Ya no decides tu voto. Las redes sociales lo hacen por ti

Facebook, Twitter, Google y YouTube se han convertido en las principales vías de desinformación. El Congreso de EE UU ya investiga las noticias falsas, mientras Alemania y Rusia elaboran normas para sancionarles con hasta 50 millones de euros.

Cuando se construyó la primera línea de larga distancia transatlántica en 1915, costaba unos cuatro euros hacer una llamada telefónica de un minuto. En valores actuales eso sería más de 120. Esto explica por qué sólo los muy ricos podrían aprovechar la tecnología y eran quienes recibían primero las noticias del «otro lado del charco». Precisamente sobre aquellas mismas líneas se fundaron las comunicaciones entre las naciones actuales, no sólo por teléfono, sino también por medio de Internet, un medio esencial para recibir información y tomar decisiones. Sobre todo porque parece gratuito... pero tiene un precio.

De acuerdo con Eileen Donahoe, directora del Centro de Global de Políticas Digitales de la Universidad de Stanford y antigua embajadora del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, «las democracias actuales se enfrentan a una amenaza existencial: la información se está armando contra ellas con herramientas digitales. Para que una democracia funcione, los ciudadanos libres y bien informados deben participar activamente en el discurso cívico. La desinformación digital está destruyendo el compromiso democrático de esos ciudadanos».

¿Qué constituye, entonces, una buena información? Muy buena pregunta. En una época de extensa pluralidad y amplia fuentes de datos, los ciudadanos pueden acceder a decenas de recursos informativos. Pero el ganador, por amplio margen, es Internet, específicamente las redes sociales. Según un estudio, también de la Universidad de Stanford, dos de cada tres personas se informa a través de sitios como Twitter o Facebook. Y allí las noticias falsas han encontrado un nicho muy fructífero. El informe de Stanford señala que durante la pasada campaña electoral para la presidencia de Estados Unidos, detectaron 115 historias falsas pro-Trump que fueron compartidas en Facebook un total de 30 millones de veces, y 41 a favor de Clinton, que alcanzaron las 7,6 millones de repercusiones.

Las campañas de desinformación y de publicación de noticias directamente falsas se han llevado a cabo no sólo en Estados Unidos, también en los momentos previos al Brexit, en las elecciones de Francia y, el último caso es Cataluña. Pero el problema es mucho mayor que la desinformación o las noticias falsas y confronta a la democracia directamente con la tecnología.

La tan mentada intromisión de intereses rusos en las elecciones estadounidenses, por medio de «bots» que publicaban noticias o retuiteaban información «ad infinitum», habría tenido el propósito de desestabilizar al Gobierno. Lo mismo con Francia, la salida del Reino Unido de la UE y ya algunos señalan un teatro similar en cuanto a Cataluña.

Y como prueba señalan a Facebook (incluyendo Instagram), Twitter y Google (con YouTube incorporado) que en breve tendrán que presentarse en el Congreso de Estados Unidos para explicar posibles «amistades peligrosas». Facebook, por ejemplo, se ha manifestado a través de un «post» de su vicepresidente de políticas y comunicaciones, Elliot Schrage, quien señaló que han entregado a las autoridades cerca de 3.000 anuncios «centrados en mensajes sociales y políticos divisorios», como cuestiones vinculadas a la inmigración, derechos de armas y temas LGBT. En total, según Schrage unos 10 millones de personas habrían visto estos anuncios en Facebook.

Por su parte Google también ha sido emplazado para declarar. Teniendo en cuenta que el buscador se lleva el trozo más grande del pastel publicitario on-line y que YouTube es el sitio de vídeos más grande del mundo, descubrir que este conglomerado recibió grandes sumas de dinero de fuentes rusas a cambio de publicidades similares a las antes citadas, ya no es una sorpresa.

Finalmente está Twitter. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford afirma que trols rusos y otras cuentas simpatizantes del Kremlin estaban publicando desinformación en flujos de contenido on-line destinados específicamente al personal militar estadounidense y veteranos, tanto en Twitter como en Facebook. Según los autores, las noticias falsas se mezclaban con una amplia gama de contenido legítimo consumido por veteranos y personal de servicio activo en sus canales de noticias de Facebook y Twitter. Los usuarios leían y compartían estos artículos que giraban alrededor a diferentes teorías conspiratorias, como que la familia Rothschild está detrás de un gobierno mundial.

