Parlamento de Nicaragua aprueba ley contra “ciberdelitos”

(AP). La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó este martes la Ley Especial de Ciberdelitos, que persigue controlar la información en medios digitales y redes sociales, y castigar con la cárcel a quienes publiquen lo que las autoridades consideren “noticias falsas”.

La polémica iniciativa fue promovida por la bancada oficialista y tuvo el voto favorable de los 70 diputados sandinistas, cuyo líder es el presidente Daniel Ortega, que gobierna desde 2007. Otros 16 legisladores votaron en contra y cuatro se abstuvieron.

La diputada sandinista Maritza Espinales adujo que la ley busca “que se respete a los ciudadanos, porque en las redes sociales acostumbran calumniar y amenazar de muerte”. Su colega José Zepeda agregó que “viene a garantizar la integridad familiar”.

Entre los que votaron en contra, Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) afirmó que la ley “ataca la libertad de expresión” y no abona a la democracia.

La Ley Especial de Ciberdelitos castiga con penas de dos a cuatro años de prisión a quien “usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, terror o zozobra en la población”, según el texto aprobado.

Las penas aumentan de tres a cinco años de cárcel “si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”, agrega la ley.

Organizaciones de derechos humanos, periodistas y asociaciones de prensa independientes han rechazado la iniciativa, a la que bautizaron como “Ley Mordaza”, por considerar que “amenaza la libertad de expresión de todos los ciudadanos”.

“Esta ley apunta a controlar y censurar la información en internet, único espacio de libre comunicación que los dictadores no pueden dominar”, advirtió a inicios del mes el Foro de la Prensa Independiente, que aglutina a reporteros, blogueros, gremios de periodistas, dueños y directores de medios de comunicación.

La legislación fue aprobada apenas 12 días después de la controvertida “Ley de Agentes Extranjeros”, promovida por el gobierno de Ortega para “regular” las actividades de las personas y ONG que reciben financiamiento del exterior y penalizar a quienes utilicen esos recursos contra “la seguridad del Estado”.

Ortega también ha anunciado que promoverá la instauración de la cadena perpetua para castigar a quienes cometan “crímenes de odio”, concepto que el gobierno utiliza para referirse a las acciones de la oposición. Hasta ahora la pena máxima en Nicaragua es de 30 años de cárcel.

Nicaragua se prepara para celebrar elecciones presidenciales y legislativas en noviembre de 2021, en las que Ortega volvería a postularse para un quinto mandato. El exguerrillero de 74 años gobernó de 1985 a 1990, retornó al poder en 2007 y se reeligió en dos ocasiones (2011 y 2016) en comicios cuestionados por la oposición. Su esposa Rosario Murillo es la vicepresidenta desde 2016.