Colombianos protestan contra impopular reforma tributaria

(AP). Miles de colombianos se manifestaban el miércoles en las calles de las ciudades capitales contra una impopular reforma tributaria que se discute en el Congreso y que afectaría especialmente a la clase media.

“Frente a los asesinatos de líderes sociales, sindicales y ambientales, las masacres, el desempleo, la falta de vacunas... la respuesta del gobierno es una reforma tributaria que recae fundamentalmente en los hombros de las personas con menos ingresos”, dijo a The Associated Press el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (x).

Con el aumento de impuestos el gobierno planea recaudar 23 billones de pesos (aproximadamente 6.300 millones de dólares) para financiar proyectos sociales derivados de la pandemia como subsidios por 44 dólares para tres millones de personas pobres.

“Es necesario que salgamos a la calle, pese a nuestra edad, porque es la única forma de que el gobierno entienda que toda la población está en contra”, dijo a la AP José Forero, vocero de la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).

Los pensionados protestan especialmente contra la propuesta de gravar las pensiones de más de 4,8 millones de pesos (aproximadamente 1.200 dólares).

Ante la controversia que ha causado la propuesta, el gobierno anticipó que cederá en algunas peticiones: no cobrará el impuesto a las ventas del 19% a los servicios funerarios ni a los servicios públicos de agua, gas y electricidad, confirmó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Aún así, los sindicatos piden que el gobierno retire la reforma tributaria o que el Congreso no la apruebe.

La presión política ha crecido en los últimos días y las bancadas mayoritarias del Congreso como los partidos Liberal y Cambio Radical anunciaron que votarán en contra, a lo que se han sumado partidos de oposición.

La víspera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder el partido de gobierno Centro Democrático, envió a través de Twitter una petición al Ministerio de Hacienda para que se reduzca la reforma tributaria con el fin de lograr un consenso de “pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios”, previendo el impacto político que tiene el proyecto a un año de las elecciones legislativas y presidenciales en el país. “Lean los riesgos a la democracia”, añadió.

Aunque las protestas iniciaron de manera pacífica, se reportaron disturbios en Bogotá, Antioquia, Huila, Nariño, Santander y Valle del Cauca. “Rechazamos cualquier acto de violencia y de vandalismo que ponga en riesgo a los ciudadanos, a la propiedad privada y pública”, sentenció el ministro del Interior, Daniel Palacios, en un pronunciamiento oficial.

En el sur de Bogotá, un funcionario de la alcaldía encargado de dialogar con los manifestantes fue herido “con un objeto contundente” que pretendía impactar a los agentes antidisturbios, informó la policía. Además, un grupo de personas causó daños al edificio de RCN Televisión.

En Cali, al oeste del país, fue decretado un toque de queda general desde la 3 de la tarde (hora local) por la alteración del orden público: una persona falleció en hechos aún por esclarecer, se registraron saqueos, fue incinerado un bus de transporte público y un grupo de indígenas derribó la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar.

Los manifestantes salieron a las calles pese a que la noche del martes un fallo judicial ordenó al gobierno nacional y a las alcaldías aplazar los permisos de las manifestaciones “hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia de COVID-19”.

El país atraviesa el tercer pico de contagios: el 28 de abril registró 490 muertes en 24 horas, la mayor cifra durante la pandemia, y acumula 2,8 millones de casos confirmados y más de 72.200 decesos según el Ministerio de Salud.

Camilo Burbano Cifuentes, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia, dijo a The Associated Press que este fallo no tiene ninguna consecuencia práctica porque los ciudadanos no requieren permisos para protestar.

“Ese es un error del tribunal, la Corte Constitucional ha sido bastante clara en que el derecho a la protesta social es fundamental y no requiere ningún tipo de permiso, sino que se tiene que informar a las autoridades que se va a marchar para que se puedan hacer los ajustes en las calles”, indicó Burbano.