Volkswagen
Usted puede denunciar la contaminación
Tanto los dueños de vehículos afectados por Volkswagen como los no propietarios pueden querellarse contra la firma automovilística. La Fiscalía de Medio Ambiente avisa de que se puede denunciar a los ayuntamientos que no actúen contra la polución o lo hagan tarde
Tanto los dueños de vehículos afectados por Volkswagen como los no propietarios pueden querellarse contra la firma automovilística
La contaminación atmosférica causa casi 450.000 muertes prematuras cada año en Europa. En España, 26.800, según el último estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Presionar a los gobiernos para que se respete el derecho a respirar aire limpio no está aún en el orden del día en nuestro país. Pero los ciudadanos sí pueden denunciar la contaminación, ya sea por los gases de más generados tras el escándalo de Volkswagen como por la aplicación tardía del protocolo. De hecho, Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) ya han presentado una denuncia contra la firma alemana, y en el caso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han llamado «a la movilización contra la gran mentira de Volkswagen».
«Es más fácil denunciar a una empresa tipo Volkswagen que a los ayuntamientos», explica la abogada Pilar Martínez. En el caso de la firma automovilística, «el ciudadano puede denunciar vía penal dos tipos de delito que pueden darse en este caso: estafa y delito medioambiental. Otra modalidad es reclamar indemnización por el perjuicio causado al tener que adaptar el coche a la normativa, que habría que hacerlo vía civil al ser una demanda por responsabilidad civil», precisa. Pero mientras que «la denuncia por estafa y por responsabilidad civil sólo la pueden poner los ciudadanos propietarios de un vehículo trucado, cualquiera puede denunciar el delito medioambiental», aclara la letrada de Pilar Martínez Abogados. Eso es porque, en este último caso, todos los ciudadanos se han visto afectados por el aire que respiran.
Pero, y aunque sea más difícil de demostrar, también se puede denunciar a los ayuntamientos cuando se superen los límites legales de contaminación establecidos por la directiva europea de calidad del aire. También si se aplica el protocolo de forma tardía. «A medida que vaya habiendo normas que determinen cuáles son los criterios a utilizar en caso de contaminación, como en Madrid y en Barcelona, si estas normas se infringen el ciudadano está en condiciones de exigir el cumplimiento de las normas o de que se proceda contra aquél que tiene que aplicar las normas y no lo hace», afirma Antonio Vercher, director de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, momentos antes de recibir el Premio de la Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad.
«El ciudadano puede denunciar que el protocolo anticontaminación se ha aplicado tarde tanto en vía administrativa, si ha habido incumplimiento de alguna norma, o en vía penal, si hubiese algún hecho susceptible de ser calificado como delito ecológico», precisa Martínez.
En cuanto a posibles indemnizaciones, como sucede en otros casos en los que hay delito ambiental como la contaminación acústica de un vecino, lo cierto es que «con la simple denuncia un ciudadano no tiene derecho a indemnización. Primero tendría que demostrar el perjuicio individualizado que ha sufrido, el importe económico de dicho perjuicio y la relación causa-efecto entre un acto culpable o doloso o negligente por el Ayuntamiento que provocase la contaminación y el resultado de la contaminación en sí», explica la abogada.
Martínez precisa que el problema es que el Ayuntamiento «no es la causa directa de la contaminación, sino que es la difusa, la provocada por los vehículos. De ahí la dificultad» para que el juicio llegue a buen término.
En cualquier caso, «incluso puede darse el caso de prevaricación por parte de la autoridad o el funcionario que, con pleno conocimiento de la situación, aplique intencionadamente mal la norma. Es decir, si alguien les ha comunicado el alto riesgo de contaminación y no aplican el protocolo puede haber delito ambiental por lo que se puede interponer una denuncia o una querella», recuerda la abogada. En cuanto a las multas, que en el caso de Madrid, la alcaldesa ya dijo que el Consistorio va a tener presente la situación de «emergencia» derivada de la aplicación del protocolo, Martínez explica que «si los ciudadanos no han sido debidamente advertidos podría ser prevaricación y respecto a si no se ha avisado con el suficiente tiempo de las posibles multas habría que analizar los términos de cada norma en cuestión».
Un nuevo movimiento europeo
Pero aunque hoy sea más difícil demostrar el delito ambiental del Ayuntamiento que de Volkswagen, lo cierto es que la situación podría cambiar. Porque lo cierto es que se está produciendo un movimiento en Europa sin precedentes. Aunque la noticia pasó desapercibida en la Prensa española, el pasado jueves la organización de abogados ambientales ClientEarth y Deutsche Umwelthilfe (DUH) lanzaron la oleada más grande de demandas de contaminación del aire contra los estados federales de Alemania. Ambas organizaciones han demandado a cuatro estados federales que son responsables de la gestión de la calidad del aire en diez ciudades alemanas, donde se superan, y por ende se incumplen, los límites legales establecidos por la directiva europea sobre calidad del aire. Y es que después de que ClientEarth ganase un caso similar contra el Gobierno de Reino Unido el pasado mes de abril, se empieza ya a hablar de un movimiento en contra de la polución.
«Nuestro caso fue el mayor fallo sobre la contaminación del aire en Europa hasta la fecha debido a que el tribunal dictaminó que el Gobierno de Reino Unido tuviese que tomar medidas contra la polución en 16 áreas geográficas. Pero hubo casos anteriores en Alemania», precisa Jon Bennett, portavoz de ClientEarth. En concreto, la sentencia histórica de la Corte Suprema de Reino Unido falló, por unanimidad de los cinco jueces, que el país debía poner en marcha nuevos planes contra la contaminación antes de que acabase el año. Gracias a esta presión por varios grupos locales y ONG como ClientEarth al alcalde londinense, «en 2020 entrará en vigor en la ciudad una zona ultra baja de emisiones, por la que se cobrará a todos los vehículos salvo a los más limpios para entrar en el centro de Londres. Una carga económica que se sumaría al ‘‘impuesto’’ para evitar la congestión que, desde hace años, ya están obligados a pagar», explica Bennet.
«La contaminación del aire causa más de 400.000 muertes prematuras en Europa cada año y contribuye al desarrollo de enfermedades respiratorias graves. La salud de las personas está en riesgo. Por eso los ciudadanos deben denunciar e instar a las autoridades a que tomen medidas para reducir la contaminación del aire tan pronto como sea posible». Y es que, como recuerdan desde ClientEarth, «la contaminación del aire es un problema no sólo desde el escándalo de los diésel. Los límites de emisiones establecidos en la UE se han superado durante años sin que se adopten medidas efectivas por parte de las autoridades». En España, Ecologistas en Acción lo ha intentado en tres ocasiones al denunciar el incumplimiento de la directiva de calidad del aire, pero «en todas ellas se rechazó la demanda», precisaron.
La Fiscalía medirá las emisiones y las ondas
La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo va a «destinar íntegramente los 250.000 euros del Premio –otorgado por la Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad– para adquirir vehículos equipados para medir la contaminación del aire y la contaminación de ondas electromagnéticas», aseguró el fiscal. Antonio Vercher está convencido de que estos nuevos equipamientos ayudarán en este tipo de casos «porque hasta ahora disponemos de bolígrafos, gomas de borrar, papel, ordenadores... pero a parte de esto no tenemos ni equipos para medir la contaminación del aire ni nada por el estilo, por lo que lo teníamos complicado. Una vez adquiridos los equipos, los vehículos se van a dejar en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que, en nombre de la Fiscalía y dentro de las investigaciones que hacemos, hagan su labor y practiquen las investigaciones procedentes».
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