«La Mesa del Tercer Sector de Andalucía es un agente fundamental, entre otros, en la defensa de los derechos sociales de la población andaluza y en la lucha contra la pobreza, por la cohesión y la inclusión social de todas las personas en nuestra comunidad autónoma». De esta manera reconoce el decreto ley 98/2016 la utilidad de esta entidad, una norma que establece las bases de la denominada «Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía» que fija, al menos, tres reuniones al año con la Administración autonómica. La Mesa, por tanto, es el principal órgano de interlocución de las organizaciones sociales con la Junta, que debe informar periódicamente de sus acciones, planes, iniciativas y normas en materia social. Sin embargo, desde que comenzó su andadura el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, la entidad no ha sido convocada por la Junta, por lo que su presidente, Manuel Sánchez, lamenta que no se está valorando «nuestra importancia, ya que aglutinamos al 90 por ciento del tejido asociativo andaluz», con más de 50.000 asalariados, 150.000 voluntarios y cuya acción repercute directamente sobre más de dos millones de personas.

Casi un año después de que echara a andar el Gobierno del cambio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «no nos ha recibido», denuncia Sánchez, a pesar de que ha enviado dos cartas solicitándole un encuentro para exponerle los asuntos más urgentes en materia de asistencia social, pobreza o dependencia. Esta situación se une a los «continuos cambios» que se han producido en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que «están dificultando mucho nuestro trabajo». «Al final no se abordan las necesidades porque se invierte demasiado tiempo en presentaciones y en explicar lo que se está haciendo».

El panorama que sufren muchas familias andaluzas no invita a más demoras. Según los datos de diferentes informes, como el realizado por la Fundación Foessa o el de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, uno de cada cuatro andaluces está en riesgo de exclusión social, un diez por ciento más que la media nacional. Casi el 70 por ciento tiene dificultades para llegar a fin de mes, más de medio millón reciben pensiones cuyos importes están por debajo del mínimo para considerarse pobres y el 40 por ciento de las mujeres que reciben pensiones de viudedad viven casi en la indigencia. Sánchez, ante estas cifras alarmantes, exige la puesta en marcha de un plan de choque para «sacar a estas personas de la situación en la que se encuentran». «Si no se invierte en ellas, van a empeorar sus condiciones de vida».

En cuanto a la política de subvenciones, la principal fuente de recursos de las ONG para desarrollar su labor, la Mesa del Tercer Sector critica que «no se valoran los proyectos» y que se otorga la misma cantidad a las organizaciones que concurren. «No es lo mismo un centro de acogida que una entidad que da clases de español», aclara. También reclama el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, con la figura el asistente personal, puesto que «hay más de 75.000 andaluces en lista de espera de la dependencia». «Sabemos que se ha hecho un esfuerzo importante en este ámbito, sobre todo con el plan de choque, pero hay que insistir porque uno de cada cuatro dependientes con derecho a prestación no la recibe».

La Renta Mínima de Inserción Social la puso en marcha el último gobierno socialista y quedó casi en blanco dada la ingente burocracia. Sánchez reconoce que «se están reforzando los equipos y simplificando los trámites», aunque advierte de que los Presupuestos «reducen mucho las partidas destinadas a este fin».

«Los partidos de gobierno deben alzar la voz contra Vox por el acto frente a un centro de menores»

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Manuel Sánchez, considera que Vox no pone en peligro las políticas sociales porque la comunidad autónoma «es una tierra acogedora» donde existe una «convivencia pacífica». No obstante, carga contra el acto que protagonizó la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, el pasado 4 de noviembre en Sevilla junto a un centro de menores extranjeros no acompañados. «Los partidos de gobierno deben alzar la voz y lanzar un mensaje claro a la ciudadanía porque así no se pueden hacer las cosas», lamenta. En este sentido, critica que «no se puede levantar a un barrio ni utilizar electoralmente a un centro de protección de menores porque no es ético y provoca que puedan ocurrir hechos como el reciente lanzamiento de una granada en Madrid». Igualmente, recuerda que «tuvieron que salir los vecinos del barrio a decir que estos niños no generan problemas».

En el ámbito de la violencia de género ocurre una situación parecida. «En este país se ha luchado mucho en este terreno y se ha consensuado un modelo para proteger a la mujer, desde todas las opciones políticas». Con todo, Sánchez reconoce que los asesinatos de mujeres «se van a seguir produciendo», pero insiste en el desarrollo de programas de prevención desde la educación, en edades tempranas. Este consenso, y la arquitectura social de apoyo a las mujeres maltratadas, a su juicio, «se está desmantelando». De hecho, recuerda que «en las Administraciones donde está Vox ya no hay manifiestos contra la violencia de género y se lanzan mensajes distorsionados, como el asunto de las denuncias falsas». En definitiva, «se está utilizando de una forma tan torticera la violencia de género y se está relativizando tanto que esto tendrá unos frutos indeseables».

Sánchez denuncia que, a través de un desvío presupuestario, los fondos del Estado destinados a combatir la violencia de género «se están dedicando a otras áreas en Andalucía», por lo que exige «no retirar recursos a los más débiles de la cadena». «Vox utiliza cuatro argumentos, manipulados y falsos, para sacar un puñado de votos cuando se acercan unas elecciones».