La batalla por el poder en el grupo Prisa ha dejado de ser un asunto corporativo para convertirse en un conflicto con implicaciones mediáticas y políticas de gran calado. Los llamados “rebeldes”, un bloque de accionistas afines al Gobierno, están maniobrando para desplazar a Joseph Oughourlian de la presidencia del grupo, en una ofensiva que podría redefinir tanto la dirección editorial de cabeceras clave como El País y la Cadena SER, como el futuro del nuevo canal de TDT que se encuentra en plena fase de gestación.

El proyecto, liderado por José Miguel Contreras, se había perfilado como una pieza esencial en la estrategia del Ejecutivo para reforzar su presencia mediática. Sin embargo, la operación se ha visto “enfriada” en los últimos meses, debido a la incertidumbre que genera la guerra de poder en el seno de Prisa. El Gobierno, que en un principio parecía dispuesto a acelerar la concesión del canal, ahora prefiere esperar a que se resuelva esta contienda interna antes de mover ficha.

El núcleo duro de los “rebeldes” está formado por figuras como Andrés Varela Entrecanales y accionistas relevantes como Global Alconaba (7,1% del capital), Adolfo Utor (5,4%) y Diego Prieto (3,1%). A este bloque se suman los herederos de Jesús de Polanco, que controlan un 7,6% de las acciones, y la esperanza de atraer a pesos pesados como Carlos Slim y Roberto Alcántara. Aunque juntos suman oficialmente el 15% del capital, en el mercado se especula que su influencia podría ser mucho mayor, gracias a pactos discretos con otros inversores.

El objetivo es claro: alcanzar un 40% del accionariado y controlar la mayoría del consejo de administración, compuesto por 15 miembros. Con ese respaldo, buscarán nombrar a un nuevo presidente que esté alineado con los intereses del Gobierno y que permita desbloquear proyectos estratégicos que, bajo la gestión de Oughourlian, han quedado estancados.

El propio Oughourlian, que mantiene un 29% del capital, se ha convertido en el epicentro de las críticas. A pesar de ostentar un cargo de presidente no ejecutivo, sus detractores le acusan de actuar como un consejero delegado en la sombra, bloqueando iniciativas y gestionando la deuda del grupo —que asciende a 816 millones de euros— de manera opaca. Esta concentración de poder ha sido vista como un obstáculo para la renovación del grupo y, en particular, para el esperado canal de TDT, que se concibió como un espacio clave para contrarrestar la hegemonía mediática de la derecha.

El conflicto es una carrera contrarreloj. Los “rebeldes” aspiran a materializar el cambio de liderazgo antes del verano. Si logran el apoyo suficiente, Oughourlian podría verse obligado no solo a abandonar la presidencia, sino también a vender su participación, lo que abriría la puerta a una reconfiguración del grupo más favorable a los intereses de La Moncloa.

Mientras tanto, el Gobierno observa el tablero con cautela. La lucha por Prisa no solo definirá el futuro de un gigante mediático, sino que también tendrá un impacto directo en la oferta audiovisual del país. La concesión del canal de TDT estancada por la crisis interna, es solo la punta del iceberg de un conflicto donde se juega mucho más que una simple frecuencia televisiva: está en juego el control de la narrativa mediática en un contexto de polarización creciente.

Lo que comenzó como una disputa corporativa ha escalado hasta convertirse en una batalla de poder con múltiples frentes abiertos. El desenlace podría no solo reconfigurar el futuro de Prisa, sino también redefinir el equilibrio mediático en España durante los próximos años.