El déficit hasta octubre casi iguala al total de 2018 al elevarse al 0,39% del PIB

El déficit de la Junta de Andalucía aumentó hasta 647 millones de euros a final de octubre, cifra equivalente al 0,39% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, una necesidad de financiación que contrasta con el superávit de 29 millones de euros que logró la Administración andaluza en el mismo periodo del año anterior. Aquel ejercicio, el de 2018, se cerró con un objetivo de déficit del 0,4 por ciento, muy similar al registrado ahora hasta octubre.

El déficit de Andalucía en los diez primeros meses del año se sitúa cuatro décimas por encima de la media de las administraciones autonómicas, cuya necesidad de financiación a final de octubre ascendía al 0,35 % del PIB, según la estadística facilitada ayer por el Ministerio de Hacienda del Ejecutivo central.

La región se coloca así en una situación intermedia en la clasificación del déficit autonómico, cuyo objetivo comprometido para final de este año es que no supere una décima de PIB, ya que es la novena comunidad autónoma con un menor saldo negativo.

En conjunto, el déficit de las comunidades autónomas aumentó a final de septiembre hasta los 4.428 millones de euros, lo que supone el 0,35% del PIB, con cuatro territorios que lograron superávit y que son Canarias, Navarra, La Rioja y también País Vasco.

Hasta octubre, los ingresos se incrementaron un 1,4%, aunque se trata de una comparativa todavía no homogénea y que se irá suavizando como resultado del real decreto-ley por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019.

Por su parte, el gasto no financiero aumentó el 5,6%, destacando la remuneración de asalariados, que crece el 5,9%, así como el crecimiento de los consumos intermedios en el 3,6% y las transferencias sociales en especie en un 4%, fundamentalmente por el alza del gasto en conciertos sanitarios y en conciertos educativos entre otros, según el Ministerio de Hacienda.

Desde el Ejecutivo regional se trasladó, sin embargo, a este periódico que el cálculo hecho público no incluye el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el que la cifra de déficit bajaría de manera sustancial y «permitiría cumplir el objetivo de este año del 0,1», igual que le ocurriría a otras muchas otras comunidades del país. El Gobierno andaluz reclama 537 millones por el IVA atrasado.

Además, las mismas fuentes señalaron que en la comparación del año pasado, el Ejecutivo no contabiliza «los gastos acumulados por la Junta a final de año, que se saldaban a través de la llamada cuenta 413» y que provocaban que cerrara el año en negativo, pese a la buena previsión del tercer trimestre, con superávit.

Una comunidad «intervenida»

Otro de los asuntos financieros que acaparan el foco estos días es la «intervención» de la comunidad por parte del ministerio, que impediría a la región salir a los mercados. En relación a este asunto, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, quiso subrayar ayer que «la Junta de Andalucía está intervenida por el Gobierno central», si bien no quiere «llegar a la alarma» con ese mensaje, porque la Administración autonómica «tiene recursos para seguir suministrando todos los servicios públicos a los andaluces, de manera que por ahí no hay ningún riesgo».

Velasco presentó en Córdoba el III Plan de Fomento de la Artesanía 2019-2022, y a preguntas de los periodistas después de que, en una entrevista con «eldiario.es», comentase que «Andalucía no está intervenida». El consejero dijo ser «franco, claro y directo» para reiterar que la Junta «está intervenida» por el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, lo que genera «una mala imagen» de cara a los inversores.