En un momento en que los sistemas judiciales del mundo se enfrentan al reto de adaptarse a los delitos del siglo XXI, Ecuador ha dado un paso al frente. La Asamblea Nacional, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, ha iniciado una profunda reforma del Código Penal, con el objetivo de modernizar su legislación y adecuarla a la nueva realidad tecnológica, digital y global. El proceso, que ha despertado interés en diversos países, se ha convertido en un referente regional y en un laboratorio jurídico donde confluyen tradición, innovación y debate político.

Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, se presentaron las líneas maestras de la reforma, que introduce figuras inéditas en la región. Entre los nuevos tipos penales que se discuten figuran el acoso online, la suplantación de identidad digital, el fraude electrónico, los delitos de sabotaje informático o ciberterrorismo, así como un refuerzo en la persecución de los delitos de corrupción y tráfico de influencias. El propósito: ofrecer un marco penal que proteja eficazmente a las personas en el entorno digital sin renunciar a los principios fundamentales del derecho.

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, ponente de la reforma

En la sesión, presidida por la diputada Rosie Torres, participaron representantes del Ministerio Fiscal y expertos internacionales. Entre ellos destacó la presencia del abogado penalista español Juan Gonzalo Ospina, invitado como consultor en materia de derecho penal. Ospina, socio director del despacho Ospina Abogados, intervino en una sesión pública que se alargó por tres horas para ofrecer su visión sobre la proporcionalidad de las penas y la necesidad de dotar al Estado de herramientas efectivas para perseguir los delitos tecnológicos.

“Sin justicia no hay libertad, y sin seguridad no hay justicia”, subrayó el jurista español, recordando que el desafío no consiste solo en castigar, sino en garantizar un sistema coherente, equilibrado y eficaz. Su intervención, bien recibida por los asambleistas ecuatorianos, puso sobre la mesa una de las tensiones clásicas del derecho penal contemporáneo: cómo proteger a la sociedad sin caer en el populismo punitivo ni en la indulgencia simbólica.

Un abogado experto en Derecho Penal aboga por la proporcionalidad de las penas

Ospina defendió la importancia de mantener la proporcionalidad en las sanciones, proponiendo una estructura penal escalonada que diferencie entre tipos básicos, agravados y especialmente graves. Asimismo, instó a la creación de una Unidad Central de Ciberseguridad del Ecuador, capaz de investigar con rigor los delitos tecnológicos y coordinar la cooperación internacional. También sugirió la necesidad de un marco legal que obligue a las grandes plataformas digitales —como Google, Meta o X— a responder con rapidez a los requerimientos judiciales, preservando pruebas y protegiendo la intimidad de las víctimas.

Un debate para transformar el fondo

Más allá de los detalles técnicos, el debate ecuatoriano refleja una transformación de fondo: el paso de un derecho penal reactivo a uno preventivo y adaptativo. En un entorno en el que las fronteras del delito se diluyen —donde una estafa puede nacer en Quito y afectar a un usuario en Madrid en segundos—, los Estados necesitan estructuras jurídicas flexibles y cooperación global. Ecuador, en este sentido, parece haber comprendido que la reforma no es solo una cuestión de penas, sino de capacidad institucional y tecnológica.

La legislación española aun tiene vacíos que cubrir

La comparación con España resulta inevitable. Aunque nuestro país cuenta con una de las legislaciones penales más desarrolladas de Europa, aún existen vacíos en la tipificación de algunos delitos digitales, como la suplantación de identidad, que en Ecuador pasará a tener reconocimiento propio. Mientras tanto, la lentitud de las reformas legislativas europeas contrasta con el dinamismo ecuatoriano, impulsado por un consenso político poco frecuente en la región.

Esta iniciativa legislativa coloca a Ecuador como un referente jurídico latinoamericano. No se trata solo de endurecer las sanciones, sino de repensar la arquitectura del Estado frente a los desafíos del ciberespacio. De hecho, el debate va más allá de las fronteras del derecho penal: involucra a la economía digital, la protección de datos, la ciberseguridad y la cooperación entre empresas y gobiernos.

En un contexto global marcado por la desinformación, el fraude electrónico y la manipulación tecnológica, el ejemplo ecuatoriano invita a reflexionar sobre el papel que deben asumir los Estados modernos. La justicia del siglo XXI no puede limitarse a castigar después del delito, sino que debe anticiparse, prevenirlo y construir una cultura jurídica acorde con los nuevos tiempos.

La reforma del Código Penal del Ecuador, aún en debate, es una muestra de que América Latina puede marcar el ritmo de la innovación legal. Como apuntó Ospina en su intervención, “de poco sirve tipificar una conducta si el Estado carece de los medios para perseguirla”. Modernizar la ley es necesario, pero fortalecer las instituciones es imprescindible. Ecuador ha decidido hacerlo todo a la vez.