El estudio examinó un total de siete millones de tuits publicados entre el 1 y el 11 de noviembre de 2016. Los resultados mostraron que un 20% de ellos eran noticias falsas y otro porcentaje similar estaba vinculado a teorías de la conspiración. El Congreso de Estados Unidos ha informado de que al menos 200 cuentas de Twitter tenían algo que ver con esto. Muchas de ellas ya han sido prohibidas. El «problema» es que Twitter permite que los usuarios oculten su verdadera identidad. Si es grave o no, ya lo están juzgando algunos gobiernos.

Recientemente Alemania ha publicado una nueva ley, la NetzDG, también conocida como la Ley de Cumplimiento de las Redes o de medios sociales. Su objetivo es erradicar el discurso de odio y la propaganda (política) en las plataformas digitales. Impone multas bastante fuertes (hasta 50 millones de euros) por no haber eliminado el contenido «evidentemente criminal» dentro de las 24 horas de su publicación. La motivación de esta legislación es proteger la calidad del discurso necesario para sostener la democracia, pero puede encontrarse con un problema muy grave. Es innegable el peso que tienen las redes sociales en lo que a información respecta. Lo mismo ocurre con la expresión ciudadana. En este último sentido, Twitter y Facebook (y en menor medida YouTube) se han convertido en una suerte de plaza del pueblo donde se discuten los problemas. Pero lo que los usuarios vemos está pautado por un algoritmo específico que es el que determina con quién contactamos, qué leemos y qué opiniones escuchamos. Y esto es una incógnita en muchos sentidos. La ley alemana NetzDG le da el poder a las plataformas sociales para determinar qué constituye un crimen y en ese camino es fácil caer en la censura, sobre todo para no pagar una multa tan cuantiosa. Y al hacer esto borra de un plumazo uno de los ejes centrales de las redes sociales como fuente de información: garantizar el libre flujo de noticias y opiniones. Se trata de un conflicto, uno de los primeros en los que el Estado se encuentra tan huérfano de opinión que recurre a la ayuda de empresas privadas, que tampoco saben muy bien qué hacer.

La ley es de un contenido tan discutible que ya ha sido utilizada como modelo por Moscú para sus propios propósitos, en un evento que podría llamarse «dime quién te copia y te diré qué has hecho». Dos semanas después de que las autoridades alemanas aprobaran la ley, la Duma rusa propuso su propio proyecto...y lo de propio debería ir con comillas ya que el proyecto contiene referencias directas a la NetzDG germana.

En los gobiernos democráticos, la tecnología está teniendo un peso tan relevante que el voto, como medida de decisión, ya no es tan importante, pues se está demostrando que en algunos escenarios es fácil influir en ellos, no ya por la Prensa, sino por intereses políticos ajenos al gobierno que se encuentra en elecciones.

Hoy, los mismos algoritmos que han hecho que Google sea un imperio, que han catapultado a Facebook y encumbrado a Twitter, son usados por otros para llevarnos por sus propios caminos. Si las matemáticas tienen sus propias leyes, quizá ya es hora que los algoritmos también comiencen a estar legislados.

Votar por ordenador y con el móvil

Desde 2005, Estonia ha llevado a cabo con un éxito importante sus elecciones directamente desde la Red. Si bien es cierto que no todos recurren al voto electrónico, las cifras no son tan reducidas como se podría pensar:Un tercio de los votantes lo hacen desde su casa. Lo llamativo es que casi la mitad de ellos tienen más de 45 años, algo que demuestra que no sólo se trata de una medida popular entre los «nativos digitales», sino que abarca todo el espectro social.

Para votar allí basta descargarse el programa correspondiente, completar la información personal y enviar el voto, algo que se puede hacer hasta siete días antes de las elecciones. De hecho, se puede cambiar cuantas veces se quiera, el último que valdrá será el del día de votos oficiales, en esa jornadas solo puede enviarse una papeleta. ¿Es seguro? Para garantizar que ningún hacker cambie los votos, los ciudadanos se descargan también una aplicación en su móvil. Solo se puede votar desde un ordenador y la app del smartphone sirve para controlar que el voto registrado corresponde con el enviado. Además los votos están encriptados.