiendo ser anulado cuando “se sucedan, en un intervalo inferior a 12 horas, tiempos de trabajo correspondientes a los diferentes tipos de jornada”. Sin embargo, afirman "sorprenderse", ya que este descanso que el ministerio no está en condiciones de garantizar a sus facultativos se lo exige “a quienes […] ejerzan su actividad fuera de los servicios de salud públicos”. En cuanto al periodo de descanso semanal garantizado, este sigue siendo de sólo 36 horas, acumulable en periodos de 14 días (72 horas).

Sumado a todo lo anterior, las organizaciones sindicales denuncian que el borrador prevé que toda protección laboral de los facultativos en materia de jornada y descanso quede suspendida no sólo en caso de riesgo para la salud pública, como prevé el artículo 29.3 de la Ley 14/1986 General de Sanidad, sino siempre que en un centro se den circunstancias que “imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los recursos humanos disponibles”. Advierten que, dada la generalizada falta de recursos en la sanidad pública, en este momento "cualquier gerente podría suspender los derechos de los facultativos para compensar una falta de recursos que es responsabilidad suya".

Además, el borrador también prevé incrementar la jornada anual en 150 horas adicionales, más allá de las 45 semanales, y "aunque el trabajador habrá de dar su consentimiento, no parece difícil imaginar situaciones de presión en las que este carecerá de valor" También se contempla solicitar informes de las unidades de PRL en diversos supuestos de sobrecarga laboral, pero "ni se especifican debidamente estos supuestos ni se establecen medidas de obligado cumplimiento que protejan la salud de los profesionales".

En definitiva, CESM y SMA denuncian que el ministerio se está aferrando a una"regulación coactiva, que pisotea los derechos laborales de sus facultativos y que supedita su ejercicio a las necesidades funcionales y organizativas del centro". Así, consideran que el borrador para modificar el Estatuto Marco "pretende paliar las carencias estructurales de la sanidad pública y la falta de inversión por medio de un recorte brutal de los derechos laborales del facultativo, algo absolutamente inaceptable, que sólo incrementará su huida hacia el sector privado".

Ambas organizaciones insisten en que "el ministerio debe garantizar los derechos laborales de todos los facultativos", garantizando sus descansos, fijando una jornada ordinaria estable y estableciendo para el resto de la actividad programada y urgente una regulación igualmente clara, basada en criterios de voluntariedad y con una retribución justa. "Si no lo hace, será el único responsable de una grave escalada de la conflictividad laboral en la medicina pública", advierten.