Ley electoral

98.000 personas con discapacidad recuperarán el derecho al voto

La ministra de Sanidad anuncia la reforma de la ley electoral que no les permite ejercer el derecho al sufragio por estar incapacitadas

98.000 personas con discapacidad recuperarán el derecho al voto
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La ministra de Sanidad anuncia la reforma de la ley electoral que no les permite ejercer el derecho al sufragio por estar incapacitadas

La ministra de Sanidad lanzó ayer una batería de acciones que planea impulsar desde su Ministerio. Una de ellas, dirigida a las personas con discapacidad, llega siendo una reclamación de este colectivo desde hace años. Montserrat anunció la reforma de la ley electoral para «reconocer el voto a las personas con discapacidad», que, como ha podido saber LA RAZÓN, podría beneficiar a 98.000 personas en toda España. Sin embargo, «existirán ciertos límites», subrayó la titular de la cartera de Sanidad., con excepciones para supuestos de «plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona».

«Llevamos denunciando esto una década, desde que se aprobó la convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad de Naciones Unidas en 2006 y ratificada en España en 2008. Sólo tres años después, nos indican que debemos modificar la ley electoral», afirma el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo. E insiste en que «las convenciones tienen rango superior a las leyes nacionales». Insiste en que la convención «establece que ninguna persona con discapacidad puede ser privada de su derecho al voto por razones asociadas a su discapacidad. Eso significa que la ley electoral es contraria a esta convención porque en su articulado permite que a través de sentencias de incapacitación civil puedan privar del derecho al voto». Desde Plena Inclusión, el sentir es el mismo que el de Cermi, ya que ambos llevan años trabajando para conseguir este derecho. En un último caso que se ha valorado dentro de la convención de la ONU sobre un problema similar suscitado en Hungría, «el comité concluye que cualquier imposibilidad de voto por parte del Gobierno es discriminación», sostiene Inés de Araoz, letrada que trabaja con Plena Inclusión.

La realidad es que el anuncio de la ministra no es nuevo, ya que anteriores gobiernos ya han intentado cambiar la normativa actual. En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados acordó por unanimidad instar al Gobierno a acometer los cambios legislativos pertinentes con el fin de garantizar este derecho fundamental a todos los ciudadanos. Sin embargo, no hubo respuesta alguna por parte del anterior equipo de Gobierno para adecuar la actual LOREG a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (el artículo 29 es el relativo a la participación en la vida política y pública).

De acuerdo con la palabras que pronunció ayer Montserrat por las que insistió en que «no debemos permitir la discriminación de las personas con discapacidad y debemos prevenir su exclusión», las asociaciones esperan que el cambio normativo se materialice pronto.

Sordos y ciegos se podrán casar sin dictamen médico

Las personas ciegas y sordas no tendrán que pedir dictamen médico para casarse, ya que está «en vías de subsanación» la reciente modificación introducida en el Código Civil que establece la obligatoriedad de un «dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento de aquellos contrayentes que estuvieran afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales». Según recoge la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en su perfil de Facebook, el Cermi Estatal (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ONCE, CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas (Confederación Estatal de Personas Sordas) y Fiapas (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) trabajan para revocar esta medida, recoge Servimedia. La nueva redacción es contraria a los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece que «los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás».