El Institute of Oncology (IOB), uno de los principales centros privados de oncología de Cataluña, ha optado por no tomar ninguna medida respecto a Enriqueta Felip, a pesar de las dudas sobre la compatibilidad de sus cargos. Del IOB forman parte tanto el oncólogo Josep Tabernero, envuelto en el caso Cellex, como su número dos, Felip.

Preguntados por LA RAZÓN, desde la dirección del IOB aseguran que no tienen "nada que comentar" y que "no van a tomar ninguna medida" en relación con el caso. Esta respuesta cierra filas con la doctora y mantiene intacta su posición dentro de la institución, a pesar de la investigación abierta por la Generalitat por una posible incompatibilidad entre sus responsabilidades públicas y privadas.

Enriqueta Felip ocupa actualmente varios puestos clave en el ecosistema oncológico catalán. Es jefa de la Unidad de Tumores Torácicos, de Cabeza y Cuello, y directora clínica del Programa de Investigación del Cáncer Torácico en el Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO), una fundación privada ubicada dentro del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, centro público del Institut Català de Salut. A ello se suma su presencia, desde 2019, en el consejo de administración de Grifols, la multinacional farmacéutica catalana que suministra productos y servicios al propio hospital.

Según confirmó la Generalitat a este diario, actualmente se está analizando si la doctora Felip puede compatibilizar sus funciones públicas con su participación en el órgano de gobierno de una empresa privada del sector. En concreto, se está estudiando si su puesto en Grifols, con el que ha percibido al menos 650.000 euros desde su incorporación, incurre en un conflicto de intereses al tratarse de una compañía proveedora del hospital donde ella ejerce un rol directivo.

Desde el Hospital Vall d’Hebron trasladaron a LA RAZÓN que es responsabilidad de cada trabajador solicitar la compatibilidad cuando asume cargos externos. "El hospital informa periódicamente de la obligatoriedad de pedir la compatibilidad. Es potestad de Función Pública otorgarla", señalan fuentes oficiales.

Sin embargo, el caso ha reavivado el debate sobre la cotidianidad con la que figuras del sistema sanitario catalán compaginan diversos cargos del mismo sector tanto en centros públicos como en entidades privadas más especializadas. De este modo, combinan sus actividades y reciben ingresos por más de una vía profesional y, en ocasiones, siendo unas proveedoras de otras.

El caso de Enriqueta Felip se enmarca en una red compleja de relaciones entre instituciones públicas, fundaciones mixtas y empresas del sector salud. Aparte de sus cargos en el Vall d’Hebron y Grifols, la doctora forma parte del equipo médico estable del IOB, centro privado de oncología integrado en el grupo Quirónsalud, que proyectó en 2024 una facturación de hasta 15 millones de euros. En este centro, Felip ejerce labores clínicas y participa en decisiones asistenciales.

Aunque su rol mediático no es tan visible como el de su superior, el doctor Josep Tabernero, envuelto actualmente en el "caso Cellex", su figura goza de gran prestigio en el ámbito de la oncología de precisión. Tabernero, además de ser director del VHIO, es también director del IOB, reforzando así su presencia simultánea en instituciones públicas, privadas y en proyectos financiados por patronos del sector farmacéutico.

El caso Cellex investiga la presunta apropiación indebida del legado del empresario filántropo Pere Mir, fundador de la Fundación Cellex, quien donó importantes recursos para impulsar la investigación biomédica en Cataluña. La polémica gira en torno a los fondos gestionados por el entorno de Tabernero, y la presunta desviación de parte del patrimonio donado. La causa sigue abierta y podría comprometer la imagen de algunos de los actores clave del ecosistema biomédico catalán.

La doble presencia de Tabernero en el VHIO y en el IOB lo sitúa como una de las piezas centrales del entramado que permite la circulación de talento, influencia y recursos entre el sector público, el privado y las multinacionales del medicamento. Su caso, al igual que el de Felip, plantea serias dudas sobre los límites éticos y legales de estas superposiciones.

El silencio del IOB

El papel del IOB en este caso cobra especial relevancia. Se trata de un centro de referencia en tratamientos oncológicos personalizados, con sede en Barcelona y Madrid, que atiende a miles de pacientes cada año y cuenta con una sólida proyección económica. Pese a ello, el instituto ha decidido mantenerse al margen del debate sobre la compatibilidad de Felip, optando por cerrar filas en lugar de abrir una investigación interna o revisar su situación.

"No tenemos nada que comentar", señalaron a este medio desde la dirección del IOB, rechazando valorar la conveniencia de que una de sus oncólogas de referencia mantenga cargos simultáneos con una farmacéutica que factura al sistema público. Tampoco aclararon si el centro ha evaluado posibles implicaciones éticas o reputacionales derivadas de esta situación.

Una estructura blindada

Desde algunos sectores se apunta a la opacidad del sistema como uno de los factores que permiten estas situaciones. El Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), aunque se define como fundación privada, está alojado dentro de un hospital público y se financia en parte con dinero del Estado.

Esta fórmula híbrida dificulta el control sobre los conflictos de intereses y permite a sus responsables mantener relaciones contractuales con entidades externas sin supervisión directa del sector público. El propio VHIO defendió en declaraciones a este medio su naturaleza privada, argumentando que su gestión no se rige por los mismos criterios que los organismos públicos. Sin embargo, tanto Felip como Tabernero mantienen un pie en ambas orillas: en el sector público, en el privado y en el corporativo, con todo lo que ello implica.

El caso de Enriqueta Felip, hasta ahora relativamente desconocido fuera del entorno sanitario, se suma así a la creciente inquietud por la presencia de figuras médicas de alto perfil en puestos clave de empresas del sector farmacéutico. La Generalitat ha confirmado que se encuentra recabando información para determinar si existe o no un incumplimiento legal. Mientras tanto, el IOB ha decidido dejar pasar el tiempo.