Coyuntura

El Observatorio Económico de la UFV alerta sobre las medidas económicas del pacto PSOE-Sumar

La reducción de las jornada laboral mermaría la competitividad de las empresas

El objetivo final del acuerdo es situar la jornada laboral en 32 horas semanales
El objetivo final del acuerdo es situar la jornada laboral en 32 horas semanalesCipriano Pastrano DelgadoLa Raz—n

El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV)considera que la propuesta contenida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar acerca de la reducción de la jornada laboral, junto con otras medidas económicas, pueden tener un impacto negativo en la economía española.

La rebaja de las horas de trabajo supondría costes adicionales para las empresas, que tendrían que contratar a más trabajadores para mantener el mismo nivel de producción, sin aumento de la productividad. Adicionalmente, incrementaría el salario de los trabajadores, al cobrar lo mismo con una reducción de la jornada, que provocaría un efecto expulsión del mercado de trabajo. Asimismo, el observatorio identifica como riesgo el hecho de que muchas empresas no podrán aplicar esta medida porque su estructura de costes no se lo permitirá. Eso hará que tengan que mantener su actividad con el mismo número de trabajadores y menos horas, lo que puede mermar actividad económica y competitividad en otros mercados. En este sentido, recuerda que no hemos de pensar en clave nacional, ya que nuestras empresas compiten en un mundo global y, por tanto, otras compañías, procedentes de otros países, podrían penetrar en los mercados españoles de manera más intensa. Algo que se traduciría en una reducción adicional de actividad y de empleo.

En cuanto a la reforma de la ley de vivienda con el fin de ejercer un mayor control sobre el precio de los alquileres implementar un 20% de vivienda pública agravaría la situación del mercado de alquiler. Y es que la regulación del mercado ya ha demostrado tener efectos perjudiciales, lo que se traduce en una disminución significativa de la oferta en y un aumento de los precios en las áreas no sujetas a regulación. Esto se debe a la expulsión de posibles inquilinos de las áreas reguladas hacia las no reguladas.

Las medidas tributarias de mantenimiento de impuestos a banca y empresas energéticas y de la aplicación del tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el beneficio contable en lugar de sobre la base imponible aumentará la carga fiscal a soportar por las empresas –sólo la aplicación de Sociedades sobre el beneficio contable representaría un impacto negativo a las empresas en 10.000 millones de euros–, puede incentivar la reubicación de empresas fuera de España, en busca de entornos más favorables para realizar su actividad, deslocalizando, así, el empleo que dicha actividad genere.

Por su parte, el aumento del salario mínimo supone un incremento de costes importante para las empresas, que cada vez tienen más difícil cubrirlos. Ese aumento debe ser soportado por la generación de valor añadido suficiente para ello por los trabajadores. Si cada vez se sube más, será más difícil que lo puedan cubrir, con lo que puede conllevar una destrucción de empleo, un incremento de la economía sumergida y una pérdida de actividad económica de las empresas que no puedan resistir este aumento de costes.

Por último, el aumento de la rigidez en las indemnizaciones por despido no acabará con los problemas de las empresas, sino que las abocará a un cierre mayor, con un impacto más relevante en la destrucción de empleo.