Opositores del examen filtrado reclaman a RTVE 26.258 euros

El pasado 29 de septiembre de 2024, RTVE se vio obligada a suspender el examen de oposiciones para la categoría de informador tras detectarse la filtración de más del 80% de las preguntas. La alerta fue dada por un miembro del tribunal antes de que se iniciara la prueba, lo que llevó a la cancelación inmediata del proceso.

La prueba estaba programada para celebrarse en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y contaba con 5.028 aspirantes convocados. Muchos de ellos ya se encontraban en el lugar cuando se tomó la decisión de suspender el examen, lo que les generó gastos en desplazamiento, alojamiento y manutención, especialmente para aquellos que se trasladaron desde fuera de Madrid. En la Comisión de Control a RTVE en el Senado, José Pablo López, director de Contenidos Generales de RTVE, ha asegurado que se buscará compensar a los opositores afectados. Hasta el momento, se han recibido 652 solicitudes de devolución de gastos, que en conjunto suman un total de 26.258 euros. "Los opositores tienen derecho a que se les compense. Estamos buscando la fórmula legal para hacerlo y lo vamos a hacer", ha afirmado López, al tiempo que ha explicado que la corporación está evaluando las vías legales para asumir estos costes sin que ello afecte su situación procesal, ya que RTVE es parte en un proceso penal derivado de la filtración.

Por otra parte, la investigación sobre la filtración del examen ha llevado a la imputación de dos trabajadores vinculados al sindicato UGT, quienes están acusados de un presunto delito de revelación de secretos. Uno de ellos fue detenido el 18 de octubre de 2024 y posteriormente puesto en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar. Mientras tanto, RTVE ha tomado medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión de uno de los implicados mientras avanza la investigación. Como parte del proceso judicial, varios trabajadores de RTVE han sido citados a declarar en calidad de testigos para esclarecer lo sucedido. Además, sindicatos como USO y CCOO se han personado como acusación particular en el caso, exigiendo una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades. Sin duda alguna, el caso ha generado un importante revuelo dentro y fuera de la corporación, ya que ha puesto en entredicho la transparencia y seguridad en los procesos de selección de personal. Mientras se resuelve el procedimiento judicial, RTVE continúa evaluando las formas de compensar a los opositores afectados y garantizar que una situación similar no se repita en el futuro.