Trampas, Díaz Ayuso y Sánchez

Gabriel García Márquez (1927-2014), en «Del amor y otros demonios», escribe que «no importa lo que los médicos dicen, la rabia en los seres humanos con frecuencia es una de las trampas del enemigo». Esta semana pasada, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido, que va a estar en el ojo del huracán durante los próximos meses, ha hecho lo que esperaba el Gobierno y ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que había presentado la Comunidad de Madrid sobre el llamado «Impuesto a las Grandes Fortunas» que, también según la Ley, son todas aquellas personas que posean más de tres millones de euros de patrimonio, una cantidad, por cierto, que nada tiene que ver con los más de 80.000 millones de Amancio Ortega, según los datos de la última lista Forbes, recién publicada.

El muy alto Tribunal también podía haber decidido lo contrario y, de hecho, como casi siempre, está dividido entre los magistrados apelados conservadores y los identificados de más o menos seguidistas del Gobierno de Sánchez. El impuesto a las «grandes fortunas» es un impuesto ideológico, de mínima capacidad recaudatoria y, por lo tanto, redistributiva que, además, fue introducido para contentar a los «indepes» de ERC que, movidos por la envidia, no querían tolerar que en Cataluña hubiera Impuesto sobre el Patrimonio y en Madrid no en la práctica, al estar bonificado al 100 %. Para igualar las situaciones, nada impedía que el Govern catalán aplicara también una bonificación del 100 % en ese impuesto pero eso, a ojos de las huestes de Junqueras y Aragonés, no es de izquierdas y beneficia a los teóricos ricos. Es decir, la solución pasaba por castigar a los madrileños, algo que en espacio «indepe» siempre tiene mucho éxito. El inquilino de la Moncloa, como alguno de sus predecesores, tiene la espina clavada de no lograr ganar las elecciones y no gobernar en Madrid hace un cuarto de siglo. Sánchez no estaba obsesionado con el asunto, pero la exigencia indepe le vino bien para castigar a los contribuyentes madrileños.

La presidenta madrileña intentó tumbar la medida con el recurso al Constitucional. Había y hay argumentos muy sólidos, jurídicos y económicos, para hacerlo, pero la interpretación del derecho deja con frecuencia bastantes márgenes y, en este caso, ha primado la ideología y los intereses del Gobierno de turno, por mucho que estuviera en funciones. Isabel Díaz Ayuso, desde la rabia que conduce a la trampa, ha reaccionado con un error a la sentencia del Constitucional y ha decidido con urgencia –quizá sin la mejor asesoría– reintroducir el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid para que lo que se recaude no vaya a las arcas estatales sino a las madrileñas, al mismo tiempo que ha diseñado un confuso sistema para que quienes antes no pagaban este tributo sigan sin hacerlo.

Para algunos es un asunto de «ricos», sin que esté claro quiénes, de verdad, son los ricos. También por eso, los integrantes de su equipo creen que la medida no tendrá ningún coste electoral, ya que la inmensa mayoría de los votantes de la presidenta no están afectados ni por el Impuesto de Patrimonio, ni por el de las Grandes Fortunas, y defienden que incluso puede ser popular el que el dinero recaudado no vaya al Estado, sino que se quede en Madrid.

La reactivación del Impuesto de Patrimonio, más allá de sus consecuencias políticas, es un error conceptual, sobre todo en alguien que dice abrazar la bandera liberal que, sobre todo en el terreno económico, ha dado tan buenos resultados a Madrid, frente a los problemas que ha generado y genera el intervencionismo desaforado, por ejemplo en Cataluña. La presidenta madrileña y su equipo han caído en la trampa tendida, pero tampoco buscada, por el inquilino de la Moncloa, una trampa para elefantes, que se veía a la legua y de la que no era complicado zafarse.

El Gobierno madrileño busca –y sin duda encontrará– fórmulas para compensar a los afectados por el impuesto redivivo, pero ese no es el asunto mollar. El tema capital es que, de repente y con cierta precipitación, los dirigentes madrileños, que aplicaban desde hace más de diez años el mayor grado de liberalismo económico que ha visto España, dan un giro brusco y sin justificación. Dicen que será temporal, mientras exista el Impuesto a las Grandes Fortunas. Es una excusa débil que, además, permitirá a Pedro Sánchez o a cualquier otro adversario político reprocharles un cambio de opinión en un asunto de fondo tan importante como este, porque ahora, el fin –que el Estado no se lleve más dinero de los madrileños– tampoco justifica los medios, por mucho que la rabia lleve a la trampa, como decía García Márquez.

El aventurero de las finanzas que fundó la entidad precursora del Banco de España

Pedro Schwartz, liberal y catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas, revisa y encuentra algo más que un cierto liberalismo en la figura de Francisco Cabarrús (1752-1810), fundador del Banco de San Carlos, precursor del Banco de España. Schwartz, autor del estudio introductorio, presentó la reedicion de los escritos del financiero, en una edición de dos volúmenes, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, patrocinado por el Instituto de Crédito Oficial y el Banco de España.

La versión monetaria del milagro de la multiplicación de los panes y los peces

El balance conjunto de los cuatro grandes bancos centrales del mundo –Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Japón y Banco de China– ascendía a 2,6 billones de dólares a principios de siglo y se multiplicó, de la nada, hasta los 31,3 billones de dólares en 2022, tras la pandemia, como apunta el analista Juan Ignacio Crespo. En los últimos 18 meses, se ha reducido un 14 %, 4,36 billones, pero desde 2000, el dinero se ha multiplicado por doce, y el PIB global solo por tres.