Trabajos sociales para alumnos rebeldes

Los estudiantes expulsados de los institutos de la Comunidad Valenciana limpiarán calles y atenderán a ancianos

«La clase». Fotograma de la película que refleja el esfuerzo de los profesores por integrar en los centros a estudiantes conflictivos
«La clase». Fotograma de la película que refleja el esfuerzo de los profesores por integrar en los centros a estudiantes conflictivos

La expulsión temporal del centro educativo es una de las estrategias que utilizan los institutos para mantener la disciplina. Valencia estudia que los niños expulsados realicen servicios sociales durante esos días.

La expulsión temporal del centro educativo es una de las estrategias que utilizan los institutos para mantener la disciplina. Se aplica por faltas de respeto al profesor o maltrato a otros alumnos, por deterioro grave de las instalaciones, por utilizar el teléfono móvil en el aula o cuando se descubre a un estudiante fumando porros, por poner algunos ejemplos, ya que los motivos están regulados dentro de las normas de convivencia de cada centro. La Comunidad Valenciana no está convencida de la eficacia de que mandar a un niño a casa por haber cometido una infracción grave en el centro sea una medida suficientemente efectiva, por eso ha ideado la posibilidad de que los alumnos que son expulsados por la dirección puedan realizar trabajos sociales durante esos días.

Así, tiene previsto firmar convenios con los ayuntamientos para que oferten opciones para estos estudiantes «rebeldes» que pueden abarcar desde la limpieza de las calles hasta el cuidado de ancianos, dependiendo de las alternativas que cada consistorio ofrezca. «El objetivo no es otro que intentar disuadir de un mal comportamiento, porque si el estudiante se acaba quedando en casa no se evita que pueda reproducir una mala conducta, no ayuda a recapacitar al alumno», explicó a LA RAZÓN Beatriz Gascó, directora general de Innovación, Ordenación y Política Lingüística de la Generalitat.

La iniciativa se enmarca dentro del plan que pondrá en marcha la Administración educativa el año que viene para luchar contra el abandono escolar. Contempla la posibilidad de que padres y profesores puedan firmar un contrato familia-tutor de forma voluntaria, con objetivos específicos que conseguir por cada alumno y en el que una de las cláusulas será la posibilidad de realizar estas labores sociales en el caso de la expulsión.

Gascó manifestó que la Generalitat va a ponerse en contacto con los ayuntamientos para la firma de convenios que permitan poner a disposición la cartera de labores que estos estudiantes podrán realizar. «También pretendemos que la dificultad del trabajo tenga que ver con la gravedad de los actos cometidos», añadió la responsable valenciana. La iniciativa toma como referencia una experiencia piloto que se ha llevado a cabo en Torrent, donde los alumnos de Secundaria amonestados y expulsados realizan visitas guiadas a bibliotecas municipales y se les motiva para mejorar su rendimiento académico y reorientar su conducta en el aula a través de los libros.

La medida ha sido muy bien vista por parte de distintos expertos educativos y profesionales de la educación. Rafael Robles, profesor de Educación Secundaria en Castilla-La Mancha, es de los que piensa que «expulsar no es educar», por eso es partidario de otras medidas que hagan reflexionar a los alumnos de una manera eficiente. «La expulsión sólo es eficiente si humilla, pero la humillación la sienten quienes ya están arrepentidos de su error, por tanto es innecesario echar más leña la fuego. Al resto les da igual o directamente se alegran de no verse obligados a asistir a clase. Esta es la razón que convierte la expulsión en un acto coercitivo sumamente injusto e inefectivo que debería ser evitado en el ámbito educativo».

El vicepresidente de CECE, la patronal de la escuela privada, y director del colegio madrileño Tajamar, Alfonso Aguiló, cree que «la expulsión es una medida que no gusta a nadie, pero muchas veces es la única solución posible ante determinados comportamientos. El hecho de que estos alumnos puedan hacer trabajos sociales es una buena idea, porque muchas veces se manda a un alumno a casa, pero sus padres no pueden atenderle, si trabajan».

Ricardo Moreno, catedrático de instituto cree que iniciativas como la valenciana pueden llegar a ser muy efectivas teniendo en cuenta que ha aumentado la conflictividad en las aulas y que ahora se recurre más a medidas como la expulsión. «Desde los años noventa, en que fue aprobada la Logse, puesta en marcha por el PSOE, bajó el nivel de conocimientos y aumentó el de mal comportamiento». Moreno es de los que opina que muchas veces los menores ven la expulsión como un premio. «Se deberían dar opciones de FP a más temprana edad para evitar el mal comportamiento de jóvenes que no quieren estar en clase». Luis Carbonel, presidente de la asociación de padres Concapa, también cree que la medida valenciana «es positiva siempre que al final hacer una labor social no se confunda con algo no deseable».

De expulsado a voluntario en Málaga

Iniciativas como la de la Comunidad Valenciana tienen como antecedentes actuaciones similares, aunque puntuales, que se realizaron en 2010 entre cinco institutos de Málaga con la organización no gubernamental OSAH. En ese año, una veintena de estudiantes participaron en el programa «Alternativa a la expulsión» que puso en marcha la ONG. Los alumnos colaboraron en el reparto de alimentos a familias necesitadas, la recogida y distribución de ropa usada o la preparación de campañas de sensibilización. El objetivo era que los alumnos no entendieran la expulsión de los centros como un premio por el hecho de no tener que ir a clase. Muchos se hicieron voluntarios.