El PP presenta una querella contra Torra por usurpación de funciones

«A pesar de que ya no puede ostentar ni ejercer tal condición por haber perdido la cualidad de Diputado, se empecina en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto de Cataluña, actuando de facto como President». éste es uno de los argumentos principales que esgrime el PP en la querella que ha presentado hoy contra el Presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de usurpación de funciones, al sostener que la pérdida de su escaño en el Parlament, consecuencia de la condena que le impuso el TSJ de Cataluña a 18 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia, «comporta automáticamente el cese como Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña», de acuerdo con lo establecido en el propio Estatuto de autonomía y en el articulo 152.1 de la Constitución. La Mesa del Parlament acordó el pasado 27 de enero retirarle el acta de diputado autonómico.

Pese a ello, presidió la reunión del Govern el pasado 29 de enero y para mañana está previsto que se reuna, en la condición de presidente de la Generalitat, «cargo que no puede ejercer legalmente», con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De esta forma, sostiene el PP, tanto las funciones ejecutivas como las de representación y las declaraciones de Torra en calidad de presidente del Ejecutivo catalán, «sin encontrarse legitimado para ello», resultan de una indudable trascendencia política y social, además de nulas, y por tanto ineficaces, desde el punto de vista administrativo, además de su indudable relevancia penal».

Estos hechos constituyen para el PP un delito de usurpación de funciones púbicas, ya que una vez que fue cesado como diputado catalán, esa resolución «comporta inexorable y automáticamente la pérdida sobrevenida de las condiciones establecidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para ser y, por ende, continuar en el ejercicio del cargo de Presidente de la Generalidad».

En la querella presentada por los populares ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se sostiene que «la situación provocada por el querellado produce una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución es el representante del Estado en dicha Comunidad». “La continuidad en la delictiva actuación del querellado, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como Nación, y es gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe ponerse fin de inmediato a tan ilícito proceder», incide al respecto.

El Secretario de Justicia de Interior del PP, Enrique López, justificó la presentación de esta querella al entender que el Gobierno de Pedro Sánchez «no ha cumplido con su obligación, ni ha requerido al Parlament de que cese» a Torra como Presidente del Govern. «Para defender el Estado de Derecho es por lo que el PP asume esta acción» y ante el «desestimiento del Gobierno de la nación en el cumplimiento de su obligación», añadió al respecto Enrique Lòpez.