«El Parlamento tiene una deuda pendiente con los toros»

«El Gobierno está en deuda con la Fiesta de los toros», así de rotundo se mostró Tomás Ramón Fernández, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Madrid, encargado de abrir la jornada matinal de comparecencias de la ILP taurina que busca declarar la Fiesta como Bien de Interés Cultural (BIC) y que, en sus primeras ponencias, ha tenido como eje fundamental la legitimidad jurídica con rotunda coincidencia de los tres ponentes a la hora de su «viabilidad judicial».

«La ley vigente obliga a saldar su deuda y a ocuparse de la Fiesta, el artículo 46 es clarísimo al respecto, se debe garantizar el mantenimiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de este país y, como tal, se considerará patrimonio cultural todos aquellos bienes muebles o inmuebles, así como todas aquellas actividades o conocimientos que la rodean, por tanto, si no entran las corridas de toros dentro de esta definición no entiendo nada», afirmó Tomás Ramón Fernández que defendió su afición a los toros desde que empezó a ir a las corridas de toros de la mano de su padre «cuando era niño». Una etapa en la que estaban prácticamente prohibidos y que pone de manifiesto que «los toros siempre han vivido al filo de la tolerancia, porque hasta la Ley Corcuera de 4 de abril de 1991 nunca se preocupó de tratar ni de regular la Fiesta de los toros, alimento importante de la vida española».

Tampoco pasó por alto, Fernández, la posible fricción de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, uno de los puntos más espinosos del texto normativo de la ILP y que, en su opinión, «no deja lugar a una invasión competencial». «Es una opción cultural estatal, desde Cataluña ya nos dieron un claro ejemplo separando por su cuenta, la legislación existente distinguiendo, además, entre corridas de toros y festejos populares, puesto que al parecer, según ellos, unos animales sufren y otros no», respondió de manera contundente recalcando que «no es una propuesta del Gobierno si no que ha sido el propio pueblo con sus firmas el que ha demandado el cumplimiento de este artículo 46». Pese a ello, «se puede declarar BIC por ley, pues no hay nada que no pueda hacer el legislador, es decir, no hay terreno vedado para las Cortes».

Esta separación de competencias centró también la comparecencia de Enrique Argullol i Mergades, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, defendiendo que «la Constitución habla de que las Españas sean un organismo plural jurídica, lingüística y culturalmente».

«La viabilidad y el valor de España está en el reconocimiento de esta pluralidad territorial y autonómica, porque, a partir del artículo 149.2, se puede hablar de unas competencias recurrentes y esencialmente autonómicas, no estatales».

Asimismo, como los otros dos comparecientes de la mañana, reivindicó que «su blindaje cultural quede en manos del Parlamento calibrando el respectivo arraigo existente en cada tierra». Pese a ello, al jurista catalán no le dolieron prendas a la hora de equiparar rotundamente que «al igual que las guerras, batallas o grandes desastres han sido representadas e inmortalizadas en multitud de cuadros a lo largo de la Historia, pero no por ello, se han designado como patrimonio cultural, tampoco debe hacerse con los toros». «Su resonancia cultural es evidente, pero su uso no tiene nada que ver con el aspecto puramente cultural», esgrimió.

Una sentencia que chocó de plano con «el riesgo de expoliación» defendido tanto por Tomás Ramón Fernández, para el que en ese caso «el Estado debe actuar con un plan de protección», como para el consejero de Estado Enrique Alonso García, tercero de los ponentes de la mañana.

El jurista, compareciente a petición del grupo socialista, reconoció que los parlamentarios «están en su derecho de regular de una u otra forma el toreo, pues el marco constitucional desde luego les otorga propiedad para actuar, de acuerdo al posible riesgo de expoliación». «Si existe peligro en la salvaguarda de este patrimonio cultural español se debe actuar», destacó antes de girar su discurso 360 grados para preguntarse «si hablamos de patrimonio cultural o de actividad económica».

Dicho error quedó empequeñecido por otras afirmaciones de puro desconocimiento como su idea de que «San Fermín se sostiene cada año gracias a las subvenciones» o que «la conservación de las dehesas no depende exclusivamente de la cría del toro de lidia, puesto que la existencia del cerdo ibérico y su desarrollo en el campo es tan importante o más para su futuro», e incluso «sin riesgo de sufrimiento como en el caso del toro».

Y es que, en su opinión, «el debate desde el punto de vista científico se ha acabado; el toro sufre y sufre mucho», zanjó convencido antes de dejar entrever que puede justificarse su blindaje «por su carácter excepcional como tradición o hecho cultural». «Vivimos en Europa y dentro de su legislación hay 17 sentencias que avalan la protección animal, no obstante, la UE devuelve la soberanía a cada uno de los Estados en cuanto a la legislación sobre sus tradiciones y costumbres, por encima de esa protección animal», asumió.